A consulta pública el plan para simplificar 300 trámites en Castilla-La Mancha

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado este lunes en Landete (Cuenca) la apertura de la consulta pública previa del Decreto de Simplificación y Agilización Administrativa, una norma destinada a desarrollar la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha. El proceso participativo permanecerá abierto hasta el 8 de abril y está disponible a través del Portal de Participación de la Junta, con el objetivo de recoger aportaciones de la ciudadanía, entidades y agentes sociales antes de la aprobación definitiva del texto.

Según ha explicado el vicepresidente primero, el decreto se plantea como una herramienta para reducir la burocracia y agilizar la relación entre la Administración regional, la ciudadanía y el tejido empresarial, mediante la revisión de numerosos procedimientos administrativos vigentes.

Hasta el momento, la Dirección General de Coordinación ha incorporado casi 300 procesos administrativos en el borrador del decreto, todos ellos susceptibles de simplificación o modificación. El objetivo es optimizar los servicios públicos y mejorar la eficacia de la gestión administrativa, al tiempo que se disminuyen las cargas y trámites que deben afrontar ciudadanos y empresas en Castilla-La Mancha.

Cambios en silencio administrativo, plazos y autorizaciones

El contenido del decreto incluye varias medidas orientadas a acelerar los procedimientos. Entre ellas destaca la modificación del régimen de silencio administrativo, estableciendo silencio estimatorio o positivo cuando la legislación lo permita, lo que implica que la solicitud se considerará aprobada si la Administración no responde en plazo.

Además, la norma prevé reducir los plazos de tramitación, revisar el régimen de autorizaciones administrativas y sustituir algunos permisos previos por declaraciones responsables o comunicaciones. Este cambio pretende agilizar la actividad administrativa y económica, permitiendo que determinadas actuaciones puedan iniciarse sin esperar una autorización formal previa, siempre bajo responsabilidad del solicitante.

Otro de los objetivos del decreto es derogar normativa o procedimientos que han quedado en desuso, eliminando trámites innecesarios y simplificando el marco regulatorio en aquellos ámbitos donde se detecte una burocracia excesiva.

Un decreto con cerca de 300 procedimientos revisados

El Gobierno regional ha señalado que el decreto recoge casi 300 procedimientos administrativos susceptibles de modificación, en los que se aplicarán medidas como la reducción de plazos, la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables o la aplicación del silencio administrativo positivo cuando sea legalmente viable.

Con ello, el Ejecutivo autonómico pretende facilitar la relación con la Administración regional, mejorar la eficiencia interna de los servicios públicos y favorecer la actividad económica, especialmente para empresas y emprendedores que dependen de trámites administrativos para desarrollar su actividad.

Decreto de Entidades Colaboradoras para apoyar a pequeños municipios

De forma paralela a este proceso, Martínez Guijarro ha avanzado que el Gobierno autonómico trabaja también en el Decreto de Entidades Colaboradoras, otra norma vinculada a la Ley de Simplificación.

Según ha explicado, esta figura está pensada especialmente para los pequeños ayuntamientos, que en muchos casos cuentan con limitaciones de personal técnico o recursos administrativos para gestionar determinados procedimientos.

Las entidades colaboradoras podrán apoyar a los municipios en la tramitación de expedientes urbanísticos y ambientales, facilitando así que los ayuntamientos puedan resolver con mayor rapidez las gestiones que requieren informes técnicos o procedimientos complejos.

Una ley para modernizar la Administración regional

El decreto se enmarca en la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha, que entró en vigor el pasado mes de agosto y que tiene como objetivo avanzar hacia una Administración más moderna, dinámica y digitalizada.

La normativa persigue también impulsar una administración más proactiva y cercana a los ciudadanos, con procedimientos más ágiles y adaptados a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido económico regional.