Crece un 63,6 % el uso de las garantías de transparencia en Castilla-La Mancha

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha registró 512 expedientes entre enero y junio de 2026, frente a los 313 contabilizados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 63,6 % en apenas un año. El organismo, institución independiente encargada de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública en la región, publicó este lunes, 7 de septiembre, los datos correspondientes al balance semestral, que reflejan una utilización cada vez mayor de los mecanismos de garantía de la transparencia por parte de la ciudadanía castellanomanchega.

En términos mensuales, el volumen de entrada pasó de una media aproximada de 52 expedientes al mes durante los seis primeros meses de 2025 a más de 85 mensuales en el mismo periodo de 2026, lo que ilustra la aceleración sostenida de la demanda a lo largo del semestre.

Las reclamaciones de acceso a información pública

De los 512 expedientes registrados, 502 corresponden a reclamaciones, a las que se añaden 5 consultas, 4 denuncias y 1 queja. Las reclamaciones representan, por tanto, aproximadamente el 98 % del total del semestre, lo que confirma el peso de la función del Consejo como órgano de garantía del derecho de acceso a la información y la creciente utilización de esta vía por parte de los ciudadanos.

Los ayuntamientos concentran el grueso de la actividad: 440 de los 512 expedientes tienen como administración reclamada a un municipio, el equivalente al 86 % del total. A continuación se sitúa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con 54 expedientes, seguida de las diputaciones provinciales, con 11; las mancomunidades, con 3; y otros organismos o entidades, con 4. Estos datos refuerzan, según el propio organismo, la importancia de continuar impulsando la transparencia y la formación en las entidades locales de la región.

Toledo, provincia más activa

Por destino de las reclamaciones, Toledo registra 288 expedientes, más de la mitad del total regional. Le siguen Guadalajara, con 80; Albacete, con 50; Ciudad Real, con 23, y Cuenca, también con 23. Otros 48 expedientes corresponden al ámbito general de Castilla-La Mancha. En cuanto a la procedencia de quienes reclaman, se contabilizan 299 expedientes de Toledo, 79 de Guadalajara, 51 de Albacete, 21 de Cuenca y 19 de Ciudad Real, mientras que otras procedencias suman 43.

Las materias sobre las que se ejerce el derecho de acceso reflejan igualmente el peso de la gestión municipal. La información municipal encabeza las categorías con 197 expedientes. Le siguen urbanismo, con 59; medio ambiente, con 37; información presupuestaria, con 34, y empleo público, con 33. También se registraron expedientes relacionados con información jurídica (9), contratación pública (7), subvenciones (6) y publicidad activa (3), mientras que otros asuntos suman 118 expedientes.

Quién reclama: ciudadanos en nueve de cada diez casos

Las estadísticas del semestre muestran un claro predominio de las personas físicas entre quienes acuden al Consejo. De los 512 expedientes, 462 corresponden a personas físicas y 50 a personas jurídicas, por lo que los particulares representan algo más del 90 % del total. La cifra apunta a una conciencia ciudadana creciente sobre los instrumentos disponibles para conocer la actuación de las administraciones públicas.

Nuevas funciones y jornadas de formación

El incremento de expedientes se ha producido de forma simultánea al mantenimiento de la actividad ordinaria e institucional del Consejo y al desarrollo del resto de las funciones que tiene atribuidas. Durante el primer semestre se ha trabajado también en la preparación de nuevas jornadas de formación y divulgación en materia de transparencia e integridad. La programación arranca el próximo 23 de septiembre con la primera de las II Jornadas de Transparencia para Entidades Locales de Castilla-La Mancha, dedicada a la publicidad activa, que se celebrará en las Cortes de Castilla-La Mancha.

A esta actividad se suma el desarrollo y la puesta en marcha de las funciones del Consejo en materia de protección de las personas informantes, en el marco de la normativa reguladora de la protección de quienes denuncien infracciones normativas y contribuyan a la lucha contra la corrupción. La incorporación efectiva de estas competencias amplía el ámbito de actuación del organismo y añade, según su propio balance, una nueva dimensión a su labor de garantía de la transparencia y la integridad pública en la región.

El balance del primer semestre de 2026 evidencia así una evolución que va más allá del incremento de expedientes: junto a una demanda creciente del derecho de acceso, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza sus actuaciones de formación y divulgación y desarrolla las nuevas funciones asumidas en materia de protección del informante, consolidándose como institución de referencia para la garantía de la transparencia y la integridad en las administraciones públicas castellanomanchegas.