Piden a la Diputación de Toledo que rectifique el modelo de comidas a domicilio

La gestión del Servicio de Comidas a Domicilio en la provincia de Toledo ha vuelto a situarse en el centro del debate político e institucional tras las críticas al nuevo modelo impulsado por la Diputación, al considerar que traslada a los ayuntamientos una carga administrativa y de gestión que muchos no pueden asumir.

Desde el ámbito municipal se alerta de que el cambio de sistema pone en peligro la continuidad de un servicio social básico dirigido a personas mayores y en situación de especial vulnerabilidad, especialmente en los municipios de menor tamaño, donde los recursos técnicos y humanos son muy limitados.

Durante una atención a medios celebrada a las puertas de la Diputación de Toledo, la portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Tita García Élez, trasladó este malestar acompañada por alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de distintos municipios. El objetivo de la convocatoria fue visibilizar la preocupación existente ante las consecuencias prácticas del nuevo modelo de gestión.

Según se expuso, lejos de ofrecer soluciones individualizadas a los problemas planteados por los ayuntamientos, la Diputación estaría respondiendo con contestaciones genéricas que no aclaran cómo debe prestarse el servicio ni con qué medios. Esta situación, denuncian, está desbordando a numerosos consistorios que carecen de capacidad técnica y administrativa suficiente para asumir la gestión.

En este contexto, García Élez cuestionó que la institución provincial esté abocando deliberadamente al fracaso al servicio, pese a contar con financiación presupuestada, advirtiendo de que, si no se presta, los recursos no llegarán ni a los municipios ni a las personas que más lo necesitan.

Más de la mitad de los municipios, sin capacidad para prestar el servicio

La portavoz detalló que, tras el contacto mantenido con más de 80 localidades, el 61% de los municipios consultados ha reconocido que no podrá prestar el servicio a partir del 1 de enero en las condiciones impuestas. La situación es especialmente grave en zonas rurales donde, en muchos casos, ni siquiera existen empresas capaces de asumir la prestación.

Desde el Grupo Socialista se insiste en que la Diputación no puede desentenderse de su responsabilidad como administración de apoyo a los ayuntamientos. Reclaman que vuelva a liderar la gestión del servicio, como se venía haciendo hasta ahora, y que garantice un modelo viable que asegure la igualdad entre municipios y la calidad de la atención a las personas usuarias.

Un modelo que funcionaba en 131 municipios

A la convocatoria también asistió el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, quien recordó que el modelo anterior, impulsado por un gobierno socialista en la Diputación, funcionaba con normalidad y estaba prestando servicio en 131 municipios de menos de 5.000 habitantes y a más de 700 personas.

Gutiérrez advirtió de que el cambio de modelo “va directo al fracaso” y señaló que trasladar la gestión a los ayuntamientos supone imponerles una burocracia inasumible, especialmente en una provincia donde más de un centenar de localidades tiene menos de 1.000 habitantes y más de cincuenta no alcanzan los 500.

Asimismo, insistió en que la Diputación cuenta con medios, personal y capacidad suficiente para seguir gestionando el servicio de forma directa y mostró su sorpresa ante la decisión de eliminar un sistema que funcionaba. En este sentido, exigió a la presidenta de la Diputación y al diputado responsable del área, Daniel Arias, que rectifiquen, al considerar que “están haciendo daño a las personas vulnerables de la provincia de Toledo”.

Desde el ámbito socialista se subraya que, a partir del 1 de enero, la Diputación de Toledo será la única responsable si el servicio fracasa. Alertan de que el cambio de modelo no solo perjudica a los ayuntamientos, obligados a asumir una gestión para la que no disponen de medios, sino que tendrá consecuencias directas sobre las personas usuarias del Servicio de Comidas a Domicilio, que podrían quedarse sin una prestación esencial.