Castilla-La Mancha ve con preocupación los acuerdos con "un aliado extremista de derechas"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que el acuerdo de inmigración entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat supone que el Gobierno facilita "que mañana Junts quiera decidir si expulsa o no a inmigrantes", lamentando el "flaco favor" que se le hace al president, Salvador Illa, con este acuerdo.

En rueda de prensa a preguntas de los medios se ha pronunciado la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, que ha adelantado que este jueves se pronunciará sobre este tema el presidente, Emiliano García-Page, "de manera rotunda y contundente".

La consejera portavoz ha tildado a Junts de "aliado extremista de derechas" que mantiene una postura que relaciona "la inmigración con la delincuencia y con criminalizar a los que vienen a nuestro país". Algo que "nada tiene que ver con las políticas migratorias que defiende la izquierda" y se acerca más a los postulados "racistas de Donald Trump y la extrema derecha".

"¿Qué hubiéramos dicho si Trump hubiera dicho que hay que expulsar de Estados Unidos a quien no habla inglés? Bueno, pues esto lo ha dicho Trump y ayer lo dijo Puigdemont. Y se lo hemos permitido", ha aseverado Padilla.

De este modo, según el Gobierno de Castilla-Las Mancha, "le hacen un flaco favor al president Illa, entregando a Junts y a la ultraderecha independentista catalana el megáfono esparcidor de odio, creando una imagen de los inmigrantes y presentando a los inmigrantes como el problema de Cataluña".

Por ello, la Junta defiende "que el presidente Illa es una garantía para no poner en riesgo el modelo que defiende la política migratoria integradora", al tiempo que ha pedido esperar a saber cómo se sustancia este acuerdo en el Congreso, porque "no parece que vaya a salir la iniciativa", ya que "Vox y PP, Podemos y parte de Sumar están en contra".

En la misma línea, ha rechazado que "se quiera naturalizar este tipo de acuerdos" delegando competencias como la inmigración, un ámbito "muy sensible", que la Constitución Española, en el artículo 149, "dice que es una competencia exclusiva del Estado".

Así, ha añadido que no se van a "enredar por la conveniencia o no de ese debate constitucional, porque el fondo es mucho más grave". "Creemos que hay competencias como esta que nunca deberían dejar de ser del Estado".

También ha mostrado su preocupación la consejera portavoz por "la rabia que se pueda hacer en la Policía y la Guardia Civil" tras este acuerdo y nuevamente ha insistido en que la postura del partido de "Puigdemont, de Vox y de Aliança Catalana consiste en relacionar continuamente la inmigración con la delincuencia".

AMENAZAS ARANCELARIAS DE TRUMP

En otro orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha pronunciado sobre la propuesta del PP de presentar una iniciativa parlamentaria para mostrar el rechazo de la región a la política arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, señalando que hasta ahora "ha estado callado", pero por fin ha "dicho algo frente" a las amenazas del líder estadounidense.

Durante su comparecencia, a preguntas de los medios, la consejera portavoz se ha pronunciado al respecto de esta idea de los 'populares' en la región, al tiempo que ha defendido que "desde el primer minuto" el Ejecutivo castellanomanchego mostró su rechazo "a la implantación de aranceles que pueden perjudicar a los productores, a los agricultores y ganaderos".

Asimismo, ha criticado que el Partido Popular se posicione a este respecto "en función de la ola nacional, en función de lo que le dicen desde Madrid".

Ha recordado que en este sentido el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado un debate general en las Cortes de Castilla-La Mancha "también sobre este tema, y evidentemente mostrará su condena y su rechazo rotundo a la implantación de los aranceles".

Por ello, ha señalado que la novedad es que, después de que el Partido Popular "hasta ahora haya estado callado", con "Vox apoyando a Trump", por fin "ha dicho algo frente a los aranceles".

"Yo le pediría --al PP-- que lo primero que tiene que hacer es hablar con su socio en muchos ayuntamientos, con Vox, que apoyan las medidas que Trump quiere implantar y que perjudican a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros productores".

Padilla ha aprovechado para "mandar un mensaje positivo a agricultores, ganaderos y productores que se pueden ver afectados por la implantación de aranceles, que Vox respalda".

CSIF "MIENTE" AL HABLAR DE MALTRATO A FUNCIONARIOS

Por otra parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reunirá con el sindicato CSIF cuando "la agenda lo permita" y el Gobierno regional le ha acusado de "mentir" cuando la organización sindical habla de "maltrato" al empleado público por parte de la Junta.

La consejera portavoz ha reaccionado de este modo, después de que el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, reclamara una reunión con el presidente tras varios intentos fallidos, trasladando su hartazgo por ello en una entrevista con Europa Press.

Ha sido a preguntas de los medios, cuando Padilla ha garantizado que el encuentro "se va a producir", pero ha criticado que Domínguez describa "una realidad de manera un poco confusa".

Ha afirmado que la comunicación del Gobierno regional con los sindicatos, incluido CSIF, "es permanente y continua" desde que García-Page asumió en 2015 la Presidencia de Castilla-La Mancha, por lo que ha considerado "injusto" trasladar "una imagen que no es real, para presionar el tener un encuentro con el presidente".

Esta actitud de CSIF, según Padilla, supone "un desprecio al trabajo que los propios sindicatos, los representantes de los empresarios y el Gobierno están realizando desde el año 2015", siendo el Ejecutivo "que más acuerdos y más diálogo practica con los agentes sociales".

Desde el primer momento, "lo que se ha hecho es trabajar para revertir todos los recortes" del PP, ha defendido Padilla, y le ha dicho a CSIF que esto lo tenga "muy presente".

"Decir que este Gobierno no cuida el empleo público, sinceramente, es mentir. Porque hay una apuesta decidida por el empleo público", ha asegurado la consejera portavoz, enumerando las medidas que el Gobierno regional ha promovido en favor de devolver a los empleados públicos "los derechos perdidos".

"Vamos a seguir trabajando en esa línea y con un respeto absoluto a los empleados y empleadas públicas, que además somos conscientes que son el mejor activo que tiene la Administración para prestar los servicios a los ciudadanos y ciudadanas de la región", ha rematado.

CUSTODIA DE LA BEBÉ DE TOLEDO

De otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado prudente ante la petición de la Fiscalía provincial de devolución de la bebé de Toledo a sus padres, remitiéndose al pronunciamiento que haga el juez, que dictaminará "lo que hay que hacer".

Durante su comparecencia, la portavoz ha confirmado que la Fiscalía ha solicitado la devolución de la bebé a su familia, "pero el juez todavía no se ha pronunciado".

"Nosotros hemos facilitado toda la información que tenemos, todos los informes para que el juez finalmente dictamine y sentencie, que es quien lo tiene que hacer. Así que, de momento, seguimos siendo prudentes y esperamos a que el juez diga lo que hay que hacer", ha remarcado.

REGISTRO DE SANITARIOS OBJETORES

Respecto a los asuntos del Consejo de Gobierno, se ha aprobado el decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, “tal y como exige la reforma de la ley del aborto aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023”, según ha informado la consejera portavoz.

En este sentido, Padilla ha informado de que esta medida se aplicará especialmente a las personas profesionales de medicina y enfermería, tanto en el ámbito público como privado, “que son quienes están directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo”, tal y como ha especificado.

El primer objetivo del decreto es crear y regular este registro para profesionales sanitarios, así como establecer el procedimiento para la declaración de la objeción de conciencia, que consistirá, según Padilla, en que “todo aquel profesional sanitario que no desee realizar dicha intervención deberá presentar con carácter previo una declaración escrita de objeción de conciencia”, medida que se hará de manera individualizada ante la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.

En concreto, la consejera ha detallado que se presentará mediante el envío telemático a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es

La portavoz regional ha hecho hincapié en que este registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal, a la vez que ha aclarado que “únicamente las direcciones de cada Gerencia sabrán cuales de sus médicos se acogen a este registro de objeción de conciencia; ya que uno de los objetivos es, precisamente, facilitar este listado para conocer la disponibilidad de médicos o enfermeras disponibles para interrumpir embarazos”.

La declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. Entrará en vigor a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castila-La Mancha, que será “previsiblemente el viernes o el próximo lunes”, tal y como ha destacado la consejera.

AGUA POTABLE EN LA LLANURA MANCHEGA

En otro orden, el Consejo de Gobierno ha autorizado está semana la segunda prórroga del encargo a Tragsa por parte de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha de la operación, mantenimiento y conservación del sistema de abastecimiento de agua potable en la Llanura Manchega por más de 2,4 millones de euros.

Con esta segunda prórroga, según palabras de Padilla, el Ejecutivo de García-Page garantiza por un año más la gestión del Sistema de Abastecimiento Llanura Manchega,” asegurando agua en cantidad y calidad para 13 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real y más de 70.000 personas”. Por todo ello, ha hecho hincapié en que se trata de “garantizar un perfecto funcionamiento de esta infraestructura y cumplir con el compromiso del Gobierno regional de asegurar el abastecimiento de agua a los municipios que lo necesitan, así como para mejorar la calidad de agua potable”.

Por tanto, se benefician de la medida un total de nueve municipios de la provincia de Cuenca, que son Los Hinojosos, Las Mesas, Belmonte, Las Pedroñeras, San Clemente, El Pedernoso, El Provencio, Villamayor de Santiago y Mota del Cuervo. También, dos localidades de la provincia de Ciudad Real, Pedro Muñoz y Socuéllamos; y otros dos de la provincia de Albacete: Minaya y Villarrobledo.

Padilla también ha hecho referencia durante su intervención de la reciente aprobación, por parte del Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, de los pliegos y la licitación de las obras del proyecto de abastecimiento del Campo de Calatrava desde un nuevo ramal del Sistema de la Llanura Manchega.

La licitación de estas obras se realizará tras la suscripción del convenio con la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, dependiente de la Agencia del Agua, con ACUAES, que va a ser la responsable de la construcción de este ramal para el abastecimiento y garantizar el suministro al Campo de Calatrava, Daimiel y para situaciones de emergencia a la Mancomunidad del Gasset, por tanto, a Ciudad Real capital y municipios colindantes.

“Desde el Gobierno regional llevamos más de un año trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en buscar las fórmulas para la financiación de este proyecto de 95 millones de euros, que contará con cofinanciación de los fondos europeos FEDER”, tal y como ha especificado la consejera, quien ha añadido que, previsiblemente, el convenio se firmará este mes de marzo.

CESIÓN DE EDIFICIO A ALMADÉN

Por último, la portavoz regional ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el acuerdo de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital gracias al cual se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Almadén el uso de parte de un edificio de la localidad propiedad de la Junta de Comunidades, situado en el número 42 de la plaza Waldo Ferrer

En cuanto a la cesión, se hace de manera gratuita “para fines de utilidad pública o de interés social”, ha explicado Padilla. En concreto, según lo acordado, el Ayuntamiento dedicará la segunda planta del inmueble a un museo, dedicado instalar obra de la pintora local de arte contemporáneo Sofía Reina, mientras que el local en planta baja será una sede para el asociacionismo local.