Las comunidades del PP piden al Gobierno que recapacite el fin del trasvase

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este lunes en el Palacio de San Esteban a los consejeros de Agua de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, así como al secretario general de Agua de la Junta de Andalucía, con motivo de su participación en Murcia en la Cumbre en Defensa del Trasvase Tajo-Segura.

López Miras ha subrayado que esta reunión supone que las cuatro comunidades "nos sentamos a una misma mesa para defender la más importante de las infraestructuras hídricas de nuestro país".

"Este acto tiene una parte importante de gesto, de ejemplo, porque muestra a todos que se puede dialogar y trabajar unidos y en positivo", ha afirmado López Miras.

Para el presidente, esta reunión también deja claro que "quien olvida que la Constitución protege el uso compartido de nuestros recursos no tiene nada que hacer", ya que "no sólo se aparta de la ley, sino que ignora a una gran mayoría de españoles".

En contraposición a esa forma de actuar del Gobierno central, López Miras ha puesto en valor que "las regiones somos hoy la mayor garantía de respeto a las leyes, a los ciudadanos y a España, y reuniones como ésta lo reflejan".

"Es un acto histórico", ha añadido López Miras, "porque demostramos que hay intereses comunes y que alcanzarlos es más fácil desde la unidad. Demostramos también que el diálogo siempre es necesario, pero un diálogo con todos, abierto, transparente, sin hacer distinciones ni discriminar a nadie", ha indicado.

Para el máximo responsable autonómico, el desarrollo de estas cuatro comunidades autónomas "que representan a 22 millones de españoles" debe ser tenido en cuenta por el Ejecutivo central, dado que hace "aún más grande a nuestro país", y "contribuye a que quienes viven en él alcancen sus retos y sus objetivos".

En cuanto a la ausencia de hoja de ruta nacional en materia hídrica, López Miras se ha mostrado convencido de que "España contará pronto con un Pacto Nacional del Agua", porque "hay regiones que demostramos que podemos entendernos".

Dentro de ese Pacto, el presidente ha considerado fundamental el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que "vertebra España, y eso es precisamente lo que algunos tratan de evitar: que pensemos como un solo país".

"El trasvase es ejemplo de solidaridad y de compromiso, y hace posible la subsistencia de una agricultura que es riqueza colectiva y sustento para centenares de miles de personas", ha resaltado López Miras.

Esta infraestructura, ha agregado, "mantiene vivo al campo y es la mejor muestra de cómo un uso racional, compartido y sensato de los recursos naturales puede frenar el avance del desierto y luchar contra el cambio climático".

La Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana han reafirmado así su defensa del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura ante la próxima publicación de las nuevas reglas de explotación que regirán los envíos al Levante, derivadas del incremento de caudales recogido en el Plan Hidrológico del Tajo, y alertan de las "graves consecuencias que tendrán, especialmente para el sector agrario".

Así lo ha expresado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Sara Rubira, que ha advertido que "la situación en la que nos encontramos es muy desfavorable, en primer lugar porque se prevén impactos muy negativos en nuestras comunidades autónomas como consecuencia del plan del Tajo, y en segundo lugar, por el camino emprendido por el Ministerio para la Transición Ecológica en contra de la posibilidad de una planificación hidrológica nacional, dado que ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase".

"Las cuatro regiones que hoy nos sentamos en la misma mesa, y que representamos a 22 millones de españoles, denunciamos los efectos adversos que sobre nuestros territorios tiene la planificación hidrológica del Tajo, que el Gobierno de España ha empleado como base a la hora de definir las próximas reglas de explotación", ha añadido Rubira, "dado que el incremento de caudales ecológicos tendrá como consecuencia la reducción de unos 100 hectómetros de agua trasvasable cada año".

Esto conllevará la reducción "casi total de los trasvases para el riego de cultivos cuando los caudales ecológicos se eleven al máximo previsto, algo que podría empeorar si se incrementa también el nivel de desembalse".

La cumbre ha sido el escenario de la firma de una carta en la que se pone de manifiesto que "los mecanismos de transparencia, participación y concertación han sido incumplidos porque no han dado opción a la participación de todos los afectados por la planificación del Tajo, ni se han tenido en cuenta los costes reales ni los impactos sociales sobre el empleo y la seguridad alimentaria nacional que conllevarán los recortes". La misiva se enviará a la ministra Teresa Ribera.

Sara Rubira ha recordado que "el Ministerio sigue sin aportar una justificación que demuestre que el buen estado de la masa de agua se corresponde con el incremento de caudales ecológicos ni las solicitudes de agua y demandas no atendidas en la zona afectada, han ignorado los diversos informes técnicos en los que poníamos de manifiesto las deficiencias observadas y rechazaron nuestro ofrecimiento de realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación".

Los gobiernos de las cuatro comunidades autónomas ya interpusieron demandas ante el Tribunal Supremo por la modificación de los caudales ecológicos del Tajo y la reducción de las concesiones, "de las que todavía no se ha recibido respuesta·, ha informado la consejera responsable de Agua.

En el seno de este encuentro, la consejera ha aprovechado para reiterar que "la actualización e impulso de la planificación hidrológica nacional es una necesidad ineludible, e ignorarla solo conducirá a agravar la situación que estamos sufriendo. Y debe hacerse sin prejuicios ni reservas, evitando que presiones políticas y territoriales puedan menoscabar la construcción técnica y jurídica de la planificación hidrológica en España".

Algo para lo que "el Gobierno de España puede contar con nosotros para esa tarea para lo que reiteramos nuestra plena disposición a colaborar lealmente con el Ministerio está abierta y se mantiene intacta en los términos en los que ha sido ofrecida anteriormente, porque hablamos de un problema de Estado que debe afrontarse con compromiso y coordinación".

Rubira aseguró ha asegurado que desde que Teresa Ribera tomó posesión en junio de 2018 como ministra para la Transición Ecológica "se han recortado los envíos en veintiséis meses, lo que ha supuesto un total de 190 hectómetros cúbicos menos de agua para el Levante de los que deberían haberse enviado".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España "se centre en los intereses de los españoles como una prioridad, no sólo de una parte de España para mantenerse en la Moncloa" y que "afronte una política de presente y de futuro en materia de agua, algo tan importante para todo nuestro país".

Novillo, en la rueda de prensa posterior a la Cumbre ha advertido que las consecuencias de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura las sufrirá todo el país.

A su juicio, es "uno de los problemas presentes y futuros que va a ocasionar un daño irreparable a nuestro país" y no sólo a Murcia, Andalucía, Valencia o a Madrid.

"El agua, al igual que la energía, son dos elementos esenciales que están siendo desatendidos por el Gobierno de España", ha criticado el consejero de Madrid, quien ha recordado que las comunidades reunidas en Murcia han llevado a los tribunales el plan hidrológico del Tajo por incurrir "en una alegalidad en cuanto a cómo se ha desarrollado ese plan hidrológico del Tajo".

En el caso de Madrid afecta "al abastecimiento de más de un millón de habitantes con esa concesión que tenemos del río Alberche hasta el 2063 y que ese plan intenta retirarnos y que, de manera arbitraria, sea la confederación la que pueda autorizar o no ese trasvase".

Asimismo, se ha solidarizado con Andalucía, Valencia y Murcia por considerar la agricultura "esencial" para el país para poder mantener la soberanía alimentaria y desde el punto de vista ecológico.

De su lado, el secretario general de Agua de la Junta de Andalucía ha defendido los trasvases como una infraestructura general del Estado "para uso y disfrute de todos los españoles" primando "criterios de optimización del uso del agua y de solidaridad entre los pueblos para poder desarrollar una política que permita vertebrar los territorios y fijar la población al ámbito rural".

Angulo ha defendido que el tema del agua tiene que ser una "prioridad" para el país, como lo es para Andalucía.

Ha reclamado para toda España "diálogo y que se prioricen las políticas del agua". Para ello, ha apuntado, hacen falta dos cosas: infraestructuras y gobernanza.

Además de la "solidaridad entre territorios", Angulo ha lamentado que únicamente se ponga en cuestión este trasvase --el Tajo-Segura-- cuando en la misma Andalucía tienen otros trasvase y han demostrado sus beneficios.

En la Comunidad "tenemos muchos travases que ahora mismo están en funcionamiento y que gracias a ellos hemos podido, entre otras cosas, mitigar los impactos de la dura sequía".

Ha destacado que "todos los travases gestionados con normas de sostenibilidad son necesarios porque permiten aportar agua de donde hay excedentes" a donde se necesita y aportan beneficios a todo el país.

Por último, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunidad Valenciana ha señalado que "cada decisión hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez es un ataque político a la Comunitat Valenciana".

Barrachina ha exigido al Gobierno de España "diálogo y racionalidad". "Las reglas de explotación del trasvase deben ser acordadas y pactadas. Se hurta 100 hectómetros cúbicos de agua a la Comunitat Valenciana, Murcia, y Andalucía, y en cambio se envían más 3.000 hectómetros cúbicos por encima de lo pactado a Portugal, que nadie aprovecha", ha sostenido.

En esta línea, ha apuntado que "la alternativa al trasvase es el desierto para miles de agricultores, miles de hectáreas de huerta y millones de árboles que se talarán si no llega el agua".

El conseller ha criticado al Gobierno central por "no reparar la balsa de San Diego, impidiendo a los regantes almacenar 80 hectómetros cúbicos de agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó, y por no enviar los 20 hectómetros cúbicos que corresponden al lago de la Albufera".