Illa, el pacificador
Antes de presidir las celebraciones de la "Diada" en la capital de España, el presidente de la Generalitat pasó este miércoles por el consultorio de Alsina (Onda Cero). Entonces se calzó el chubasquero de los lugares comunes y el escudo de los valores. Le bastó acudir a las generalidades de la ley barnizadas con un cierto toque catalanista para colgarse la medalla del reencuentro y la pacificación sin apearse del relato de Sánchez: la Cataluña de 2017, con el PP en la Moncloa, no tiene nada que ver con la de 2025.
Es lo que tiene el discurso de este amante del orden, católico y seguidor del RCD Español. Que huye de la bronca como salamandra del fuego. El peligro está en bajar a los detalles. Por eso las explicaciones del president sobre su reciente encuentro con el prófugo Puigdemont en Bruselas se quedaron en el deseo de "conocerse" y constatar con respeto que "tenemos posiciones muy alejadas".
"Pero no llegue a ningún acuerdo con él", se apresuró a matizar, no fuera ser acusado de rendirse a las exigencias de un huido de la justicia. Ya, pero el president de ahora reconoce en el de entonces una cara visible -no la única- de lo que considera, junto a su jefe político, Pedro Sánchez, la gran asignatura pendiente en este rincón del mapa político español: la reconciliación de los catalanes después de la sacudida secesionista de octubre de 2017.
Ahí sí se explaya Illa. Según él, la vida política y social de Cataluña no se normalizará hasta que la ley de amnistía se aplique con todas las consecuencias, una vez que el tribunal de garantías la haya declarado "constitucional". Una forma de decir que el empapelamiento de Puigdemont le impide regresar a España y hacer política a pie de calle en Cataluña (no desde Bruselas).
Según él, esa es la anomalía. Que los jueces no se limiten a aplicar el espíritu de una ley fletada por el poder legislativo. Fue menos explícito respecto a la letra, cuya interpretación no es cosa de los legisladores sino de los jueces. Y es el caso que los jueces, a su máximo nivel jurisdiccional, han entendido que el delito de malversación (uso de dinero público para financiar una operación secesionista) no es amnistiable. Ergo. Puigdemont sería detenido y puesto a disposición judicial si vuelve a cara descubierta y sin trucos ocasionales para burlar a la policía.
Niego la mayor. Quiero decir que, de todos modos, no es la ley de amnistía sino la desmotivación del independentismo lo que ha influido en el generalizado sosiego de la vida política catalana durante estos últimos ocho años. Hablo de capas sociales, no de los dirigentes independentistas que, amnistiados o no, inhabilitados o no, siguen diciendo que volverán a intentar la operación cuando se den las circunstancias.
Espero y deseo que Salvador Illa no contribuya a crearlas.
