Archivada la denuncia contra el exjefe de la Policía de Albacete por el contrato de uniformidad
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete ha acordado archivar la causa penal abierta contra el que fuera jefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez Cuesta, y actual presidente de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol). La resolución judicial, fechada el pasado 29 de julio, pone fin a un procedimiento iniciado hace más de seis años, en 2018, tras la denuncia formulada por dirigentes del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPPL) y por el entonces concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Albacete, Pedro Soriano.
La denuncia se refería a supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para la adquisición de uniformes de la Policía Local, formalizado en 2014. Según la acusación, el suministro contratado no cumplía con determinados aspectos de las especificaciones técnicas del concurso público. Entre los elementos cuestionados se encontraban detalles como el bordado de las letras, la forma de las hombreras o la inclinación del ajedrezado de las prendas. Los denunciantes consideraban que estas características contravenían lo establecido en el pliego, aunque no afectaban a cuestiones esenciales de la uniformidad.
Durante la instrucción, el expediente municipal incorporó informes elaborados por el Interventor General del Ayuntamiento y por un perito contratado por el propio consistorio. La defensa de Martínez, no obstante, ha sostenido que no se incorporaron otros documentos clave, como la resolución del Tribunal de Cuentas del Estado —que descartaba cualquier perjuicio económico para el Ayuntamiento— ni el informe del Servicio de Seguridad. Fue el propio investigado quien presentó estos informes, junto con dictámenes periciales de especialistas en Derecho Administrativo e Ingeniería Textil, en los que se respaldaba la idoneidad y conformidad del suministro.
El contrato en cuestión fue adjudicado a la empresa Insignia. En su auto de archivo, la jueza concluye que no ha quedado acreditado “ningún acto de connivencia, pacto o negociación previa” entre las partes implicadas antes de la adjudicación. Asimismo, descarta que se produjera “enriquecimiento injusto” alguno derivado del contrato o indicios de prevaricación administrativa en el informe de adjudicación emitido por Martínez. El auto también señala que no se ha demostrado perjuicio económico a la administración municipal.
El procedimiento judicial se desarrolló en un contexto de tensiones prolongadas entre la jefatura de la Policía Local y el SPPL. Según Unijepol, durante años, dirigentes del sindicato habrían tratado de forzar el relevo en la jefatura mediante diversas acciones, culminando en la denuncia penal de 2018. La organización sostiene que esta iniciativa buscaba erosionar el prestigio y la capacidad de dirección de Martínez, extremo que el sindicato no ha comentado públicamente tras conocerse el archivo.
El contrato de uniformidad adjudicado en 2014 fue, según la defensa de Martínez, no solo conforme a la normativa administrativa y de prevención de riesgos laborales, sino que supuso una mejora en la calidad y en la imagen corporativa de la Policía Local de Albacete. Las prendas fueron utilizadas de manera satisfactoria durante un periodo superior a la media y a lo exigido reglamentariamente.
La resolución judicial, que no es recurrible en este momento procesal, cierra un proceso que ha supuesto para el exjefe policial un prolongado desgaste profesional y personal. En declaraciones posteriores a conocerse el auto, Martínez expresó su agradecimiento por el apoyo recibido “de muchísimas personas de todos los sectores de la sociedad albaceteña y fuera de ella” y calificó la decisión como un reconocimiento “a la justicia” y una confirmación de que la denuncia carecía de fundamento.
El gabinete jurídico que representa a Martínez, junto a la asesoría de Unijepol, estudia ahora posibles acciones legales para exigir responsabilidades a quienes interpusieron la denuncia. La organización recuerda que, a su juicio, esta actuación responde a un patrón que, en ocasiones, se repite contra mandos policiales que desempeñan una gestión considerada eficiente pero que entran en conflicto con determinados intereses.
Con esta decisión judicial, Pascual Martínez queda libre de toda imputación relacionada con la adjudicación del contrato de uniformidad de 2014, cerrando así un capítulo que se ha prolongado durante más de un lustro en los tribunales y en la opinión pública local.
