Reforma Bolaños: sin consensos
En su afán por controlar la justicia y a los jueces, el ministro Bolaños está tratando de meter a mil jueces por la puerta de atrás y a los fiscales por la gatera. El Gobierno aprobó esta semana el proyecto para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data nada menos que de 1882, y que otorgaría la investigación e instrucción de los procesos penales a los fiscales, en lugar de que la hagan los jueces como hasta ahora.
La reforma en la que se viene trabajando sin éxito desde hace décadas por Gobiernos de distinto signo, es discutible, pero no necesariamente mala. En la mayoría de los países democráticos funciona así. Lo que sucede es que, aquí y ahora, esa reforma tiene muchos riesgos, crea posibles espacios de impunidad, no es urgente -hemos vivido ciento cuarenta años con otro sistema y otra ley- y hacerlo precipitadamente, sin todas las garantías y, sobre todo, sin un gran consenso, aboca a la ley al fracaso.
1.- Es improbable que salga adelante por la falta de apoyos parlamentarios a un Gobierno cada vez más débil.
2.- Quizás lo más grave es la falta de autonomía e independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno -que es quien nombra a "su" fiscal general- y de los fiscales respecto de quien los manda. El Ministerio fiscal , según el artículo 24 de la Constitución, está sustentado sobre el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica y orgánica. La última reforma del Estatuto fiscal ni es suficiente ni garantiza la independencia de los fiscales, como hoy la tienen los jueces. El ejercicio del actual fiscal general, en el banquillo, con nombramientos que luego el Supremo ha revocado es un indicio de claro riesgo. La independencia de los jueces y su sujeción exclusivamente al principio de legalidad es lo que los hace incontrolables y, por tanto, "peligrosos" para el poder.
3.- La Policía Judicial, también la UCO, pasaría a depender del fiscal general, además de del Ministerio del Interior, es decir de dos cargos nombrados por el Gobierno de turno. Si ahora mismo, Interior está tratando de nombrar jefes más afines y de interferir en su labor, con el cambio, este riesgo será mayor.
4.- En estos momentos hay unos 5.500 jueces y 2.700 fiscales, muy por debajo de la media europea. Con la reforma, los números deberían alterarse sustancialmente, lo que supone que muchos jueces deberían pasar a ser fiscales, lo que ni es fácil ni rápido por la falta de preparación técnica de los fiscales para su nueva labor, salvo que Bolaños se invente otra camada de fiscales por la puerta de atrás. No parece viable. Tampoco está suficientemente clara la figura del juez de garantías, los medios con los que contará y sus atribuciones reales.
5.- El cambio provocará una importante y compleja reforma de juzgados y tribunales, de todos los órganos y de las oficinas judiciales, para adaptarlos a la nueva situación y exigirá que muchos funcionarios judiciales pasen a formar parte de la Oficina del fiscal o la contratación de nuevos funcionarios, cuyo conocimiento y preparación para la nueva realidad es una incógnita. Si los medios actuales son insuficientes, con la reforma la situación empeora.
6.- Aunque el ministro dice que el Consejo de Estado y el del Poder Judicial han dado su visto bueno al proyecto -tengo mis dudas-, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su disconformidad.
7.- El ministro asegura que la ley entrará en vigor en 2028, pero todos los anteproyectos anteriores recogían una moratoria de seis años para su aplicación real, por la complejidad del cambio. Es técnicamente imposible que sea en 2028.
8.- La eliminación de la figura de la acción popular, una figura enraizada en el derecho español desde hace siglos es un retroceso democrático que solo busca proteger al poder.
En definitiva, es improbable que esta reforma llegue a puerto ni que resuelva los problemas reales de la justicia. "Sería temerario negar que bajo la legislación vigente no es raro que un sumario dure ocho o más años y es frecuente que no dure menos de dos, prolongándose en ocasiones por todo este tiempo la prisión preventiva de los acusados...". Eso lo dijo hace casi ciento cincuenta años Alonso Martínez, el ministro que llevo a buen puerto la ley que aún está vigente, y que aún hoy tiene una plaza en el centro de Madrid. El ministro actual, que no tendrá nunca ninguna plaza con su nombre, ha dicho que "han tenido que pasar doce Papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que el Consejo de Ministros apruebe una Ley de Enjuiciamiento Criminal". Dos puntualizaciones: quien aprueba las leyes no es el Consejo de Ministros sino el Parlamento y el ministro de Justicia debería ser fiel al ordenamiento constitucional. Y dos: me temo que, para que se apruebe de verdad, van a hacer falta por lo menos 45 presidentes y 107 ministros de Justicia. Al tiempo.