Castilla-La Mancha denuncia un modelo que la deja por debajo de la media y favorece a Cataluña

Castilla-La Mancha ha elevado este fin de semana su tono político en uno de los debates estructurales más sensibles del país: la reforma del modelo de financiación autonómica. Después de que el presidente Emiliano García-Page denunciara este viernes que la propuesta presentada por el Gobierno central supone un “atropello” a la igualdad entre territorios, este sábado se han sumado las voces del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y de la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, reforzando una posición de rechazo frontal a un sistema que consideran injusto, regresivo y negociado a espaldas del conjunto de comunidades autónomas.

El planteamiento del Ministerio prevé elevar en 2027 la financiación autonómica hasta 224.507 millones de euros, con un incremento global de 20.975 millones, un mayor porcentaje de cesión de IRPF e IVA, nuevos impuestos cedidos, un fondo climático de algo más de 1.000 millones y un paquete de nivelación cercano a los 19.000 millones. Pese a ello, los cálculos preliminares sitúan a Castilla-La Mancha obteniendo 1.248 millones adicionales en 2027, una cifra que el Ejecutivo castellanomanchego no considera suficiente para corregir la “infradotación histórica” del territorio ni para garantizar la prestación en igualdad de condiciones de los servicios públicos esenciales.

Page enciende la alarma: de la igualdad al “suicidio político”

Este viernes, Page fue especialmente severo al afirmar que el modelo “no responde a la España constitucional”, acusándolo de ser un acuerdo “bilateral”, “profundamente desigual” y contrario a la cohesión territorial. Sostuvo que se trata de un planteamiento que rompe con el principio de progresividad y deriva hacia un esquema “regresivo” y “fiscalmente incoherente”. En un mensaje de fuerte calado político, advirtió que no va a apoyar “un suicidio político de la izquierda” y que, antes de permitir la aplicación de un sistema así, “prefiere que hablen los españoles y que lo hagan muy claro”.

Las palabras del presidente marcaron el camino para las reacciones de este sábado, en las que su Gobierno endureció aún más la crítica.

Ruiz Molina denuncia un modelo negociado “sólo con Cataluña” que consagra la ordinalidad y reduce la solidaridad

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, elevó este sábado la posición crítica del Ejecutivo autonómico y advirtió de que la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda “condena a Castilla-La Mancha a seguir financiada por debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas”. Señaló que, con la información disponible hasta ahora —procedente únicamente de los dosieres difundidos por el Ministerio y de la intervención pública de la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero—, la región volvería a quedar en la misma situación de infradotación que ya arrastraba con el modelo anterior.

El consejero subrayó que existe un hecho que considera “incuestionable”: se trata de un modelo acordado únicamente con los independentistas catalanes, quienes han negociado directamente con el Ministerio de Hacienda “poniendo sobre la mesa los intereses particulares de la comunidad autónoma de Cataluña”. A partir de esa premisa, sostuvo que es imposible que un diseño pactado de manera bilateral pueda responder al interés general y satisfacer las necesidades del conjunto de territorios. “Si el modelo se hubiera negociado solo con Castilla-La Mancha, también habríamos planteado nuestras demandas históricas. Ningún proceso así puede generar equilibrio territorial”, afirmó.

Ruiz Molina insistió en que la propuesta “no es un auténtico modelo de financiación que tienda a sufragar los costes reales de los servicios públicos de competencia autonómica”, sino más bien “una metodología para trocear la riqueza nacional entre los territorios”, sin atender adecuadamente a las cargas que asume cada comunidad. En su opinión, no tiene en cuenta factores decisivos como la dispersión poblacional, el envejecimiento, la baja densidad o la menor capacidad fiscal de regiones como Castilla-La Mancha.

Uno de los puntos que calificó de más preocupantes es la consagración del principio de ordinalidad, planteamiento defendido por Cataluña y que garantiza que las comunidades con mayor capacidad tributaria mantengan siempre su posición relativa en recursos tras el reparto. Según el consejero, esta lógica implica que los territorios con más renta per cápita “tendrán derecho a más recursos y a prestar los servicios en mejores condiciones”, mientras que aquellos con menor capacidad económica “quedarán condenados a ofrecerlos en peores condiciones”. Este diseño, dijo, “reduce la solidaridad interregional”, otorga más financiación a los territorios más ricos y resulta “claramente regresivo e incompatible con el principio de igualdad” que debería garantizar que todos los ciudadanos reciban los servicios públicos esenciales en condiciones similares, independientemente de la comunidad en la que residan.

El titular de Hacienda señaló que la ausencia de información completa impide realizar un cálculo definitivo del impacto, pero advirtió de que, si Cataluña resulta muy beneficiada con el nuevo modelo, “es a costa del resto de regiones”. Para Castilla-La Mancha, afirmó, el esquema propuesto perpetúa la distancia respecto a la media y limita la capacidad de la comunidad para financiar en igualdad los servicios fundamentales.

Padilla denuncia privilegios, exclusividad y un acuerdo “con un solo partido y un solo territorio”

En paralelo, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, reforzó públicamente la posición del Ejecutivo con un mensaje divulgado en X. En él acusó al Gobierno de España de haber pactado el modelo con “un partido político que defiende sólo los intereses de un territorio”, subrayó que la propuesta “garantiza que su comunidad siempre gana” y advirtió de que, si en el futuro se produjera una situación económica adversa, “lo pagarán el resto”. Padilla calificó este planteamiento de “privilegio” y “exclusividad” y recordó que ese nunca fue —dijo con rotundidad— “la hoja de ruta del PSOE”.

Un Gobierno regional alineado, con mensaje interno y externo

Las declaraciones de Page, Ruiz Molina y Padilla dibujan una posición compacta del Gobierno castellanomanchego, que sostiene que la reforma de la financiación autonómica debe surgir de un debate multilateral, transparente y articulado en criterios objetivos, y nunca de un acuerdo bilateral que pueda generar agravios entre territorios. La Junta reclama que el modelo mida adecuadamente los costes reales de prestación de los servicios públicos fundamentales, especialmente en regiones con dispersión poblacional, envejecimiento o menor capacidad tributaria, y remarca que su defensa de la igualdad territorial es compatible con el reconocimiento de singularidades, pero no con la existencia de privilegios.

A la espera de que el Ministerio facilite toda la información técnica necesaria para realizar un análisis completo, el Ejecutivo autonómico mantiene que seguirá defendiendo una financiación suficiente, justa y basada en la solidaridad entre territorios, “sin excepciones y sin atajos”. La tensión política en torno a este debate continuará en los próximos días, con Castilla-La Mancha dispuesta a liderar la contestación al modelo si no se corrigen —insiste— sus desequilibrios de origen.