El jurado declara culpable por unanimidad al autor del crimen machista de Nohales
El jurado popular de la Audiencia Provincial de Cuenca ha dictado este jueves veredicto de culpabilidad por unanimidad contra C.B., acusado de asesinar a su expareja, identificada como Cristina, en la pedanía de Nohales (Cuenca) en abril de 2022, así como de intentar acabar con la vida del acompañante de ésta, M.C., en un crimen que marcó a la pequeña comunidad y reabrió el debate sobre la protección a las víctimas de violencia machista.
Los nueve miembros del jurado han considerado probados la mayoría de los hechos objeto de veredicto, incluida la comisión de asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, allanamiento de morada y quebrantamiento de la orden de alejamiento que pesaba sobre el acusado respecto de la víctima. No obstante, han descartado por unanimidad que ciertos hechos —como un presunto merodeo previo por el lugar de trabajo de Cristina o algunos aspectos de un análisis de drogas— quedaran suficientemente probados.
Junto a la culpabilidad, el jurado se ha pronunciado de manera unánime en contra de apoyar una hipotética petición de indulto, cerrando así la puerta a esa vía en el futuro proceso de determinación de penas.
El juicio queda ahora visto para sentencia y será el juez quien determine las penas a imponer y las indemnizaciones a las víctimas y familiares afectados por estos hechos.
Los hechos y la acusación
Los hechos juzgados datan de la madrugada del 4 de abril de 2022, cuando C.B., tras haber mantenido una relación de más de una década con la víctima —con quien tenía dos hijos— y en un contexto de separación y orden de alejamiento vigente, irrumpió en el domicilio donde Cristina se encontraba junto a M.C. El acusado accedió al interior con una copia de las llaves del inmueble y atacó a ambos con un cuchillo.
Según relatan las acusaciones durante el juicio, Cristina recibió varias puñaladas que le causaron la muerte y fue atacada al menos en ocho ocasiones, incluida una puñalada mortal en la nuca, mientras que M.C. logró sobrevivir tras recibir múltiples heridas defensivas antes de poder escapar.
La Fiscalía ha mantenido su petición de las máximas penas, solicitando en total hasta 40 años de prisión por todos los delitos imputados, incluyendo asesinato, tentativa de asesinato, allanamiento de morada y quebrantamiento de la orden de alejamiento, con la concurrencia de circunstancias agravantes.
La acusación particular que representa a la familia de la víctima ha reclamado, por su parte, indemnizaciones mayores que las que inicialmente planteaba el Ministerio Fiscal, en defensa de los daños morales y materiales sufridos por los allegados de Cristina.
Defensa y estrategia procesal
La defensa del acusado ha ejercido una estrategia basada en cuestionar diversos informes practicados a lo largo del proceso, entre ellos la propia autopsia, solicitando que se tenga en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos acumulados desde la comisión de los hechos hasta la celebración del juicio. Asimismo, ha pedido que se consideren las penas mínimas dentro de los rangos previstos para los delitos de allanamiento y quebrantamiento de la orden de alejamiento, y que no se apliquen en su grado máximo los delitos de asesinato, tratando de compensar los agravantes con el mencionado atenuante.
Desarrollo del juicio con jurado popular
El juicio con jurado popular se celebró en la Audiencia Provincial de Cuenca a lo largo de toda esta semana y ha estado marcado por un intenso contraste de versiones entre acusación y defensa. Desde la constitución del jurado —compuesto por nueve ciudadanos—, las partes han presentado evidencias, testigos y peritajes que han abordado tanto los aspectos materiales del crimen como el contexto de la relación previa entre acusado y víctima.
Durante las sesiones, testigos clave prestaron declaración, incluidos familiares, amigos de la víctima y peritos forenses que detallaron el uso del cuchillo de gran tamaño en el ataque y rechazaron la versión de que el consumo de drogas por parte del acusado hubiera anulado sus facultades en el momento de los hechos.
La defensa, por su parte, ha señalado aspectos relativos al estado personal del acusado y su historial de adicciones, buscando atenuar la calificación jurídica de los hechos.
Impacto y reivindicaciones
El crimen de Nohales, que conmocionó a la población local y generó una respuesta institucional centrada en la necesidad de reforzar la protección a las víctimas de violencia machista, ha vuelto a poner en el foco público los fallos y retos del sistema de protección pese a la existencia de medidas judiciales previas.
La defensa de la familia de la víctima ha subrayado la importancia de evaluar los tiempos en la valoración de riesgos y la eficacia de las medidas cautelares, mientras que organizaciones y colectivos que combaten la violencia de género han insistido en la necesidad de aprendizaje institucional a partir de este caso.
