Luz verde a la Ley de Farmacia de Castilla-La Mancha para blindar el servicio rural

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves en Toledo la modificación de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, en una sesión presidida por Pablo Bellido que también incluyó tres debates generales sobre sanidad, salud mental y servicios sociales. La votación final de la ley prosperó gracias a los 16 votos favorables del PSOE, mientras el PP combinó abstenciones y votos en contra según cada ronda del articulado y Vox se opuso en bloque.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, defendió ante la Cámara que "la asistencia farmacéutica constituye una parte fundamental del servicio sanitario que se presta a la ciudadanía" y subrayó que el objetivo principal de la modificación es "mejorar la asistencia farmacéutica de la población". La norma no limita las actividades que pueden desarrollar los profesionales farmacéuticos, sino que las amplía con medidas flexibilizadoras y mejoras en la actividad de las propias oficinas de farmacia.

Uno de los ejes centrales de la ley es la atención al medio rural. La región cuenta con 1.289 oficinas de farmacia que dan servicio a más de 2,1 millones de habitantes, lo que supone una media de una por cada 1.650 vecinos, y con 267 botiquines situados todos ellos en núcleos de menos de 500 habitantes. Castilla-La Mancha mantiene, según Fernández Sanz, uno de los ratios de oficinas por habitante más bajos de España —1.900 habitantes por oficina, frente a los 2.800 de Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid—, lo que la sitúa entre las cuatro comunidades con mayor accesibilidad farmacéutica del país.

Distancias entre farmacias y atención penitenciaria

La nueva norma modifica también la regulación de las distancias mínimas entre oficinas de farmacia. El umbral actual de 50 metros podrá reducirse hasta un límite de 150 metros en determinados supuestos, una medida que, según el consejero, ya existe en otras comunidades autónomas. Asimismo, se mejora la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios de la región y se adapta la normativa autonómica a la legislación estatal sobre dispensación y uso de medicamentos veterinarios, un vacío que no estaba cubierto hasta ahora.

En materia de derechos profesionales, la ley regula con mayor seguridad jurídica la jubilación activa o parcial de los farmacéuticos —al amparo del marco normativo estatal para autónomos— y recoge expresamente los derechos y deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar de los titulares de oficina de farmacia.

La oposición, dividida en sus críticas

El diputado de Vox Iván Sánchez acusó al proyecto de incurrir "en una deficiencia técnica legislativa" y defendió que las 12 enmiendas de su grupo carecían de "matiz político" y perseguían "modernizar y mejorar las definiciones" de la norma, adaptar "el lenguaje legal a la realidad del paciente y del usuario" y "proteger los derechos tanto del profesional como del paciente". El parlamentario de Vox también reclamó evitar "las fronteras artificiales que se han creado con el sistema autonómico" y abogó por "una sanidad al servicio de los españoles".

Por parte del PP, el diputado Juan Antonio Moreno Moya reconoció que se "avanza un pasito" con la modificación, pero lamentó que "se podían haber avanzado 50 pasitos". Entre sus 29 enmiendas, Moreno Moya destacó las relativas a la atención farmacéutica domiciliaria y al intercambio de información clínica entre médicos y farmacéuticos para el seguimiento de pacientes crónicos. "Casi el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia donde se realiza el control rutinario de parámetros como la glucosa, la hemoglobina o los triglicéridos", argumentó, al defender que ese control podría ayudar a la "detección precoz de enfermedades" sin necesidad de esperar semanas para una analítica.

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy, ponente de la ley en comisión, calificó la norma de "eminentemente técnica" aunque reconoció que "tiene sus matices políticos". Reprochó a Vox sus "prejuicios con el lenguaje inclusivo" al diferenciar entre "farmacéuticos y farmacéuticas" y rechazó su enmienda sobre objeción de conciencia, "un problema que está resuelto desde hace veinte años". Al PP le advirtió de que había "perdido una oportunidad de oro" y le acusó de presumir de "voluntad negociadora" sin ejercerla.

Debate sobre atención sanitaria a inmigrantes

El segundo punto del pleno enfrentó a los tres grupos parlamentarios en torno al real decreto aprobado por el Gobierno central en 2026 que recupera la atención sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular. Vox instó a combatir el "turismo sanitario" y alertó de que "la inmigración masiva" pone "en peligro" la sostenibilidad del sistema sanitario; el PP advirtió de una sanidad "al límite" y "desbordada"; y el PSOE defendió el decreto como una cuestión de "derechos" y de "cohesión social".

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, preguntó al presidente Emiliano García-Page por qué "no planta cara" frente al Gobierno de Pedro Sánchez y no ha exigido financiación para la comunidad como contraprestación al decreto. El diputado socialista José Antonio Contreras respondió que "garantizar el acceso a las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria es, ante todo, una cuestión de derechos" y que los migrantes contribuyen al sostenimiento de los sectores clave de la economía: "Aquí el turismo que hay es de mano de obra, es de trabajo, no es un turismo sanitario".

Las propuestas de resolución de PP y Vox —que pedían financiación específica y medidas de control del fraude, respectivamente— fueron rechazadas. Salió adelante la del PSOE, que reafirma el compromiso del grupo con el artículo 43 de la Constitución y el derecho a la protección de la salud.

La Unidad de Salud Mental del Mancha Centro, en el centro del debate

El tercer bloque del pleno versó sobre la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). PP y Vox denunciaron el "cierre" de la unidad, mientras el PSOE y el consejero de Sanidad lo calificaron de "cese temporal" de la Unidad de Hospitalización Breve, insistiendo en que el resto del área de salud mental del hospital sigue funcionando.

El diputado de Vox Luis Juan Blázquez afirmó que se trata de "un cierre que ustedes intentan disfrazar de reorganización" y denunció que en la unidad "donde había 13 profesionales dejaron uno". El diputado del PP Moreno Moya precisó que "el servicio de Psiquiatría ha llegado a contar únicamente con dos facultativos en activo y uno de ellos a tiempo parcial, de una plantilla orgánica de 13", una situación fruto de "falta de planificación" que hace "inviable el mantenimiento de la actividad en condiciones adecuadas". El PP reclamó además que se complete la Residencia Comunitaria de Salud Mental de Alcázar y se elabore un Plan Integral de Salud Mental para el área.

La diputada socialista Ana Isabel Abengózar acusó a la oposición de "retorcer la realidad" y explicó que la situación es "excepcional y coyuntural", originada por la escasez estructural de especialistas en psiquiatría en todo el sistema español, agravada por "circunstancias sobrevenidas en la plantilla" del Mancha Centro. Fernández Sanz admitió que existe "un problema claro con el número de psiquiatras en España, en Castilla-La Mancha y en Mancha Centro", aunque garantizó que las gestiones para cubrir la plantilla "son firmes" y que el objetivo es "volver a la normalidad". La resolución socialista, que reconoce la labor de los profesionales del área y apoya la incorporación de nuevo personal para la reapertura de la unidad de hospitalización breve, fue aprobada con 16 votos a favor del PSOE frente a los 15 en contra de PP y Vox.

Trabajadores de Servicios Sociales reclaman equiparación salarial

El cuarto debate del pleno abordó las demandas de los trabajadores de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, que ese mismo jueves se concentraron frente a la Consejería de Bienestar Social y ante las Cortes para exigir una equiparación salarial real. El diputado socialista Pablo Camacho recordó que sus retribuciones subieron un 3% en 2024, un 3,5% en 2025 y que la Consejería de Bienestar Social tiene disposición para aprobar un "incremento notable" en 2026, aunque reconoció que las reivindicaciones de la plataforma "son más exigentes".

El diputado del PP José Antonio Martín-Buro calificó de "demoledor" que estos profesionales "cobran hasta un 40% menos que otros profesionales de la Junta" que realizan las mismas funciones. "Hablamos de nóminas, de familias, hablamos de personas que con décadas de experiencia apenas llegan a cobrar los 1.500 euros mensuales", subrayó. El diputado de Vox Francisco Cobo denunció la "inacción intencionada" del Ejecutivo regional y reclamó que la Consejería de Bienestar Social llegue a acuerdos con ayuntamientos y diputaciones a través de transferencias de capital.

Solo la resolución del PSOE —que insta al Gobierno regional a fortalecer los canales de comunicación con los representantes de los profesionales y a mejorar los convenios con los ayuntamientos— salió adelante, con el mismo resultado que el resto de votaciones del pleno: 16 votos favorables del Grupo Socialista frente a los 15 en contra de PP y Vox.

Preguntas orales al Gobierno

La sesión concluyó con el bloque de control al Gobierno, en el que la oposición formuló tres preguntas orales respondidas por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Vox preguntó sobre el impacto económico de la inmigración ilegal en los servicios sociales de la región; el PP, sobre las medidas previstas para mitigar "la pérdida de poder adquisitivo de los castellanomanchegos provocada por la inflación acumulada" y sobre el arreglo integral de la CM-101 a su paso por Yunquera de Henares (Guadalajara).