Castilla-La Mancha prepara una demanda contra el Gobierno para que cambie las reglas del trasvase

Castilla-La Mancha elevará al Gobierno de España una demanda para exigir el cumplimiento de la normativa de planificación hidrológica y la adaptación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Esta fue la principal comunicación trasladada este martes por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también detalló la inversión de 152 millones de euros para ampliar las zonas de depuración de aguas residuales, defendió el Plan regional de Biometanización y se refirió al problema de abastecimiento de Atienza (Guadalajara).

La Junta acelera la vía judicial para forzar al Gobierno a aplicar las nuevas reglas del trasvase

Castilla-La Mancha ha activado ya todos los resortes jurídicos para llevar al Gobierno de España ante los tribunales si no se adapta de inmediato la normativa de explotación del trasvase Tajo-Segura a las obligaciones fijadas en la última planificación hidrológica del Tajo. Así lo anunció la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, al detallar que los servicios jurídicos de la Junta están ultimando la demanda, siguiendo la instrucción directa del presidente Emiliano García-Page de presentarla “lo antes posible”.

La consejera subrayó que esta acción judicial no es una decisión improvisada, sino la consecuencia de meses de advertencias y de reiteradas llamadas a cumplir la legislación vigente. La planificación hidrológica, aprobada mediante Real Decreto, obliga a introducir una adaptación de las reglas del trasvase —con especial atención a los caudales ecológicos— que, según el Ejecutivo castellanomanchego, el Gobierno central está demorando de manera injustificada.

Aunque Gómez no quiso precisar si la demanda podría estar lista a lo largo de enero, sí insistió en que la Junta no está dispuesta a esperar más, sobre todo cuando el Gobierno estatal ha trasladado su intención de aguardar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Según afirmó, Madrid ha reconocido que adoptará una decisión “en función de lo que salga” de esa sentencia.

La consejera rebatió tajantemente este planteamiento, recordando que ya existen sentencias firmes que avalan tanto los criterios fijados para la planificación del Tajo —incluido el establecimiento de caudales ecológicos— como la obligación de avanzar a máximos en la progresión prevista para el periodo 2025-2027. Subrayó que esas resoluciones judiciales tienen un efecto directo sobre los ecosistemas protegidos de la Red Natura 2000, especialmente sobre el río Tajo a su paso por Toledo, donde la falta de caudal ecológico ha sido acreditada en informes ambientales y sentencias previas.

“El Gobierno de España no necesita esperar a ninguna sentencia para hacer lo que tiene que hacer”, insistió Gómez, quien recordó que Castilla-La Mancha ha presentado dos propuestas técnicas detalladas para facilitar al Estado los cálculos y ajustes necesarios. Pese a ello, la Junta continúa sin respuesta y mantiene pendiente una reunión tanto con la Vicepresidencia Tercera como con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

A esta situación se suma un nuevo elemento que para la Junta evidencia la necesidad de actuar: la Comisión de Explotación del Trasvase se reunirá este miércoles y previsiblemente aprobará un envío de 27 hectómetros cúbicos correspondientes a tres meses, aplicando la regla de normalidad debido a la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Gobierno regional rechaza esta interpretación por considerarla contraria a la disposición incluida en la normativa de planificación, especialmente cuando aún quedan pendientes 64 hm³ de trasvases autorizados del año hidrológico anterior.

Este nuevo trasvase —que se sumaría a los volúmenes pendientes de ejecución— es para la Junta una muestra más de que la planificación vigente no se está aplicando en los términos acordados, lo que refuerza, según Gómez, la necesidad de judicializar el asunto para “defender los derechos de Castilla-La Mancha, la legalidad vigente y los valores ambientales del río Tajo”.

152 millones para ampliar y modernizar la depuración: una quinta zona y más de 260 instalaciones

El Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión y la publicación, este 14 de enero, de la licitación del servicio de operación, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. La licitación, con un importe base de 152 millones de euros y una duración de cuatro años ampliables en uno más, permitirá modernizar la gestión y ampliar las zonas de depuración existentes.

Actualmente, estas EDAR dan servicio a 554.000 habitantes de 257 municipios, y con la nueva contratación se ampliarán las zonas de depuración en un 12%, pasando de cuatro a cinco zonas, divididas en diez lotes. Además, se prevé un incremento del 18% en los habitantes equivalentes, alcanzando los 1.834.266.

La consejera subrayó que esta inversión garantizará un tratamiento del agua “más eficiente”, en cumplimiento de las obligaciones europeas y con el compromiso de que el agua que retorna a los cauces lo haga “con la mayor garantía de sostenibilidad y salubridad”.

El contrato incorpora también la previsión de nuevas EDAR en los próximos cuatro años. En 2026 se pondrán en marcha las depuradoras de Tobarra, Alcaraz y San Pedro (Albacete); San Clemente-El Provencio (Cuenca); Uceda, Brihuega y Chiloeches (Guadalajara); y Quero, El Toboso y Los Yébenes (Toledo).

Además, se iniciarán las obras de las depuradoras de Tarancón, Torrenueva, El Robledo, Cobisa, Argés, Sonseca y Pedro Muñoz, al tiempo que se licitarán otras siete en Albacete y Toledo: La Gineta, Mahora, La Guardia, Recas, Seseña Viejo, La Puebla de Almoradiel y La Villa de Don Fadrique.

La licitación cubrirá la gestión de 265 EDAR, que tratan actualmente 53 millones de m³ de aguas residuales al año.

La Junta defiende el Plan de Biometanización frente a críticas: “Regula, no fomenta nuevas plantas”

Gómez también respondió a las críticas de colectivos sociales por la proliferación de proyectos de macroplantas de biogás y biometano en la región. Explicó que el Plan regional de Biometanización no incentiva la construcción de nuevas instalaciones, sino que regula de forma transparente los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran transformar residuos orgánicos en biometano.

La consejera planteó que, en ausencia de este tipo de infraestructuras, habría que determinar “dónde irían los residuos” generados en la Comunidad Autónoma, que suman hasta 15,9 millones de toneladas entre vinazas, estiércoles, pajas o lodos de depuradora. Recalcó que el plan garantiza que las plantas se ubiquen en zonas adecuadas, evitando afecciones y evitando que los camiones atraviesen núcleos urbanos. Además, recordó que los ayuntamientos mantienen la potestad de autorizar o no la instalación de proyectos en su término municipal.

Gómez defendió igualmente que las plantas, bien diseñadas, no generan contaminación, y aseguró que el Gobierno regional será “vigilante” con cualquier instalación que incumpla sus autorizaciones ambientales, pudiendo llegar a sancionar o cerrar las que no respeten la normativa.

El segundo periodo de información pública del plan concluyó en diciembre con 65 alegaciones, algunas acompañadas de hasta 2.400 firmas.

Respecto a la contratación de Biovic Consulting, empresa elaboradora del estudio previo, explicó que se trató de un contrato menor destinado exclusivamente a analizar los residuos existentes en la región y “en ningún caso” a desarrollar el plan regulatorio, que es competencia exclusiva del Gobierno.

Asimismo, aclaró que el plan limita la recogida de residuos a un radio de 30 kilómetros, de modo que una planta no podrá instalarse si no cuenta con recursos cercanos disponibles. Sí podrán tratar residuos de municipios próximos situados en otras comunidades autónomas siempre que entren en ese radio, aunque insistió en que el transporte a larga distancia “no es viable” ni se promueve.

Por su parte, el colectivo Stop Ganadería Industrial denunció la existencia de 71 proyectos de macroplantas en distintos grados de tramitación en la región —34 en Toledo, 15 en Albacete, 13 en Ciudad Real, 5 en Cuenca y 3 en Guadalajara— y alertó de una “burbuja especulativa” alimentada por fondos europeos.

Atienza no ha solicitado ayuda formal por el problema de agua, pero la Junta ofrece colaboración

En relación con la situación de Atienza (Guadalajara), cuyo municipio sufre problemas de abastecimiento desde finales de diciembre, la consejera aseguró que la Junta no ha recibido ninguna petición formal de ayuda, aunque mostró “total disposición” a intervenir si el Ayuntamiento así lo solicita.

Gómez explicó que la Junta solo puede actuar si el municipio pide conveniar su sistema de abastecimiento con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha o si solicita una obra de urgencia a la Agencia del Agua, circunstancias que no se han dado.

La avería tuvo su origen en el pozo principal de Portacaballos de Fuera la Villa, donde, durante la sustitución de una bomba averiada, se desplomaron al fondo del sondeo la nueva bomba y unos 90 metros de tubería, inutilizando el pozo a más de 100 metros de profundidad. Desde entonces, el Ayuntamiento ha recurrido a un pozo secundario, cuyo agua no es apta para el consumo humano según los análisis de Sanidad.

Entre 250 y 400 habitantes, según la época, dependen desde entonces del suministro mediante garrafas. La Diputación de Guadalajara está colaborando en el reparto de agua, aunque persisten dificultades de acceso, especialmente para personas mayores o sin transporte. La falta de agua potable también afecta a la actividad económica local.

La Diputación ha recomendado legalizar el manantial y los sondeos actuales ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, y como medida temporal, restablecer el agua corriente solo con captaciones que no superen los límites de arsénico. Además, continúa con la licitación de una empresa especializada para intentar rescatar la bomba hundida y se ha comprometido a analizar el estado de la red de abastecimiento.