Castilla-La Mancha "cumple su compromiso" y atiende a 554 menores no acompañados

El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende en la actualidad a 554 menores no acompañados, de los cuales 84 tienen que ver con los convenios de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz gubernamental, Esther Padilla, al ser preguntada este miércoles al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno.

Padilla ha matizado que la acogida y la atención de menores no acompañados no es solo del convenio de Canarias. "Hay menores que llegan a nuestra región de otras maneras o incluso menores que tenemos que tutelar de Castilla-La Mancha, que son de aquí".

Esta misma semana, ha avanzado, Castilla-La Mancha va a recibir a ocho nuevos menores no acompañados, en virtud al convenio de 2023. "Si no les hemos atendido antes es porque no nos han mandado", ha defendido la portavoz del Gobierno regional.

"En Castilla-La Mancha sí estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos", ha sostenido.

Además, ha comentado que la intención del Ministerio es que para el próximo año, Castilla-La Mancha atienda concretamente --en lo que tiene que ver con Canarias-- a 20 menores.

Padilla ha asegurado que la región va a atender a estos niños y adolescentes con "toda la solidaridad posible", al igual que lo hace con los menores que llevan por otras vías.

Al respecto, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha manifestado la "plena colaboración con la situación que se está viviendo" desde la región con los menores refugiados en Canarias, señalando que "tiene que ser un problema que se tiene que asumir, por supuesto, por parte del gobierno de España en colaboración con las comunidades autónomas", por lo que la administración regional va "a votar a favor de la acogida de los menores".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación previos a su participación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con comunidades autónomas, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, en la que se aborda la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados.

La consejera ha recordado que Castilla-La Mancha ha ofrecido su colaboración desde hace años para dar una salida al problema. "No es el primer año que acogemos a menores de Canarias", ha manifestado en este sentido.

"Es importante conocer la realidad, la realidad que se vive, porque, además, también es importante trabajar en un proyecto no solamente del presente, con una situación de emergencia ya estructural que se está dando aquí en Canarias, sino trabajar a futuro", ha señalado Torijano. "Hay que intentar ir a la raíz de la situación y hay que intentar entre todos buscar posibles soluciones para que lo que hemos visto hoy en el centro no se siga llevando a cabo", ha añadido.

Con respecto a la reforma de la reforma de la Ley de Acogida, se ha mostrado a favor de modificar la ley "para poder dar cobertura y, por tanto, para poder garantizar que los derechos de los niños y niñas que están aquí en Canarias se cumplan y se les pueda tener bien atendidos y, por supuesto, con todas las garantías que se merecen".

Asimismo, ha destacado que en el borrado de la Ley que se les ha proporcionado se recoge "una financiación para poder llevar a cabo esta modificación, lo cual es importante porque las comunidades autónomas tenemos un sistema de protección que no queremos que tampoco se vea debilitado y, por tanto, tenemos que garantizar que tanto nuestro sistema de protección".

Según la propuesta del Gobierno de España, Castilla-La Mancha acogería a 20 niños del cupo a repartir de 347.

PROYECTO PRIORITARIO

En otro orden, el Consejo de Gobierno ha designado la Declaración de Interés Regional y también la de Proyecto Prioritario a la planta de acero verde de Hydnum Steel, que estará en el municipio de Puertollano (Ciudad Real) y que "supondrá una inversión de más de 1.600 millones de euros y la creación de 509 puestos de trabajo directos en la localidad; en un primer momento y que se estima que llegará a más de 1.100 empleos directos posteriormente".

Así lo ha declarado este martes la consejera portavoz, quien ha recordado que la pasada semana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que está doble tramitación suponía "un acelerón extraordinario".

Esther Padilla ha explicado que la entidad Hydnum Steel, S.L., perteneciente al Grupo Russula, "está interesada en promover una actuación que tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente un 98 por ciento de reducción respecto a la generada con los procesos actuales basados en la ruta BF-BOF, alto horno y horno de oxígeno". A este respecto ha avanzado que la actuación contemplada para este proyecto en Puertollano es de casi 200 hectáreas.

Durante su intervención, Padilla ha hecho referencia a que la ejecución de este proyecto se realizará en dos fases, "más una propuesta de expansión futura, que responderá a las necesidades concretas del mercado", tal y como ha declarado.

Sobre la primera fase, Padilla ha dado a conocer que se trata de la construcción de una línea de producción con una capacidad de 1,5 millones de toneladas de acero laminado en caliente, mediante la ruta de horno de arco eléctrico así como hierro de reducción directa de terceros, que finalizará en 2026. Y una segunda fase donde se construirá la planta de reducción directa de hierro, "usando hidrógeno verde para la producción de los reducidos de hierro y que finalizará en 2029", tal y como ha recalcado.

Pero es que además, según palabras de la portavoz regional, la empresa tiene prevista una fase de expansión de 2030 a 2034 con futuras ampliaciones de la planta "con la que estiman que se puedan incrementar en más de 500 el número de empleados, llegando a contar con más de 1.100 empleos directos, lo que puede suponer 5.484 indirectos y 2.531 empleos inducidos". Con estos datos ha querido reflejar la importancia y la magnitud que supone para la Castilla-La Mancha la llegada de este proyecto.

De hecho, Padilla ha indicado que "el impacto económico previsto del proyecto Hydnum Steel en el territorio regional supera los 1.600 millones de euros en los próximos años, durante la fase de construcción; así como un impacto económico de más de 14.000 millones de euros en los próximos 25 años".

A lo largo de su intervención, la consejera Portavoz ha especificado también que en términos de PIB "se estima que generará adicionalmente la cantidad de 11,78 millones de euros de impacto directo y otros 20,58 millones de euros de impacto indirecto e inducido en total durante la construcción y operación del proyecto, con un máximo anual de 1.521 millones de euros, directo, indirecto e inducido, equivalente al 3,6 por ciento del PIB de la región.

La consejera portavoz ha puesto en valor que la llegada de proyectos de esta magnitud "forma parte de los compromisos del presidente García-Page". También, ha hecho referencia a la apuesta que se está haciendo por el hidrógeno verde tanto desde el Gobierno regional como desde el Ejecutivo central. A este respecto, ha indicado que "se trata de la mayor inversión en los valles de hidrógeno en nuestro país", en alusión a los proyectos de Hydnum Steel e Iberdrola. Y ha resaltado que la transición a la industria sostenible "es una oportunidad para este Gobierno, que apostamos por este tipo de proyectos; que han hecho que Castilla-La Mancha esté a la vanguardia".

LEY DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UCLM

En otro orden, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), estando prevista la aprobación de esta nueva ley en las Cortes de Castilla-La Mancha en octubre del 2024, según ha avanzado la portavoz del Gobierno regional.

Padilla ha explicado que los consejos sociales universitarios son órganos en los que forman parte representantes de los intereses sociales de la comunidad autónoma y miembros de la comunidad universitaria.

Actualmente el Consejo Social Universitario está regulado por la ley de 2003 del Consejo Social Universitario de Castilla-La Mancha. La nueva norma incluye novedades, según ha indicado Padilla, siendo "todas ellas consensuadas" con los miembros del Consejo Social y con la propia Universidad de Castilla-La Mancha.

Dentro de estas novedades figura la forma de realizar los nombramientos. Antes el Consejo de Gobierno proponía a una serie de representantes y ahora se elevarán las propuestas desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a las Cortes regionales y serán las Cortes las que harán la aprobación de las personas que proponga la Consejería.

En cuanto a las competencias que marca la LOSU, la nueva ley orgánica del sistema universitario, también hay que hacer adaptaciones en esta nueva reforma. "Ahora el Consejo Social deberá realizar un plan estratégico cada tres años para hacer un Consejo Social más dinámico, más pegado a la sociedad, al entorno de la universidad y, también, un trabajo de captación de fondos y de estrechar las relaciones con los estudiantes".

En el ámbito de la captación de fondos externos, lo podrán hacer con empresas a través de convenios o de colaboraciones y el objetivo es incrementar la financiación para la investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Un tercer aspecto que se modifica es el incremento del número de los miembros del Consejo Social pasando de 19 a 21. Las dos nuevas incorporaciones son uno para perfiles de inclusión --la mesa del tercer sector-- y el segundo para el ámbito de la economía social.

También se incorpora en esta nueva ley la perspectiva de género. El Consejo Social, por lo tanto, tendrá que ser paritario entre hombres y mujeres y "se cuidará de manera importante" en los documentos el lenguaje inclusivo, ha añadido Padilla.

Igualmente, se refuerza la transparencia de este órgano, trabajando en la rendición de cuentas, facilitando el control interno de la universidad directamente al Consejo.

Con en esta nueva norma, ha defendido, se refuerza de alguna manera también la comunidad universitaria en la región y se acerca también el Consejo Social a los colectivos que participan en representación de los intereses sociales de Castilla-La Mancha.

"Seremos una de las primeras comunidades autónomas en hacer estos cambios en los consejos sociales universitarios y nuevamente volvemos a estar a la cabeza en lo que tiene que ver además con la participación, con la transparencia y con el aumento en la democratización de este tipo de órganos", ha subrayado.

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas directas por importe de seis millones de euros para favorecer la contratación indefinida y la conversión de contratos de tiempo parcial a jornada completa. También ha acordado la modificación del Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para favorecer el relevo en actividades y oficios tradicionales en Castilla-La Mancha.

La portavoz ha explicado que esta nueva convocatoria va destinada a fomentar el empleo estable y de calidad en la región, reduciendo el desempleo, "especialmente entre los colectivos más vulnerables". Con ella, también se pretende fomentar el empleo de las mujeres en sectores tecnológicos y en puestos directivos, ha añadido Padilla.

"Estos seis millones de euros se suman a los dos millones de euros aprobados la semana pasada para la contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo y que, con el resto de las subvenciones, hace que el Ejecutivo vaya a movilizar once millones de euros en ayudas al empleo, a los autónomos y al comercio minorista en una semana", ha continuado.

Estas ayudas constan de dos líneas. La primera, con un presupuesto de 5,4 millones de euros, va destinada a subvencionar contratos indefinidos, incluidos los fijos-discontinuos, con una cuantía de hasta 7.500 euros por contrato. "Si bien hay que cumplir ciertos requisitos: como que el centro de trabajo esté en Castilla-La Mancha, la persona contratada se encuentre entre los colectivos recogidos en el decreto y que esté inscrita como demandante de empleo no ocupado", ha añadido.

Por otro lado, la segunda línea, a la que se destinan 600.000 euros, hace referencia a ayudas para la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a jornada completa, mediante las que serán subvencionables dichas transformaciones con hasta 3.500 euros por contrato. "En este caso están excluidos los contratos fijos-discontinuos", ha aclarado la portavoz.

La portavoz regional ha querido destacar que, el marco de la ley contra la despoblación, esta convocatoria hará especial consideración de las zonas despobladas, en riesgo de despoblación y zonas prioritarias. En este sentido, cuando las contrataciones se producen en determinados municipios, se podrán incrementar las cuantías: "por ejemplo, podrá aumentarse hasta un 40 por ciento la intensidad de la ayuda para aquellas solicitudes que se desarrollen en zonas de extrema despoblación", ha explicado la portavoz.

El plazo de presentación de solicitudes para el 2024 será desde el día siguiente al de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el día 30 de noviembre de 2024.

Además, Esther Padilla ha anunciado la modificación del Decreto 267/2023, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, a través de tres líneas para favorecer el relevo en actividades y oficios tradicionales en Castilla-La Mancha.

"Tienen por objeto financiar parcialmente los costes laborales por la formalización de contrataciones y de transformaciones de contratos formativos en indefinidos en estos sectores", ha explicado Padilla, quien ha incidido en que el objetivo es facilitar la formación práctica en los oficios tradicionales de la región y el acceso al empleo de calidad dentro de los mismos.

"En definitiva, dar respuesta a la necesidad de personal cualificado que haga posible el relevo, con especial incidencia en oficios en riesgo de desaparición, así como en aquellos cuyas técnicas están declaradas Bien de Interés Cultural", ha sentenciado.

Padilla ha recordado que las ayudas se convocaron en octubre de 2023, destinándose un crédito de tres millones de euros. La primera de sus líneas comprende las ayudas para la formalización de contratos de formación para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios en actividades y oficios tradicionales y su posterior transformación en contratos indefinidos; mientras que la segunda con subvenciones para la contratación indefinida en actividades y oficios tradicionales.

Los beneficiarios de ambas podrán ser personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o con baja cualificación; personas desempleadas de larga duración; personas con discapacidad; mujeres con baja cualificación o víctimas de violencia de género; personas en situación de exclusión social; así como personas adultas con menores de 16 años o mayores dependientes a cargo.

Por otro lado, la tercera línea incluye ayudas para la transformación en contratos indefinidos de contratos formativos en las actividades y oficios tradicionales.

En cuanto a los aspectos del Decreto que se modifican, Padilla ha mencionado que se ha producido una modulación de la exclusión respecto a la contratación de familiares hasta el segundo grado. "Por tanto, ahora se permite emplear a familiares de hasta segundo grado o hijos menores de 30 años, siempre y cuando no se tenga asalariados antes", ha aclarado Padilla, quien además ha expresado que solo se permitirá una contratación.

En segundo lugar, Padilla ha expresado que la modificación excluye las contrataciones de aquellas personas trabajadoras por las que la misma entidad ya se hubiera beneficiado en alguna convocatoria de las subvenciones reguladas en el Decreto. En este mismo sentido, también incluye la exclusión de las contrataciones de personas trabajadoras por las que otra entidad ya se hubiera beneficiado, "salvo que la contratación sea para el desarrollo de una actividad u oficio diferente a aquel por el que se concedió la subvención", ha puntualizado.

Con la modificación se propone modificar un apartado para adecuar el Decreto a las previsiones normativas de la Unión Europea, haciendo referencia al nuevo reglamento de minimis.

SALUD BUCODENTAL

De otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a renovar a lo largo de este año un total de cuarenta sillones bucodentales ubicados en centros de salud dependientes de las Gerencias de Atención Integrada y de Atención Primaria del Sescam, además de dotar a todas a las Unidades de Salud Bucodental de nuevas autoclaves e incubadores biológicos.

De este modo, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la contratación dentro del Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento hospitalario del Grupo V para las Gerencias del Sescam, de la dotación de cuarenta unidades de sillones maxilofaciales y 134 unidades de autoclaves, con un importe total de 2.210.912 euros.

La adquisición de estos nuevos equipos se realizará con fondos procedentes del Plan de Salud Bucodental, financiado por el Ministerio de Sanidad. Con esta renovación se pretende abordar la obsolescencia tecnológica de los sillones odontológicos que cuentan con mayor antigüedad, para los que ya no existe posibilidad de disponer de piezas de repuesto.

Todos estos nuevos equipos, según ha informado la portavoz del Gobierno regional, van a permitir que Castilla-La Mancha esté "a la vanguardia" también en la atención y en el desarrollo de la ampliación de la cartera de servicios de la salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud.

Son 134 los gabinetes odontológicos que existen en la Atención Primaria de Castilla-La Mancha. En ellos trabajan 84 especialistas en odontoestomatología, 80 higienistas dentales, hay dos unidades de medicina y cirugía oral y seis unidades de salud bucodental.

En los cinco primeros meses de este año todos estos profesionales y "con tanta tecnología", han conseguido atender a 153.000 personas en la región.

CENTRO REGIONAL DE FOLKLORE

Por último, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la modificación del presupuesto de la obra del Centro Regional del Folklore, que se está construyendo en Ciudad Real, en más de medio millón de euros, con el fin de dar un "acelerón" a las obras en marcha para que este proyecto pueda ver la luz "cuanto antes".

La apertura está prevista a lo largo del 2025, según ha recordado la portavoz del Gobierno regional.

Ha informado de que éste es un proyecto que forma parte del Plan Ciudad Real 2025, en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene "una participación muy activa" y ha puesto "mucho empeño".

Actualmente, la Junta de Comunidades está invirtiendo 50 millones de euros en distintas acciones dentro de este proyecto. El Plan Ciudad Real 2025 es un plan que nació con la idea de modernizar Ciudad Real, según ha hecho hincapié Padilla.

El objetivo de este centro es "capturar todo el legado de nuestras tradiciones y salvaguardar nuestras raíces y nuestra identidad", que hace además que "nos sintamos muy orgullosos dentro y también cuando participamos fuera", ha destacado.

Castilla-La Mancha actualmente tiene 72 grupos de folclore y más de 1.400 personas vinculadas en el día a día a esta actividad.

El centro está situado en el casco histórico de Ciudad Real. La planta baja tiene 544 metros cuadrados. En ella se encuentran el salón de actos, salas de ensayo, salas multidisciplinares, salas de reuniones, bibliotecas, salas de consulta y de archivo.