CONSEJO DE GOBIERNO

Castilla-La Mancha modifica la ley farmacéutica con especial atención a las áreas rurales

La reforma de la Ordenación del Servicio Farmacéutico refuerza la protección de las boticas en municipios en riesgo de despoblación, incorpora nuevas medidas de seguridad sanitaria y actualiza la regulación de servicios en residencias y centros penitenciarios. El Consejo de Gobierno aprueba también la obra de protección contra incendios en la residencia ‘Las Pocitas del Prior’ y da luz verde al nuevo Consejo Asesor de Asuntos Taurinos.
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado en rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado en rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno

La actualización de la normativa farmacéutica será uno de los principales cambios legislativos que Castilla-La Mancha afrontará en los próximos meses. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ordenación del Servicio Farmacéutico, una reforma que, según explicó la consejera Portavoz, Esther Padilla, nace con un objetivo claro: asegurar el acceso equitativo y seguro a los medicamentos en toda la región, con especial atención a los pueblos más pequeños, donde el mantenimiento de una oficina de farmacia puede ser determinante para la calidad de vida y la atención sanitaria.

A esta decisión se suman otros acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico, entre ellos la aprobación del expediente de obras para renovar la protección contra incendios de la residencia de mayores ‘Las Pocitas del Prior’, en Puertollano, y la creación del nuevo Consejo Asesor de Asuntos Taurinos, que sustituirá a la Mesa de la Tauromaquia para dotar de mayor agilidad y eficacia al trabajo en este ámbito tradicional y cultural de la región.

Una reforma para blindar la farmacia rural

El proyecto de ley aprobado actualiza la normativa para adaptarla a los cambios producidos a nivel estatal y armonizar el funcionamiento del sistema farmacéutico autonómico con las garantías vigentes en el resto del país. Padilla subrayó que no se trata de un “mero cambio técnico”, sino de una reforma con incidencia directa en el medio rural para evitar el cierre de farmacias y asegurar la continuidad del servicio incluso en situaciones críticas.

La portavoz destacó que la nueva regulación dedica un espacio específico a las unidades de Radiofarmacia, clarificando funciones y requisitos, e incorpora por primera vez la regulación de la asistencia farmacéutica en centros penitenciarios, permitiendo la creación de servicios de farmacia propios.

La ley introduce además la definición regional de alerta, que permitirá retirar lotes de productos farmacéuticos o sanitarios en caso de defectos de calidad y comunicar los riesgos asociados a la población, en línea con los sistemas de seguridad nacionales y europeos.

Nuevos servicios en centros sociosanitarios

El proyecto impulsa mejoras en la atención farmacéutica en residencias y centros sociosanitarios. Los centros con más de cien camas podrán disponer de un servicio de farmacia propio y se contempla la creación de depósitos de medicamentos vinculados al SESCAM, una herramienta clave para asegurar tratamientos complejos en personas mayores y dependientes.

Medidas excepcionales y flexibilización en zonas despobladas

El compromiso con el medio rural es el eje de la reforma. Padilla explicó que cuando existan situaciones sanitarias excepcionales, dificultades de desplazamiento, dependencia o vulnerabilidad, se permitirá la dispensación no presencial de medicación, incluida la entrega en el domicilio del paciente o en locales sanitarios cercanos con todas las garantías.

Para facilitar la supervivencia de las farmacias rurales, se elimina el requisito de distancia mínima con el centro de salud en poblaciones de menos de 1.500 habitantes. También se suprime la distancia mínima entre oficinas de farmacia en localidades con alta densidad y falta de locales disponibles.

Otra medida destacada es la autorización de botiquines provisionales cuando un municipio con una única farmacia sufra una catástrofe o un cierre inesperado, garantizando la atención incluso en circunstancias críticas.

La norma incorpora además la figura del farmacéutico regente, designado por la Administración para evitar cierres repentinos mientras se prepara un nuevo concurso.

La ley refuerza la profesionalización de la actividad farmacéutica, exige técnicos titulados para la dispensación y ordena la transmisión de farmacias, limitando la herencia a una única generación. Asimismo, amplía la regulación de los botiquines veterinarios y clarifica quién puede dispensar medicamentos veterinarios.

Tras su aprobación, el proyecto se remite a las Cortes regionales, donde se prevé su aprobación definitiva durante el primer trimestre de 2026.

Mejora de la seguridad en la residencia ‘Las Pocitas del Prior’

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de obras para la adecuación de la protección activa contra incendios en la residencia ‘Las Pocitas del Prior’, una inversión superior a 1,2 millones de euros destinada a reforzar la seguridad de residentes y trabajadores.

La intervención actuará sobre los sistemas que funcionan durante el incendio —extintores, rociadores automáticos, bocas de incendio, detectores y alarmas— para adaptar el complejo a la normativa vigente.

Un nuevo órgano para impulsar los asuntos taurinos

El Ejecutivo regional ha aprobado también la creación del Consejo Asesor de Asuntos Taurinos, que sustituirá a la Mesa de la Tauromaquia de 2014 con el fin de dotar de mayor agilidad, eficacia y productividad al trabajo del sector.

La nueva estructura contará con una presidencia, dos vicepresidencias y 19 vocalías que representan a todos los actores del mundo taurino: entidades locales, presidentes de plazas, delegados gubernativos, asociaciones ganaderas, organizadores de espectáculos, abonados, aficionados, colegios profesionales de Veterinaria y Medicina, profesionales taurinos de prestigio y representantes de las consejerías competentes, junto con las delegaciones provinciales de Hacienda.

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