¿Hay jueces prevaricadores?
Naturalmente. Si hay políticos corruptos, escritores fake, médicos negligentes, periodistas mentirosos, empresarios esclavistas, parlamentarios malhablados, amigos traidores, bomberos pirómanos o policías deshonestos, ¿por qué no iba a haber jueces prevaricadores? ¿Qué condición angélica les estorbaría la caída en los abismos de la indecencia en el ejercicio de su profesión?
Diríase que se puede poner en duda cualquier cosa, salvo la infalibilidad de jueces y magistrados, y opinar de todo menos de sus autos, sus instrucciones, sus resoluciones, su comportamiento y sus sentencias. Por alguna razón de índole superior que se me escapa, señalar críticamente su desempeño profesional es tabú, vade retro, lagarto-lagarto, intromisión inaceptable en los predios del Poder Judicial, pero es posible que esa razón que se me escapa no sea otra cosa que el exitoso e intimidatorio blindaje corporativo desde una posición de formidable poder. No todo el mundo tiene en su mano la potestad de arruinar una vida, de modo que el escrutinio de sus acciones debe ser aún más necesario e incisivo que el ejercido hacia ningún otro gremio.
Amanece la semana horribilis para el Gobierno y para el PSOE, en la que la política se traslada a los tribunales, o, cuando menos, la parte más chunga de la política. Que otras partes de esa parte, las que atañen a los ilícitos de la derecha, no se concentren en una semana, pues sus travesías judiciales son más elásticas, más dispersas y hasta más laxas en algunos casos, suscita, como es natural, sospechas, y que otras partes de esa parte chunga de la política no lo sean en sentido estricto, como las relacionadas con algunos familiares del presidente del Gobierno, más sospechas todavía. ¿Es pecado o delito la sospecha? Por lo demás, ¿qué otra cosa es un juicio sino el intento de esclarecer y confirmar o no una sospecha?
Los jueces no deberían dar más miedo que los inspectores de Hacienda, pero sobre ese miedo que dan se edifica, al parecer, su intangibilidad. No hace falta decir, pues, que sólo un control riguroso y no sectario de la judicatura por parte de sus órganos de gobierno y de la sociedad lograrían trocar ese miedo por la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar.