Page rechaza lecciones de quienes pactan con un "supremacista identitario" como Puigdemont

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha garantizado que su comunidad autónoma será solidaria con la acogida de los menores migrantes no acompañados, pero ha avisado que no admitirá lecciones de solidaridad de quienes pactan con un "supremacista identitario" como Carles Puigdemont.

En declaraciones a los medios durante una visita a Mira (Cuenca), García-Page ha reconocido que su gobierno está estudiando el decreto aprobado el martes por el Ejecutivo central y no ha adelantado si presentará un recurso al mismo o no.

Eso sí, ha sentenciado que no va a admitir lecciones de solidaridad "ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como Puigdemont".

Ha criticado que en la estrategia de emigración del Gobierno "todos son parches sobre la marcha" y ha recordado el "intento de hacer un campamento al estilo Meloni en el aeropuerto de Ciudad Real; estamos hablando de los mismos responsables".

Cree que con el pacto migratorio con Junts "se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado" y que es "cualquier cosa menos progresista" por lo que considera "insultante" que se apruebe una ley sin "haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas".

No obstante, García-Page ha aseverado que Castilla-La Mancha va a ser solidaria, y así se lo ha trasladado al Gobierno de Canarias en una visita reciente para poner a sus disposición plazas disponibles porque "estamos dispuestos a hacerlo incluso bilateralmente".

Ha añadido que la comunidad autónoma que preside "no va a admitir ningún tipo de reproche", y ha alertado del peligro de que se utilice a los migrantes y a los menores como "arma arrojadiza entre unos y otros", lo que a juicio del mandatario sería "absolutamente patético".

Por otra parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que su gobierno va a presentar "en muy pocas fechas" un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a la banca, y ha recriminado al Gobierno de España que "a veces" olvide que "es progresista".

En este sentido, ha reprochado que se consienta que el dinero que se recaude de los bancos, "por obligación y porque el que manda es Puigdemont, vaya a las comunidades más ricas". 

PACTO CON UN PARTIDO NO SOLIDARIO

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado, en relación al acuerdo entre el Gobierno central y Junts sobre la distribución de menores migrantes, que "no deja de chirriar un pacto de solidaridad" acordado con un partido político que "no es solidario" y que ha pedido las competencias en la materia "para expulsar a los inmigrantes".

De esta forma se ha pronunciado la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, a preguntas de los periodistas este miércoles en rueda de prensa, en la que ha aseverado que Castilla-La Mancha ha sido, es y seguirá siendo "solidaria" en este ámbito y ha recalcado que, además, es "la única comunidad autónoma que cumple con los estándares de la Unión Europea" en lo que respecta a la atención.

"No deja de chirriar un pacto de solidaridad" acordado "con un partido político que no es solidario", ha lamentado la consejera portavoz, quien ha advertido de que Junts "ha pedido las competencias de inmigración para expulsar a los inmigrantes".

Por lo tanto, "pactar un asunto de solidaridad con alguien que no es solidario no deja de chirriar", ha insistido Padilla, quien ha añadido que el reparto será "desigual" y "no todo lo solidario que debiera".

"No aprobamos lo que dicen Junts desde Cataluña ni PP y Vox desde la Comunidad Valenciana", ha continuado la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha defendido un modelo de acogida de menores "en hogares y no hacinándolos".

En este contexto, ha reclamado "la financiación suficiente" para atender a estos niños "de la mejor manera. Necesitamos más recursos para poner en marcha más hogares y hacerlo, como hacemos, siguiendo los estándares de la Unión Europea", ha concluido.

REAL DECRETO-LEY ACOMPAÑADO DE FINANCIACIÓN

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha estudiará "con lupa" el real decreto-ley del reparto de menores no acompañados para su acogida en las comunidades autónomas, porque viene derivado del acuerdo del PSOE con Junts, al tiempo que ha exigido que su materialización tiene que ir acompañada de financiación del Ejecutivo central.

Así lo ha indicado la consejera a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Toledo, en la que ha señalado que ha conocido el contenido del real decreto este miércoles, ya que "no se ha trabajado con las comunidades autónomas".

De este manera, García Torijano ha afirmado que a lo largo de los próximos días los técnicos estudiarán "con detenimiento" el contenido, porque al Gobierno regional le "preocupa" ya que es un real decreto "trabajado, negociado y pactado con Junt, un partido que es xenófobo", ha recalcado, por lo que hace que se tengan "muchas dudas" en torno a la norma y en que pueda contener "algo que no podamos llegar a entender".

Con respecto al número de menores que corresponderá a Castilla-La Mancha, la titular de Bienestar Social ha dicho que no se puede saber hasta que las comunidades autónomas hagan sus certificaciones a día 31 de marzo, si bien ha añadido que, por lo que se ha conocido hasta ahora, "igual que Vox no quiere menores en Valencia, Junts tampoco los quiere en Cataluña".

Sin embargo, ha defendido que Castilla-La Mancha en ningún momento se ha negado a acoger a menores y que la región cumple todos los años con el plan de contingencia pactado con el Ministerio y con Canarias y ofrece los recursos de los que dispone.

En concreto, ha especificado que en la actualidad hay alrededor de 500 menores tutelados en la comunidad autónoma en recursos residenciales, pero ha precisado que la cifra se eleva a 1.000 porque Castilla-La Mancha apuesta por el acogimiento familiar y el recurso de hogares y no de grandes centros, tal y como lo ampara la Ley de protección a la infancia y adolescencia aprobada hace unos años en la región.

"Este es nuestro sistema de protección y vamos a seguir en la línea de la solidaridad, de entender la situación de Canarias y tender la mano para poder dar respuesta a la crisis migratoria", ha sentenciado.

No obstante, ha agregado que es el Gobierno de España el que tiene que plantear el mecanismo y la financiación para llevarlo a cabo y, en este sentido, ha pedido que el reparto de menores venga con financiación incorporada porque supone un incremento de recursos en las comunidades autónomas, si bien ha considerado que todos están de acuerdo en esto, también el Estado.

LA REGIÓN RECIBIRÍA A 291 MENORES MIGRANTES

Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que más menores migrantes tendrían que acoger tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Castilla-La Mancha recibiría a 291 menores migrantes.

En este sentido, según cálculos provisionales confirmados a Europa Press por fuentes gubernamentales, las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos niños y adolescentes acojan debido al "esfuerzo previo" que han realizado.

Estos datos son proyecciones con las que ha trabajado hasta ahora el Gobierno pero no son los definitivos, puesto que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para aportar el número de menores migrantes que tienen en acogida en la actualidad al objeto de calcular su capacidad de acogida.

Estas proyecciones responden a unos criterios que abordan la situación de cada territorio en términos económicos, poblacionales, de empleo y el esfuerzo realizado anteriormente en la acogida de menores migrantes.

Según estos cálculos provisionales, a Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana le siguen en el número de migrantes que tendrán que acoger Galicia, con 326; Castilla y León, con 309; Castilla-La Mancha, 291; Murcia, con 190; Aragón, con 186; Cantabria, con 170; Extremadura, con 169; Navarra, con 164; La Rioja, con 154; Asturias, con 151; Euskadi, con 87; Baleares, con 58; Melilla, con 34; y Cataluña, con 26.

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso de que si las comunidades no aportan sus datos de acogida de estos niños, el Gobierno aplicará los criterios que tienen "con carácter anterior". "Nos fiaremos de los criterios que tenemos garantizados o que nos han facilitado a finales del 2023", ha precisado Rego, que va a remitir este mismo miércoles la comunicación reclamando la información a las comunidades autónomas.