Nada que celebrar

Marzo y mayo han traído consigo dos aniversarios que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado para reivindicar como grandes éxitos de su gestión: los cinco años de la reforma laboral y los tres años de la ley de vivienda. Sin embargo, más allá de la propaganda oficial, en ambos casos, las medidas estrella del Ejecutivo no solo han incumplido sus objetivos declarados, sino que han contribuido a agravar algunos de los problemas que pretendían resolver. La ley de vivienda nació con la promesa de facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas. La realidad ha sido justamente la contraria.

Desde su entrada en vigor, tanto los precios del alquiler como los de compraventa han seguido aumentando, mientras que la oferta disponible se ha reducido de forma significativa en numerosos mercados urbanos. La intervención sobre los precios y la creciente inseguridad jurídica para los propietarios han provocado la retirada de miles de viviendas del mercado residencial. El resultado es una combinación explosiva: menos oferta y una demanda creciente. En España se crean cada año alrededor de 200.000 nuevos hogares, mientras apenas se construyen unas 100.000 viviendas. Este desfase estructural está generando un déficit acumulado que podría alcanzar las 800.000 viviendas en 2027 y superar el millón en 2030, según datos del Colegio de la Abogacía de Madrid y el Banco de España.

Tampoco la reforma laboral ofrece un balance tan positivo como el que presenta el Ejecutivo. Aunque las estadísticas oficiales reflejan una caída de la temporalidad, numerosos expertos y organizaciones sindicales cuestionan que se haya producido una mejora real de la estabilidad laboral. El ejemplo más evidente es el auge de los contratos fijos discontinuos. Según los datos difundidos por el sindicato USO, en marzo de 2021 esta modalidad representaba apenas el 1% de los contratos registrados. En marzo de 2026 su peso se había disparado hasta el 13,5%. Una parte importante de la reducción de la temporalidad se explica, por tanto, por un cambio de denominación estadística más que por una consolidación efectiva del empleo. Los mismos datos apuntan además a una creciente fragmentación del mercado laboral. El promedio de contratos alcanza ya los 28 por afiliado, un indicador que refleja una elevada rotación y una notable falta de estabilidad. En lugar de crear empleo sólido y duradero, la reforma habría favorecido el reparto del trabajo existente entre más contratos y más trabajadores.

A todo ello se suma el aumento del empleo a tiempo parcial y la reducción de la duración efectiva de los contratos. Aunque formalmente muchos trabajadores figuran como indefinidos, la duración media real del empleo apenas ronda el mes y medio. Esta situación se traduce en menores ingresos, mayor dependencia del pluriempleo y una creciente dificultad para desarrollar proyectos de vida estables. Cinco años después de la reforma laboral y tres años después de la ley de vivienda, la distancia entre los objetivos anunciados y los resultados obtenidos es evidente. La vivienda es más cara y escasa y el empleo, más fragmentado e inseguro. Dos reformas presentadas como transformadoras que, a la luz de los datos, tienen hoy más motivos para la revisión crítica que para la celebración.