CSIF y PP exigen a la Junta medidas para "proteger la vida de los bomberos forestales"
En el marco de la campaña de extinción de incendios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes la situación de precariedad que, según afirma, afecta a los empleados de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).
En un comunicado, el sindicato señala que los trabajadores encuentran dificultades para acceder a contratos de doce meses y que parte de los medios de extinción que utilizan no alcanzan los mínimos exigidos. También indica que la actual campaña cuenta con menos días de trabajo que en años anteriores —96 frente a los 122 registrados en 2020—.
CSIF advierte de que esta situación está provocando la marcha de personal hacia otras comunidades autónomas y que, para cubrir necesidades, se están asignando funciones propias de técnicos a empleados de categorías inferiores. Asimismo, apunta que se han denegado reducciones de jornada con el argumento de que no hay suficiente personal. El convenio vigente contempla, además, la posibilidad de que los trabajadores puedan ser movilizados en caso de emergencia incluso en sus días libres.
En el plano salarial, el sindicato considera necesario fijar una cuantía estable que reconozca la responsabilidad del puesto, ya que la retribución actual depende en gran medida de complementos. Por ello, reclama que Geacam se convierta en una agencia pública para contar con financiación estable y no depender de subvenciones externas.
Por su parte, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y responsable del área forestal del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Lucas-Torres, ha solicitado a la consejera de Desarrollo Sostenible una respuesta inmediata ante lo que califica como abandono y falta de seguridad de bomberos forestales, retenes y trabajadores de Geacam. Según ha manifestado, estas personas afrontan su labor cada verano sin el equipamiento necesario, sin instalaciones adecuadas para descontaminación, sin agua potable y con condiciones laborales deficientes.
Lucas-Torres ha destacado la especial gravedad de la situación en los retenes del Alto Tajo, aunque asegura que los recortes afectan a toda la región. Ha citado como ejemplo a localidades como Villanueva de Alcorón, Mazarete, Ocentejo o Armallones, que, afirma, operan con dotaciones incompletas, turnos sin cubrir y recursos insuficientes.
El Partido Popular ha reclamado, además, la puesta en marcha del Estatuto Básico del Bombero Forestal, aprobado por ley pero aún sin aplicación efectiva, para garantizar estabilidad laboral, reconocimiento profesional y seguridad jurídica a estos trabajadores.
