La Junta descarta proyectos prioritarios de biometano en Talavera

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y su Comarca, David Gómez Arroyo, confirmó este martes que ninguno de los proyectos de plantas de biometano que afectan a Talavera de la Reina (Toledo) y se encuentran en tramitación en la Dirección General de Calidad Ambiental está clasificado como prioritario por el Gobierno regional, y anticipó que la respuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a la que también han solicitado información, será "un no rotundo" en el mismo sentido.

La respuesta llegó después de que el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Jesús García-Barroso, trasladara a la Junta la propuesta del Consistorio de incrementar de dos a cinco kilómetros la distancia mínima obligatoria de este tipo de instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales.

La Junta señala al Ayuntamiento como responsable

El delegado rechazó que la Administración regional tenga responsabilidad en la situación actual y trasladó la responsabilidad directamente al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, y a su socio de gobierno. "Por mucho que intente cargar el muerto a la Junta, a su presidente, Emiliano García-Page, o a la exalcaldesa Tita García, quien ha traído el biometano a Talavera ha sido José Julián Gregorio y su socio de gobierno", afirmó Gómez Arroyo.

El delegado recordó que fue el propio equipo de Gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento quien validó los informes incluidos en el expediente, documentación que, a su juicio, acredita que "José Julián Gregorio y David Moreno querían cuatro plantas de biometano en Talavera". Según Gómez Arroyo, cuando la documentación presentada era negativa, "el propio Ayuntamiento tenía otra que la transformaba en positiva".

En cuanto al papel de la Junta en estos procedimientos, el delegado subrayó que en las declaraciones de impacto y las autorizaciones ambientales integradas el Gobierno regional "actúa como juez y no como parte", de modo que su resolución depende de la documentación que recibe. Sobre la declaración de un proyecto como prioritario, recordó que la Ley de Proyectos Prioritarios exige contar en primer lugar con el ayuntamiento afectado, que cuenta con un representante en la Comisión Provincial de Urbanismo, el órgano impulsor de dicha declaración.

La exigencia a Gregorio: modificar el POM

Gómez Arroyo instó al alcalde a dejar de "confundir" a la ciudadanía y a los inversores con posiciones cambiantes. "Debe dejar de decir un día no, al siguiente sí y pasado mañana, ya veremos, porque eso genera confusión en los talaveranos y talaveranas y desconfianza en los inversores", señaló. A su juicio, el asunto avanza gracias al pleno extraordinario convocado por la anterior alcaldesa, y el siguiente paso corresponde al actual regidor: modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) en lugar de solicitar informes que, según el delegado, "sólo existen en su imaginación".

Meta despeja el camino tras la reparcelación de Talavera

Al margen del debate sobre el biometano, Gómez Arroyo anunció que la autorización definitiva de la reparcelación urbanística del ámbito del campus tecnológico de Meta en Talavera supone la conclusión del proceso de tramitación por parte de la Junta. El proyecto abarca un ámbito global de 191 hectáreas y contempla una inversión estimada en torno a los 750 millones de euros, "pudiendo superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones", precisó el delegado.

En términos de empleo, el campus generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación en su fase operativa, y apoyará un total de 780 empleos anuales en la región al computar la cadena de suministro y el consumo inducido. Durante las obras, previstas en fases, se requerirá además una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Un parque fluvial público y cero impacto acústico

El diseño del proyecto contempla la recuperación de los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas destinado al uso recreativo de los vecinos de Gamonal y de la comarca. La actuación incluye asimismo la urbanización de los accesos a Gamonal y la reserva de suelo para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En materia de impacto sobre la población, el delegado destacó que el Data Center Campus operará "sin causar molestias acústicas o visuales" a los vecinos, al ubicarse a 400 metros del núcleo urbano y contar con paneles de aislamiento de alta densidad y luminarias exteriores con tecnología de "cero contaminación lumínica". El consumo directo de agua de la instalación será de apenas 0,2 Hm³/año gracias al uso de refrigeración por aire seco, cifra que, según Gómez Arroyo, es inferior a la de otras industrias que ya operan en el polígono de Torrehierro y en la comarca.

Gómez Arroyo reclamó al Ayuntamiento de Talavera, que es la administración competente para conceder las licencias de obra y supervisar los proyectos constructivos, que trabaje "con la máxima agilidad" en la tramitación, en un proyecto en el que, subrayó, "no sólo están en juego millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo, sino también la imagen de Talavera como polo tecnológico y centro de atracción de inversiones".