UPI afirma que el nuevo Plan de Vivienda perpetua la especulación

La Unión Popular de Inquilinos ha rechazado de forma frontal el nuevo Plan de Vivienda presentado por el Gobierno central, al que tacha de "infame y ridículo", y ha denunciado que las medidas anunciadas no responden a la emergencia habitacional que atraviesan miles de personas trabajadoras, jóvenes y familias en todo el país. Así lo ha trasladado la organización a través de un comunicado en el que analiza punto por punto las carencias del plan y formula sus propias exigencias, entre ellas la declaración urgente de zona tensionada.

En su valoración, la UPI sostiene que el plan "deja fuera a la mayoría de la población", tanto a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad como a aquellos que están cada vez más próximos a caer en ella, empujados por el encarecimiento sostenido de los alquileres, la precariedad laboral y la escasez de vivienda accesible.

"La situación actual no es una crisis pasajera: es el resultado de décadas de especulación inmobiliaria, privatización del suelo y políticas que han convertido la vivienda en un negocio", han señalado desde la organización. A su juicio, el plan no supone ningún "cambio de paradigma" y, por el contrario, "repite exactamente el mismo modelo que ha generado expulsión, segregación y guetos".

La UPI ha criticado con especial énfasis que las medidas anunciadas no afronten la emergencia real, concretada en los desahucios y en la ausencia de alternativas de vivienda digna. La organización rechaza lo que describe como "parches asistencialistas" y reclama, en cambio, "viviendas donde desarrollar una vida digna y estable". Asimismo, ha denunciado que el plan elude intervenir sobre una de las causas estructurales del problema: la concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores. "Mientras no se limite la adquisición masiva de vivienda y no se intervenga directamente en el mercado, se seguirá beneficiando a quienes hacen negocio con un derecho básico", han sostenido. Para la UPI, "el derecho a la vivienda debe estar por encima del derecho a la propiedad".

La aplicación del plan, en manos de las autonomías

Más allá del contenido del plan estatal, la organización ha expresado su preocupación por el hecho de que su ejecución quede delegada en las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, la UPI señala directamente la gestión de Gicaman y las recientes declaraciones del presidente Emiliano García-Page —a quien acusan de defender la vivienda como "bien de consumo"— como síntomas de que "todo seguirá igual". "Si quienes han demostrado no saber gestionar vivienda pública son ahora quienes deben ejecutar estas medidas, el resultado será más privatización, más negocio y más exclusión", han advertido.

El caso de Río Yedra

Como ejemplo de la gestión que critican, la UPI ha aludido al barrio de Río Yedra, donde, según denuncian, la empresa pública no solo no atiende a las inquilinas que quieren regularizar su situación, sino que permite la ocupación ilegal de los pisos y la degradación del barrio y su entorno por falta de mantenimiento. "No saben gestionar", han concluido al respecto.

Desde la organización han recordado asimismo que en el casco histórico hay actualmente más de seis familias con más de 20 años de arraigo que están siendo presionadas para abandonar sus viviendas, porque los propietarios han decidido vender o reconvertir los inmuebles en apartamentos turísticos. "Esas son las que conocemos nosotros", han precisado.

Frente al modelo que denuncian, la Unión Popular de Inquilinos ha reclamado un plan de vivienda basado en medidas urgentes y estructurales: movilización de viviendas vacías, recuperación de espacios públicos abandonados —tal y como aconsejan, según señalan, expertos arquitectos de la ciudad—, intervención en los precios del alquiler, prórroga obligatoria de contratos, recuperación del contrato indefinido y paralización inmediata de los desahucios sin alternativa habitacional.

"Estamos ante una emergencia de vivienda que no se resuelve con anuncios ni propaganda institucional. Se resuelve garantizando el derecho efectivo a la vivienda y poniendo límites al negocio inmobiliario", han concluido. La organización ha instado a los vecinos y vecinas a no guardar silencio ante lo que considera "un atropello" y ha cerrado su comunicado con una llamada a la movilización: "Tenemos derechos, los conocemos y vamos a luchar por ellos."