Sorprendidos con pinganillos en el examen de conducir en Albacete
La Guardia Civil de Albacete ha denunciado a dos hombres —un ciudadano chino de 35 años y uno de origen magrebí de 48— tras ser sorprendidos usando dispositivos electrónicos de intercomunicación ocultos bajo la ropa durante las pruebas teóricas del permiso de conducir en Albacete y Hellín.
Los investigados se valían de microcámaras y microauriculares para recibir las respuestas del test desde cómplices situados en el exterior de las aulas. Ambos han sido denunciados por infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial, con una multa de 500 euros y seis meses sin poder volver a examinarse.
Efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con personal de la Dirección General de Tráfico (DGT), sorprendieron el 27 de julio de 2026 a dos hombres residentes en la provincia que intentaban superar fraudulentamente las pruebas teóricas del permiso de conducir utilizando sofisticados dispositivos electrónicos de intercomunicación ocultos bajo sus ropas. Las actuaciones tuvieron lugar en las aulas de examen de Albacete y de Hellín (Albacete).
El primero de los denunciados, un ciudadano de nacionalidad china de 35 años, se presentó al examen para obtener el permiso de conducir clase B. El segundo, de origen magrebí y 48 años, acudía a la prueba de recuperación del permiso por pérdida total de puntos. Ambos compartían el mismo método: llevar adheridos al cuerpo, camuflados entre la ropa, unos sistemas electrónicos de grabación y retransmisión de imagen y sonido cuya sofisticación dificultaba su detección a simple vista.
El sistema trampa
Los dispositivos incautados estaban compuestos por una microcámara, aparentemente indetectable a simple vista, unos receptores e inductores y un microauricular alojado en el interior del oído. A través de este equipamiento, los aspirantes mantenían contacto en tiempo real con otras personas situadas fuera de las aulas: esos cómplices recibían por vídeo las imágenes de las preguntas del test y transmitían de vuelta, por audio, las respuestas correctas.
La operativa evidencia que detrás de los dos casos denunciados existía una red de apoyo exterior organizada específicamente para facilitar la obtención fraudulenta del permiso, lo que multiplica el alcance de la investigación más allá de los dos aspirantes identificados.
Consecuencias legales
La UNIS del Subsector de Albacete ha formulado sendas denuncias por infracción del artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, bajo el concepto de "utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos y otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos". La infracción está catalogada como muy grave y lleva aparejada una multa de 500 euros y un período de seis meses durante el cual los denunciados no podrán presentarse de nuevo al examen.
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ejerce un control permanente sobre el desarrollo de este tipo de pruebas en las distintas jefaturas provinciales de Tráfico de toda España.
Un riesgo para la seguridad vial
Más allá de la sanción administrativa, la Guardia Civil subrayó en su nota de prensa la dimensión de seguridad pública que tiene este tipo de fraude. Superar el examen teórico sin los conocimientos reales exigidos implica que personas sin las cualificaciones necesarias circulen al volante, poniendo en riesgo al resto de conductores y usuarios de la vía. En el caso del segundo denunciado, la gravedad es aún mayor: había perdido todos sus puntos del carné —el mecanismo previsto precisamente para apartar de la conducción a quienes incurren en comportamientos de riesgo— y trató de recuperarlo sin someterse a la reeducación vial que el sistema exige.
La Guardia Civil recordó en este contexto que la obtención del permiso de conducir acredita los conocimientos y capacidades necesarios para conducir con seguridad, y que eludir esa acreditación supone un peligro directo para el conjunto de la ciudadanía.