Castilla-La Mancha: Ya no hay excusas para modificar el trasvase
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, advirtió este viernes al Ministerio de Transición Ecológica de que "ya no hay excusas" para no modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, tras la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y avala los caudales ecológicos mínimos del Tajo. El Gobierno regional mantendrá su demanda ante la Audiencia Nacional hasta que el Estado presente una propuesta concreta.
La consejera hizo estas declaraciones antes de presidir la reunión extraordinaria del Consejo Regional del Agua, en la que el Ejecutivo autonómico presentó además su propuesta estratégica de alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que atraviesan la región, con cerca de 200 propuestas de 71 organizaciones sectoriales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha compareció este viernes, 22 de mayo, ante el Consejo Regional del Agua con un doble mensaje político e institucional: la exigencia inmediata al Estado de que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a la luz de la última sentencia del Tribunal Supremo, y la presentación de su propuesta estratégica de alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que atraviesan Castilla-La Mancha. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, presidió la reunión extraordinaria junto a la directora general del Agua, Montserrat Muro.
Antes de entrar al Consejo, Gómez valoró en declaraciones a los medios el fallo del Supremo que desestima el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en concreto contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos. Para la consejera, la resolución "recoge íntegramente las alegaciones que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha y las suscribe como doctrina", y acredita que el presidente Emiliano García-Page ha defendido los intereses de la región "con la legalidad por delante y dándole la razón con sentencias judiciales".
"Ya no hay excusas por parte del Estado: tiene que poner sobre la mesa la modificación de las reglas de explotación y la aplicación rigurosa de los caudales ecológicos", exigió Gómez, quien confirmó haber contactado ya con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para "ponerles de manifiesto que ya es tarde y que tienen que modificar las reglas de explotación". La consejera recordó que el Ejecutivo autonómico mantiene una demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional —ya admitida a trámite— para exigir el cumplimiento del Real Decreto que rige el trasvase, y avisó de que no la retirará hasta que el Ministerio no presente "una propuesta de reglas de explotación que llega tarde y ya sin excusas".
La sentencia sienta además doctrina sobre un punto técnico de fondo: los caudales ecológicos del Tajo "no se pueden aplicar con progresividad", ya que los escalones previstos estaban diseñados "para permitir fundamentalmente a las cuencas del Júcar y del Segura contar con las herramientas para sustituir el agua del trasvase en materia de regadío". Gómez recordó que el Tajo es "el único río europeo que no tiene caudales ecológicos". Aunque todavía está pendiente un recurso de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, la consejera consideró que, a la vista de la doctrina consolidada por el Supremo "recurso tras recurso", ese procedimiento previsiblemente "no va a tener un resultado significativo sobre la decisión que ha tomado claramente el Supremo". Aclaró al mismo tiempo que la posición de CLM no implica oponerse al suministro del Levante: "En ningún caso el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido no tener una reserva de agua estratégica para abastecimiento, incluso para el Levante español".
El PP, en el punto de mira
En clave política, Gómez lamentó la actitud del Partido Popular de Castilla-La Mancha ante el fallo. "Me gustaría escuchar al PP sobre esta sentencia, porque ayer tuvo una oportunidad magnífica en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se debatía en materia de agua y las necesidades hídricas de la región, y pasó de puntillas", afirmó. La consejera fue más directa al señalar que "los dirigentes de Murcia y Valencia han prometido un agua que no es suya" y que, además, "les han financiado los recursos judiciales y los informes técnicos que han intentado desmontar la normativa que rige el trasvase y los caudales ecológicos del río Tajo". Aludió también a encuentros del PP con dirigentes nacionales del partido —en referencia explícita a Bendodo y Feijóo— en los que se defendió que "la única riqueza y lo único que merece la pena en España es la agricultura del Levante español", y preguntó: "¿Y qué pasa con la de Castilla-La Mancha?"
Gómez cerró este bloque recordando el viaje de una delegación autonómica a Bruselas con el Pacto del Agua, que "rige hoy las alegaciones" presentadas ante el Consejo, y denunció que "las interpretaciones del PP son muy diferentes a las que las 71 organizaciones han avalado con 200 propuestas sobre lo que se necesita en Castilla-La Mancha en materia de agua". Una discrepancia que, a juicio del Ejecutivo regional, revela la distancia entre el discurso del principal partido de la oposición y el consenso alcanzado con el conjunto del tejido social y económico de la comunidad en torno a la defensa de sus intereses hídricos.
CLM presenta alegaciones a sus siete cuencas hidrográficas
En ese mismo Consejo Regional del Agua, el Ejecutivo autonómico trasladó su propuesta estratégica de alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033). El documento, alineado con los principios del Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha, recoge cerca de 200 propuestas aportadas por 71 representantes de distintos sectores en mesas de trabajo celebradas en las cinco provincias. Con esta convocatoria, el Ejecutivo da cumplimiento al compromiso adquirido por García-Page de consolidar una posición común "de la mano de toda la sociedad castellanomanchega", en continuidad con el trabajo desarrollado desde la firma del Pacto Regional del Agua en diciembre de 2020.
Gómez subrayó que la región afronta "un momento decisivo para el presente y el futuro de nuestra tierra", y recordó que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de España atravesada por siete demarcaciones hidrográficas, "una realidad singular que no comparte ninguna otra región". El documento, según explicó, "reafirma la necesidad de impulsar un modelo hídrico capaz de garantizar una reserva estratégica de agua para el abastecimiento, el desarrollo económico y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha, especialmente en las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura". El objetivo del Gobierno regional, remarcó, es "seguir avanzando hacia un modelo hídrico basado en el consenso, la sostenibilidad y la garantía de oportunidades para las generaciones presentes y futuras".
Prioridad de cuenca, balances individualizados y regadíos sociales
Entre los ejes centrales de las alegaciones destaca la defensa del principio de unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica: los recursos excedentarios solo podrán considerarse como tales "una vez atendidas las necesidades de la propia cuenca cedente y garantizado el suministro de las distintas demandas existentes". El Gobierno regional reclama además la realización de balances hidrológicos completos e individualizados por cuenca, que incluyan tanto los recursos convencionales como los alternativos, de forma que "las demandas regionales sean satisfechas con carácter prioritario antes de considerar recursos hídricos excedentarios", defendió Gómez.
La propuesta apuesta igualmente por garantizar las asignaciones previstas en los planes hidrológicos vigentes, impulsar los regadíos sociales y compatibilizar los objetivos medioambientales con el desarrollo socioeconómico de los territorios afectados. En paralelo, el documento reclama reforzar las redes piezométricas para mejorar el conocimiento técnico de las distintas demarcaciones y avanzar hacia una gestión "más transparente y eficiente" de los recursos subterráneos, con especial atención a los acuíferos que abastecen a municipios rurales y zonas con escasa cobertura de infraestructuras convencionales.
Otro eje relevante es la atención a los pequeños municipios y las zonas afectadas por la despoblación, con medidas específicas en materia de abastecimiento, calidad del agua de consumo humano y cumplimiento de la normativa de depuración. Castilla-La Mancha, con una de las densidades de población más bajas de España, contempla este eje como una cuestión de cohesión territorial y no solo de gestión hídrica técnica. En el plano de las infraestructuras, Gómez reclamó una transición acelerada hacia un modelo de gestión hídrica resiliente frente al cambio climático. "Necesitamos infraestructuras capaces de garantizar el suministro y responder a cualquier circunstancia derivada del cambio climático", afirmó. La consejera mantuvo además que la Junta adoptará una posición "firme e inflexible" ante la Administración General del Estado para que la planificación del cuarto ciclo incorpore "medidas e infraestructuras realistas y eficaces que respondan a las necesidades del territorio", y defendió que "si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso".
Llamada a la participación antes del 28 de mayo
La consejera aprovechó la comparecencia para animar a ayuntamientos, agricultores, sectores económicos, organizaciones conservacionistas y ciudadanía en general a presentar sus propias alegaciones antes de que concluya el periodo de información pública, fijado para el próximo 28 de mayo. "Este esfuerzo no corresponde únicamente a la Administración regional, queremos que toda la sociedad castellanomanchega participe y haga oír su voz para construir entre todos una planificación hidrológica adaptada a las necesidades reales del territorio", concluyó Gómez.
Las alegaciones presentadas este viernes forman parte del proceso de participación previo a la elaboración definitiva de los Esquemas Provisionales de Temas Importantes, instrumento técnico y político que anticipa los grandes retos y conflictos de uso del agua en cada demarcación para el ciclo 2028-2033, y cuya tramitación sitúa a Castilla-La Mancha en un momento clave para consolidar sus derechos hídricos frente al Estado y al resto de territorios implicados.