El juego online se ha consolidado en España en los últimos años. Una situación que refleja la realidad que ocurre en otros países europeos, conforme a la irrupción de internet y las nuevas tecnologías en el ámbito del entretenimiento. Hoy en día, Europa presenta un escenario donde se pueden distinguir distintos marcos regulatorios. De esta forma, cada país cuenta con sus propias leyes que respaldan la actividad del juego online. En nuestro país, la Ley 13/2011, de 27 de mayo, es la encargada de la regulación de las distintas modalidades que se desarrollan en el ámbito estatal. Una regulación que ha marcado un antes y un después en el sector del juego online dentro del territorio nacional.
La ley del juego que entró en vigor en 2012 originó el nacimiento de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda desempeña las funciones de regulación, autorización, supervisión, control y sanción de todas las actividades derivadas del juego de ámbito estatal. Desde ese momento, todos los operadores de juego interesados en ofrecer sus servicios en el mercado de juego online español tienen que solicitar una licencia, ya sea general o singular, para actuar de forma legítima. Un modelo de otorgación de licencias que contrasta con la situación anterior a la regulación del juego, donde los diferentes actores de este negocio multimillonario realizaban toda clase de actividades irregulares, sin pagar impuestos y con unos usuarios totalmente desprotegidos durante la experiencia de juego en las plataformas online.
La regulación del juego online ha creado un escenario idílico para el crecimiento del sector en los últimos años. Una industria que era principalmente presencial en España durante 2012, debido a que representaba un 84% de las cantidades jugadas anualmente. Sin embargo, esa tendencia se ha ido desplazando al mundo digital con el paso de los años, motivada principalmente por la implantación de las nuevas tecnologías en los hogares españoles. Unas nuevas tecnologías que han cambiado los hábitos de consumo de tiempo libre de los ciudadanos. En 2018, el sector del juego online movió, en términos de cantidades jugadas, un total de 17.349 millones de euros, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Una cifra que supone un crecimiento del 518% respecto a 2012 (2.805 millones de euros).
El debate de la publicidad del sector del juego
El crecimiento del sector del juego también ha propiciado el aumento de la inversión en publicidad y marketing por parte de los operadores. Estas empresas invirtieron unos 300 millones de euros en acciones de afiliados, publicidad, promociones y patrocinio durante 2018. Además, la consultora InfoAdex señala que se emitieron más de 2,7 millones de anuncios publicitarios relacionados con el juego online en todos los soportes en 2017. Una cantidad elevada que es comprensible, ya que en este negocio se compite principalmente por la visibilidad de la marca, ya que la mayoría de los operadores de juego no tienen presencia física en el territorio español. A pesar de representar un pequeño segmento sobre el conjunto de la industria publicitaria, el sector del juego, tanto público como privado, está en el punto de mira del Gobierno de España.
En 2011, el Gobierno estableció un modelo de co-regulación en materia de patrocinio, promoción y publicidad de la actividad de juego. Por este motivo, los operadores como 888 Casino Online se acogen al código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego elaborado por la DGOJ y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL). Una serie de principios que han desembocado en un entorno regulado y transparente, donde todas las empresas conocen los límites que deben respetar en materia de publicidad. Sin embargo, la elaboración de una norma definitiva sobre publicidad y juego responsable, que regule también la presencia publicitaria de estas empresas en las redes sociales, sigue siendo una asignatura pendiente por parte de las autoridades, aunque ha quedado suspendida ante un conflicto de intereses entre los actores implicados.
Disparidad de opiniones
El documento del ‘Acuerdo de presupuestos generales del Estado 2019’ firmado por el Gobierno y Unidos Podemos en octubre de 2018 recogió la regulación estatal de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas online. El PSOE también incluyó esta medida en su programa electoral, concretamente en el capítulo 'La España de los nuevos derechos y libertades'. Además, el presidente del Gobierno en funciones también ha señalado recientemente que está dispuesto a aceptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que apuesta por la prohibición total de cualquier tipo de publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación (radio, televisión e internet). Sin embargo, la publicidad de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Organización de Ciegos Españoles (ONCE) estaría exenta de esta prohibición.
El Consejo Empresarial del Juego(Cejuego), patronal del juego privado en España, se ha posicionado a favor de la aprobación de un nuevo reglamento que regule la publicidad ya que llevan solicitando esta norma a las autoridades desde el año 2011. Según Cejuego, la norma tiene regular la cantidad, los mensajes y horarios para proteger especialmente a los sectores más vulnerables de la población, como son los menores. A pesar de ello, la patronal está en desacuerdo con la prohibición total que recomienda el Defensor del Pueblo, debido a que considera que provocaría un grave retroceso tanto para la sociedad en general como para el sector del juego en particular. Además, señala que las medidas tienen que ser más restrictivas para cumplir las demandas actuales de la sociedad española, aunque puntualiza que deben ser las mismas tanto para el juego privado como para el público.
Una disparidad de opiniones entre los actores del sector del juego que puede acabar en las autoridades europeas de competencia. La patronal Cejuego ha afirmado que está dispuesta a ir a Bruselas si la futura regulación de la publicidad elaborada por el Gobierno no afecta de la misma manera a los anuncios de la SELAE Y ONCE. Más allá de este debate político y social, la prohibición supondría un duro golpe económico para los medios de comunicación, que a lo largo de 2018 ingresaron un total de 168 millones de euros en publicidad por parte de los operadores privados de juego online. Además, también limitaría a un sector del juego que lleva formando parte de la oferta de ocio y entretenimiento de la sociedad española desde hace más de 40 años.
