Y la AIReF trabajando a ciegas
La advertencia de Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), debería haber encendido todas las alarmas políticas y económicas. "Trabajamos a ciegas", declaró, en referencia a la imposibilidad de fiscalizar el gasto público por la falta de presupuestos y de colaboración de la propia Administración. Un organismo creado a instancias de Bruselas para controlar al Gobierno reconoce que no puede cumplir su función. No es la primera vez que Herrero eleva el tono de la crítica. La AIReF, que nació como un contrapeso técnico e independiente, denuncia reiteradamente la opacidad del Ejecutivo en el manejo de las cuentas. Pero el contexto actual agrava el reproche. El gasto público se ha disparado casi un 6% hasta mayo, rebasando ya los compromisos con la Unión Europea. El Banco de España ha advertido también en la misma línea, alertando de un gasto desbocado que compromete la estabilidad fiscal.
A estas alturas, España es el único país de la Unión Europea que no ha presentado su plan presupuestario para 2025. La ausencia de un proyecto no es un detalle técnico, significa que ni los ciudadanos ni los inversores conocen las verdaderas intenciones del Gobierno. Tal como subraya Herrero, es incluso más grave no tener proyecto que no tener presupuestos. La economía necesita previsibilidad, pero lo que impera es la improvisación. Las cuentas en vigor datan de 2022, un marco desfasado para un escenario económico radicalmente distinto. Mientras tanto, el Ejecutivo opera con lo que ya algunos definen como "presupuesto paralelo", más de 20.000 millones de euros gastados hasta junio sin respaldo de un plan actualizado y sin la debida fiscalización.
La pregunta es inevitable: ¿puede un Gobierno seguir gastando sin rendir cuentas ni ofrecer una hoja de ruta a Bruselas? La AIReF reconoce que no puede cumplir con su mandato, los organismos supervisores advierten de un desvío insostenible, y sin embargo la respuesta oficial parece ser el silencio. La realidad es que el Estado gasta más de lo pactado, no presenta presupuestos y bloquea a su propio supervisor. Bruselas observa y los mercados también. Lo que está en juego no es un tecnicismo contable, sino la credibilidad económica de España.
