El pleno de Toledo rechaza regular las VTC para trayectos urbanos

El pleno del Ayuntamiento de Toledo rechazó este jueves la moción impulsada por el Grupo Municipal de Vox para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobara una regulación autonómica específica de los vehículos de transporte con conductor (VTC) —tanto en el ámbito urbano como interurbano— que estableciera un marco jurídico claro con requisitos de precontratación, limitaciones operativas, cupos por municipio y transparencia tarifaria. El resultado dejó a Vox completamente aislado: su propio socio de gobierno, el Partido Popular, votó en contra junto al PSOE e IU, en una derrota política que el partido de Abascal no tardó en calificar de traición.

El arranque del debate estuvo presidido por una voz que llegó desde la tribuna de oradores: la de Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, que compareció en el pleno para rechazar abiertamente la iniciativa en nombre del sector del taxi. Su intervención fue directa y sin concesiones. "Comparezco hoy aquí porque el grupo municipal Vox ha presentado una moción que el sector del taxi considera que lesiona gravemente los intereses del servicio público de interés general que representa el sector del taxi en la ciudad de Toledo", arrancó Madruga ante el hemiciclo.

El representante de la patronal toledana denunció que el taxi no había tenido oportunidad de reunirse con Vox tras la presentación de la moción —aunque sí hubo contactos telefónicos con los concejales Inés Cañizares y Juan Marín— y puso el dedo en la llaga de la sospecha: "Lo que el taxi se está preguntando es si no os habréis reunido con los representantes de las VTC para redactar esta moción que solo les beneficia a ellos".

La patronal desmonta el argumento del "vacío legal"

En el núcleo de su intervención, Madruga rechazó de plano el argumento esgrimido por Vox de que existía un vacío normativo que justificaba una nueva regulación. "Esto no va de crear nuevas regulaciones porque no existe vacío legal alguno, como pretenden hacernos creer las VTC", afirmó. A su juicio, la solución pasa por aplicar la legislación vigente: el artículo 16.1 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que establece que las VTC, en ausencia de regulación autonómica que las habilite para el ámbito urbano, solo pueden ejercer el transporte interurbano.

Madruga recordó que la Junta de Comunidades ya había optado, "con acierto", por no regular las VTC como operadoras urbanas en Castilla-La Mancha, lo que, según explicó, activa automáticamente la legislación nacional y veda a estos operadores el transporte dentro de la ciudad. Citó igualmente sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para sostener que los poderes públicos tienen la obligación de proteger al taxi "no por una cuestión de competencia, sino para no perder el servicio público de interés general que el taxi representa".

El secretario general de Fedeto aportó además datos concretos sobre la respuesta municipal a la operativa ilegal de las VTC en Toledo: más de 170.000 euros recaudados en sanciones y más de 500 expedientes sancionadores abiertos. Reclamó que se avance en la retirada de licencias y tarjetas de transporte a quienes infrinjan la ley de forma reiterada, y que se impida a las plataformas digitales actuar como "cooperadores necesarios" para que las VTC operen ilegalmente en el ámbito urbano.

Antes de concluir, Madruga lanzó un ultimátum claro a los grupos: "En nombre del sector, una vez más os pedimos: por favor, retirad esta moción". Y, ante la negativa de Vox, fue aún más explícito: "Pediré al PP que vote en contra. Pediré al PSOE que cumpla la palabra dada. Y pediré a IU que cumpla la palabra dada".

Vox defiende que regular no es autorizar

La presidenta del Grupo Municipal de Vox, Inés Cañizares, fue la encargada de defender la moción ante el pleno. Su argumentación se apoyó en una distinción que repitió varias veces a lo largo de su intervención: "Cuando hablamos de regular no hablamos de autorizar". Cañizares insistió en que la propuesta no pretendía favorecer a los VTC, sino garantizar que el ordenamiento jurídico fuera suficientemente claro como para proteger al taxi de la competencia desleal y dotar de seguridad jurídica a los agentes implicados, incluida la Policía Local.

"Siempre hemos estado al lado del sector del taxi y creemos que la única forma de protegerlo es mediante normas claras, no mediante la incertidumbre", defendió la concejala. Argumentó además que los expedientes sancionadores abiertos contra los VTC estaban siendo tumbados por los tribunales precisamente por falta de claridad normativa, y que lo que buscaba la moción era que "el ordenamiento jurídico sea claro, sea sensato y dé protección al taxi".

La respuesta del resto de grupos fue unánime en el rechazo, aunque con matices distintos. Vox no tardó en reaccionar acusando al PP de haberse "aliado con la izquierda" contra una iniciativa de su propio socio de gobierno.

PP: en contra de la moción, firme con el taxi

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Iñaki Jiménez (PP), rechazó la moción pero se esforzó en dejar claro que ese rechazo no equivalía a un retroceso en la defensa del sector del taxi. "Somos firmes e inequívocos defensores del taxi, con el alcalde a la cabeza, y lo hemos demostrado con hechos y seguiremos haciéndolo", proclamó ante el pleno.

Jiménez argumentó que el problema de la movilidad en Toledo no era la ausencia de un nuevo reglamento, sino la existencia de operadores VTC que realizan transporte urbano de manera ilegal. A su juicio, la moción de Vox no contribuía a resolver ese problema, sino que abría la puerta a legitimar una situación que los tribunales están desmontando en toda España.

PSOE: una idea exportada desde Madrid

El concejal socialista Francisco Rueda fue más incisivo en su crítica al socio de gobierno. Acusó a Vox de "perder una oportunidad de oro de retirar la moción" y de trasladar a Toledo un planteamiento ya ensayado en la Asamblea de Madrid, donde, según recordó, el partido "presumió de conseguir que taxis y VTC trabajaran en igualdad".

Rueda puso el foco en el modelo de negocio de los operadores VTC que ya actúan en Toledo. Citó expresamente la plataforma Bolt, en la que "participan cuatro grandes fondos de inversión" con una estructura que "tributa en Estonia, no en Toledo". El concejal socialista utilizó este ejemplo para subrayar el contraste entre un sector del taxi sujeto a tarifas reguladas, licencia municipal y obligación de servicio, frente a operadores que fijan sus precios según el mercado y tributan fuera del territorio.

IU: regularizar las VTC urbanas precariza al taxi

El portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, cerró el turno de los grupos que votaron en contra con una defensa del sector del taxi desde una perspectiva laboral. Para el munícipe, permitir que las VTC operen en el ámbito urbano genera "competencia desleal" y precariza las condiciones de los taxistas, ya que estos operadores fijan sus precios "según el mercado" y trabajan "horas infinitas" sin las obligaciones que impone la regulación del taxi.

"No queremos una regulación que precariza al taxi, y regularizar las VTC en ámbito urbano precariza al taxi", resumió Fernández, que recordó también que las VTC no cobran por servicio, sino "por beneficio".

Con el resultado final del pleno consumado —moción de Vox rechazada con los votos en contra de PP, PSOE e IU—, el debate sobre la presencia de los VTC en las calles de Toledo queda trasladado al ámbito sancionador y judicial, donde ya se acumulan centenares de expedientes y decenas de miles de euros en multas. El sector del taxi, que logró movilizar a la patronal empresarial de la provincia para intervenir en sede plenaria, salió de la sesión con el respaldo político de todos los grupos y con la presión añadida sobre el equipo de gobierno para que intensifique la persecución de la operativa ilegal.

El pleno también debate carril bici, refugios climáticos y pasos de peatones

La agenda del pleno incluyó otros asuntos de calado municipal. El Ayuntamiento aprobó, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo del PSOE —IU se abstuvo—, una moción para instar al Gobierno de España a corregir las deficiencias detectadas en el carril bici que conecta los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia, construido por el Ministerio de Transportes, antes de que el Consistorio proceda a su recepción definitiva.

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano (PP), calificó el proyecto ministerial de "estafa, un engaño y un despropósito" para Toledo, y aclaró que la vía Tarpeya "no es un carril bici, sino una vía verde", subrayando que ambos conceptos "no tienen nada que ver". El portavoz de Vox, Juan Marín, fue en la misma dirección: "No vamos a ser nosotros quienes paguemos sus chapuzas. No van a ser los toledanos quienes asuman el coste de corregir lo que el Ministerio ha ejecutado mal".

IU, pese a coincidir en el diagnóstico —Fernández calificó el carril bici del Polígono de "despropósito" que además "imposibilita la creación del tercer carril de la TO-23"—, optó por abstenerse en la moción del PP, recordando al equipo de gobierno que las obras municipales "se recepcionan, casi de forma sistemática, sin terminar y con modificaciones que quedan ocultas a la información pública".

El PSOE rechazó la moción del PP y lamentó que el equipo de gobierno hubiera declinado su enmienda transaccional, que añadía un acuerdo para que el propio Ayuntamiento corrigiera también las deficiencias de la vía verde de Benquerencia. Para los socialistas, el rechazo a esa enmienda demuestra que la moción popular "no buscaba resolver los problemas de los vecinos, sino utilizar una infraestructura municipal para confrontar con el Gobierno de España".

El pleno rechazó también dos mociones del Grupo Socialista: una para crear una Red Municipal de Refugios Climáticos aprovechando instalaciones públicas existentes, y otra para aprobar un Plan Integral de Mejora de la Seguridad de los Pasos de Peatones, presentada tras los recientes atropellos en Santa Bárbara y Benquerencia. La concejala socialista que defendió esta última iniciativa señaló que el concejal responsable "no puede seguir gestionando la seguridad vial reaccionando únicamente cuando ocurre un accidente".

Jiménez respondió recordando que entre 2015 y 2022 se registró "el récord de atropellos" en la ciudad, con una media anual cercana a 60 siniestros, y anunció el inicio inminente de obras de repintado de pasos de peatones como parte de un plan de más de 600 intervenciones de mejora vial ejecutadas desde el inicio de la legislatura. Vox, por su parte, rechazó la propuesta de refugios climáticos por considerarla "demagógica", señalando que el Ayuntamiento ya ha instalado toldos en varias calles céntricas que el PSOE "se negó a poner".

Tampoco prosperó la moción de IU-Podemos para que la Casa de Corcho, una vez rehabilitada en el parque de la Vega, fuera cedida al Consejo de la Juventud de Toledo como sede. Vox votó en contra argumentando que instalar un restaurante en el enclave es complementar el uso público del espacio y genera "un canon que revierte en el propio Ayuntamiento". Fernández lamentó el rechazo como prueba de que al equipo de gobierno "les interesa muy poco que los jóvenes de Toledo puedan tener un espacio de referencia". El portavoz de IU aprovechó también para reclamar la creación de un Centro de Educación Vial como medida preventiva y estructural frente a la siniestralidad.