Las pensiones, una bomba de relojería
Las alarmas sobre el sistema público de pensiones vuelven a sonar con fuerza. Dos informes recientes, del Instituto Juan de Mariana y de Fedea, ponen negro sobre blanco lo que muchos economistas llevan advirtiendo desde hace años: las cuentas de la Seguridad Social están al borde del colapso. Según el primero, los ingresos actuales no bastan para cubrir los pagos de las pensiones en el cuarto trimestre del año. El desfase obligará a recurrir, una vez más, a transferencias del Estado que rondarán los 50.000 millones de euros, un parche que maquilla el problema pero no lo soluciona.
El informe de Fedea añade aún más inquietud. Acusa al Gobierno de haber hecho cálculos incompletos al diseñar la última reforma del sistema. No se habría tenido en cuenta que el aumento de las cotizaciones de los autónomos generará en el futuro pensiones más elevadas, ni que los incentivos para retrasar la jubilación -en apariencia positivos- implicarán mayores desembolsos cuando esos trabajadores finalmente se retiren. El resultado, advierte Fedea, es demoledor: el déficit del sistema duplicará el previsto en su día por José Luis Escrivá, cuando era ministro de Inclusión y Seguridad Social.
A pesar de este panorama, el Ejecutivo mantiene su promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC, lo que supondrá un incremento cercano al 3% para 2026. La medida, aunque popular entre los pensionistas, amenaza con abrir un agujero aún mayor en las arcas públicas. Los expertos alertan de que el sistema se sostiene cada vez menos con cotizaciones y más con deuda, lo que compromete la viabilidad futura del modelo. La sostenibilidad de las pensiones, uno de los pilares del Estado del bienestar, se tambalea entre el cortoplacismo político y la falta de reformas estructurales. Mientras el Gobierno prefiere mirar hacia otro lado y seguir repartiendo tranquilidad, los números dibujan una realidad inquietante: la caja de la Seguridad Social está vacía, y el tiempo para evitar su quiebra se agota.
