Las Cortes aprueban 14 enmiendas para reformar la Ley de Consumo

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles un total de 14 enmiendas al proyecto de modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, en una tramitación parlamentaria que busca adaptar la normativa regional a la legislación estatal básica y a la jurisprudencia constitucional. Del total de mejoras incorporadas, ocho han sido transaccionadas entre PSOE, PP y Vox, mientras que otras propuestas de la oposición han sido rechazadas.

Durante la sesión, la comisión ha rechazado 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, mientras que ha dado luz verde a cinco enmiendas presentadas por el PSOE, una de ellas también fruto de una transacción entre grupos parlamentarios.

La reforma, no obstante, deja fuera la regulación específica de la publicidad sanitaria, una de las principales demandas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular durante el proceso de enmiendas.

Objetivo de la reforma: seguridad jurídica y adaptación normativa

El portavoz del PSOE en la comisión, Ángel Tomás Godoy, ha defendido que la modificación legislativa tiene como finalidad adaptar la normativa autonómica a la legislación básica estatal en materia de consumo y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el objetivo de generar mayor seguridad jurídica.

Según ha explicado el parlamentario socialista, la reforma también pretende clarificar determinados tipos de infracciones, evitando conceptos jurídicos ambiguos que puedan dificultar la aplicación de la ley. Asimismo, se busca actualizar el funcionamiento del sistema de inspección y del régimen sancionador en materia de consumo.

Godoy ha subrayado que la parte más amplia de la reforma afecta precisamente al régimen sancionador, ya que modifica diversos artículos para establecer un nuevo modelo en el que las infracciones y sanciones se regirán principalmente por la regulación estatal básica en consumo.

El PP insiste en regular la publicidad sanitaria

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la comisión, Juan Antonio Moreno Moya, ha centrado buena parte de su intervención en defender la enmienda rechazada que proponía regular la publicidad sanitaria en Castilla-La Mancha mediante una disposición adicional en la ley.

Según Moreno Moya, la iniciativa pretendía garantizar una publicidad sanitaria “veraz”, así como asegurar que las personas consumidoras dispongan de información clara sobre tratamientos y precios de las prestaciones sanitarias. Además, planteaba reforzar el control administrativo sobre posibles prácticas engañosas.

El diputado popular ha argumentado que esta propuesta responde a “las preocupaciones de profesionales sanitarios” y que, junto con otra enmienda también rechazada, pretendía cubrir la ausencia de una ley específica de publicidad sanitaria, una norma que, según ha criticado, el Ejecutivo regional lleva retrasando cinco años.

En esa línea, Moreno Moya ha insistido en la necesidad de impulsar medidas específicas en el ámbito del consumo destinadas a mejorar la transparencia, la coordinación administrativa y la protección de los colectivos más vulnerables frente a posibles prácticas publicitarias engañosas.

Propuestas sobre créditos y cesión de deuda

Entre las propuestas del PP también figuraba una enmienda orientada a que las entidades que operen en Castilla-La Mancha garanticen mecanismos accesibles de información para los consumidores cuando se produzca la cesión de sus créditos y esta afecte a la gestión ordinaria del contrato o a los canales de interlocución.

Moreno Moya ha defendido que esta iniciativa responde a una preocupación real de miles de consumidores, especialmente en el ámbito de créditos hipotecarios o préstamos que son cedidos a fondos de titulización o entidades intermediarias.

Vox critica que la reforma dé más poder sancionador

Desde el Grupo Parlamentario Vox, el diputado Iván Sánchez ha defendido las 14 enmiendas registradas por su formación, argumentando que el nuevo texto “da menos garantías para el consumidor y más poder sancionador para el PSOE”.

Sánchez ha insistido en que la regulación de esta materia debería abordarse mediante una normativa estatal uniforme para toda España, de modo que se eviten diferencias entre territorios que puedan derivar en sanciones arbitrarias.

Asimismo, ha señalado que no se puede tratar igual a una gran empresa que a una pequeña o mediana empresa o a un trabajador autónomo, al considerar que el impacto de las sanciones puede ser muy diferente según el tamaño del negocio.

Entre las propuestas planteadas por Vox para mejorar el texto, el parlamentario ha sugerido que las administraciones públicas regionales garanticen la atención presencial a colectivos que puedan tener mayores dificultades de acceso a los servicios digitales, como personas de mayor edad, con menor renta o residentes en municipios pequeños.

También ha defendido que el órgano autonómico competente en materia de consumo disponga de medios suficientes para sancionar las conductas tipificadas como infracciones en la defensa de las personas consumidoras.

Enmiendas rechazadas sobre cesión de créditos

Tampoco ha salido adelante la enmienda con la que Vox proponía mantener la obligación de informar al consumidor deudor cuando un acreedor —generalmente una entidad bancaria o un fondo— cede el crédito.

El diputado ha denunciado que el Gobierno regional ha justificado su rechazo en posibles conflictos competenciales y en el encaje con la normativa europea, una argumentación que, a juicio de su grupo, “deja al consumidor desamparado”.

Solo una enmienda de Vox aprobada

De las 14 enmiendas presentadas por Vox, únicamente una ha sido aprobada, además mediante una fórmula de transacción con otros grupos parlamentarios.

El resto de propuestas de la formación se mantienen vivas para su debate posterior en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde continuará la tramitación del proyecto de ley que modifica el Estatuto de las Personas Consumidoras.