Condenada a nueve años de inhabilitación la alcaldesa de Villarrubia de Santiago

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago (Toledo), María Concepción Monzón, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa, tras la retirada de la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

La Audiencia Provincial detalla una actuación administrativa sin procedimiento legal

La causa se incoó a raíz de la querella presentada por J.V.R., vendedor ambulante de fruta que desarrollaba su actividad en el municipio desde hacía años con la correspondiente autorización municipal. En la sentencia, se considera probado que la alcaldesa le remitió una carta certificada de fecha 8 de marzo de 2021 comunicándole su voluntad de no renovarle la licencia, alegando una discusión mantenida con el encargado del mercadillo el 20 de febrero de ese mismo año.

El tribunal concluye que esta decisión se adoptó sin iniciar el trámite administrativo legal oportuno, sin incoar expediente sancionador, sin conceder trámite de audiencia al interesado y sin alegar causa legal concreta ni incumplimiento de las condiciones recogidas en la ordenanza reguladora de la venta ambulante.

Asimismo, el fallo recoge que el sábado 10 de abril de 2021 un agente de la Policía Local levantó acta-denuncia contra J.V.R. cuando se disponía a montar su puesto de venta ambulante, al considerar que carecía de autorización municipal, obligándole a desmontarlo de inmediato. Ese mismo día se le prohibió también el reparto de fruta a domicilio en el municipio, pese a que contaba con licencia para realizar esta actividad en todo el territorio nacional.

Posteriormente, y tras solicitar el vendedor ambulante al Ayuntamiento poder reanudar su actividad, la alcaldesa volvió a remitirle una nueva carta certificada, firmada el 16 de abril de 2021, en la que se le comunicaba que no se tolerarían ese tipo de actuaciones frente al personal municipal y que no podría volver a instalar su puesto en el mercadillo.

La sentencia señala que no fue hasta el 18 de febrero de 2022, una vez notificada la querella criminal, cuando se incoó procedimiento para revocar el acto administrativo inicial, por indicación de la secretaria del Ayuntamiento. Tras dar trámite de audiencia al interesado, se dictó resolución el 15 de junio de 2022 revocando el acuerdo de 8 de marzo de 2021.

También consta que el 23 de abril de 2021 la Policía Municipal prohibió nuevamente a J.V.R. la venta a domicilio en Villarrubia de Santiago, actividad que venía ejerciendo desde hacía tiempo. Finalmente, una resolución de la Alcaldía de fecha 17 de junio de 2021 volvió a autorizar la instalación del puesto de venta ambulante a partir del día 19 de ese mismo mes.

Además de la inhabilitación, la Audiencia Provincial condena a la alcaldesa al pago de 3.487,60 euros en concepto de responsabilidad civil, así como al abono de las costas procesales, incluidas expresamente las de la acusación particular. Por el contrario, la sentencia absuelve a los concejales inicialmente investigados tras la retirada de las acusaciones pública y particular, con declaración de las costas de oficio.

La alcaldesa anuncia recurso y defiende que actuó en interés general

Tras conocerse la sentencia, María Concepción Monzón anunció que interpondrá recurso y defendió públicamente su inocencia. En un comunicado remitido a los medios, expresó su “respeto absoluto” a las resoluciones judiciales y al Estado de Derecho, que calificó como pilares fundamentales de la democracia.

La alcaldesa aseguró que su actuación se produjo en un contexto extraordinario y tuvo como único objetivo proteger a la ciudadanía y garantizar el buen funcionamiento del municipio. Subrayó que durante todo el proceso ha colaborado con la Justicia “con total transparencia, serenidad y responsabilidad”, manteniendo la tranquilidad de quien considera que actuó guiada por el servicio público.

Monzón afirmó que seguirá defendiendo su honorabilidad y su forma de entender la política, basada en el trabajo honesto, la cercanía y la toma de decisiones pensando en el interés general. Asimismo, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas y reiteró su confianza en que las instancias superiores permitan aclarar definitivamente unos hechos que, sostiene, no constituyen delito alguno. “Villarrubia de Santiago ha sido, es y seguirá siendo la razón de mi compromiso público”, concluyó.

El PSOE provincial expresa su respaldo y confía en que el recurso aclare los hechos

El PSOE de la provincia de Toledo mostró su apoyo a la alcaldesa y reiteró su respeto al proceso judicial. En un comunicado, la dirección provincial trasladó su confianza en la actuación de María Concepción Monzón, convencida de que no existió intención alguna de cometer irregularidad, sino de respetar la normativa vigente y actuar en todo momento por el bien del pueblo y del interés general.

Los socialistas consideran que la alcaldesa ha ejercido su responsabilidad pública con honestidad, compromiso y vocación de servicio, y respaldan su decisión de recurrir la sentencia como ejercicio de un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico.

Desde el PSOE provincial subrayan también que Monzón ha afrontado el proceso con colaboración, serenidad y respeto hacia la Justicia, valores que aseguran compartir, y confían en que el recurso anunciado permita aclarar definitivamente los hechos y poner en valor una actuación que, insisten, estuvo guiada exclusivamente por el cumplimiento de la norma y la defensa del interés público.

El PP reclama explicaciones y responsabilidades políticas tras la condena

Por su parte, el Partido Popular de Toledo reclamó explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades políticas al PSOE provincial tras conocerse la sentencia condenatoria. El vicesecretario provincial de Organización, Joaquín Romera, sostuvo que la resolución judicial considera probado que la alcaldesa dictó una resolución injusta a sabiendas y actuó al margen del procedimiento legalmente establecido en un asunto relacionado con el mercadillo municipal.

Romera lamentó que “la prevaricación en el PSOE se ha convertido en una epidemia nacional” y exigió al secretario provincial socialista, Álvaro Gutiérrez, que dé explicaciones a los vecinos de Villarrubia de Santiago. En este sentido, reclamó dimisiones y advirtió de las consecuencias institucionales del caso, recordando que la alcaldesa es también diputada provincial.

El dirigente ‘popular’ expresó además su preocupación por el impacto de estos hechos en las instituciones y defendió el trabajo del Partido Popular en Villarrubia de Santiago, destacando su compromiso con la transparencia, el respeto a los ciudadanos y el cumplimiento estricto de la legalidad. Finalmente, reiteró el compromiso del PP de Toledo con la legalidad, la transparencia y el respeto a las instituciones como principios esenciales para mantener la confianza de la ciudadanía.