No es eso, no es eso
Pues no, no estoy entre ese 65 por ciento que cree que en nuestro país hay "lawfare", o sea, que hay jueces cuyas decisiones responden a intereses que nada tienen que ver con la Justicia. Lo que sí creo, porque las evidencias son abrumadoras, es que desde el poder político, léase Gobierno y el partido y socios que le sustentan, además del entramado mediático que les es afín, se viene azuzando esta idea que ya ha calado en buena parte de la opinión pública.
No diré que me sorprende que desde el Poder y sus terminales se hayan esmerado en convencer, eso sí, con éxito, que todo asunto que llega a los tribunales, y tiene como protagonistas a personas cercanas al Presidente, al Gobierno o al PSOE, son fruto de campañas infamantes de sus oponentes políticos, y por tanto falsos de toda falsedad. La consecuencia es que cualquier decisión adoptada por los tribunales, que no den la razón al Presidente, a los miembros de su gobierno y de su partido, o a familiares cercanos, son consecuencia de ese "lawfare". Y así, con esta campaña tan falaz como irresponsable, intentan minar la credibilidad del Poder Judicial, que es uno de los bastiones del Estado de Derecho.
Que hayan convencido a parte de la opinión pública, nada menos que al 65 por ciento de la población, es sin duda preocupante. No diré que no pueda haber miembros del "Poder Judicial" que no actúen con la imparcialidad que deben, pero resulta poco creíble que siempre se señale a quienes están investigando o tienen que juzgar a los que forman parte o están en los aledaños políticos o personales del Poder actual. De manera que esas encuestas, aireadas para reafirmar la campaña contra los jueces a los que les ha "tocado" abordar asuntos del Poder, es un capítulo más en esa batalla, que vienen librando precisamente desde el Poder, contra todos los que no se doblegan a sus intereses. Pero no hay gobierno que cien años dure y por tanto también Sánchez pasará porque nadie tiene el don de la eternidad; el problema es que su herencia no puede ser peor: para mantenerse en el Poder, él y los suyos se vienen saltando la Constitución a la torera, se han aliado con los partidos anticonstitucionalistas pagando precios infames, han dividido el país entre sus incondicionales y el resto, y vienen demostrando que en ellos la ambición no tiene límites. Pero vuelvo al principio: convencer al 65 por ciento de la población que en España hay lawfare es peor que un error, es asestar una puñalada a la credibilidad de nuestro sistema del que uno de sus pilares es el Poder Judicial.