La nueva Ley de Calidad Ambiental agilizará trámites en Castilla-La Mancha

El director general de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha, Tomás Villarrubía, visitó este sábado, 23 de mayo de 2026, las instalaciones de la empresa Aviman Explotaciones Ganaderas S.L., ubicada en Orgaz (Toledo), para presentar los principales objetivos de la nueva Ley de Calidad Ambiental que el Ejecutivo regional está ultimando y que, según anunció, podría estar lista antes de que finalice este año. La norma, que se encuentra en su última fase de elaboración, persigue dotar a la comunidad autónoma de un marco jurídico propio, coherente con las directrices de la Unión Europea y con la legislación estatal, que permita a la Administración simplificar trámites sin renunciar a los estándares medioambientales más exigentes.

Villarrubía explicó que la ley ha sido elaborada siguiendo "una metodología de trabajo que se basa en un modelo de gobernanza con escucha activa, es decir, prioriza el diálogo permanente y el trabajo conjunto con los agentes implicados, lo que nos permite mejorar las políticas públicas y hacerlas más eficaces y ajustadas a la realidad gracias a un texto más sólido que proporciona mayor seguridad jurídica". El director general subrayó que este enfoque participativo es una de las señas de identidad del proceso legislativo y garantiza que el texto responde a las necesidades reales del tejido productivo regional.

Entre los objetivos centrales de la nueva norma, Villarrubía destacó que la Comunidad Autónoma "va a generar confianza, proteger intereses y avanzar en sintonía con Europa y con el marco estatal en materia de evaluación". Asimismo, recalcó que la ley permitirá "reducir cargas y tiempos de tramitación para determinadas actividades, mejorando además la seguridad jurídica, a la vez que garantizamos un desarrollo equilibrado entre sostenibilidad ambiental y crecimiento económico, especialmente en el medio rural".

Villarrubía ostenta también la alcaldía de Orgaz y estuvo acompañado durante la visita por Raúl Pingarrón, alcalde de Villaminaya (Toledo).

Aviman, referente regional de sostenibilidad avícola

La elección de Aviman como escenario de la presentación no fue casual. El director general puso en valor sus instalaciones, con capacidad para 360.000 gallinas camperas, como ejemplo de explotación avícola "que tiene un diseño plenamente adaptado a los estándares medioambientales que se recogen en el anteproyecto de la Ley de Calidad Ambiental para este tipo de proyectos".

La granja ha incorporado las mejores técnicas disponibles y apuesta, según subrayó Villarrubía, "por la energía fotovoltaica y la economía circular, es decir, está promoviendo la descarbonización y el ahorro energético, objetivos que estamos incentivando desde el Ejecutivo autonómico". En ese sentido, el responsable autonómico la calificó como "una explotación que ejemplifica lo que buscamos cuando hablamos de promover proyectos en nuestras áreas rurales que cumplen escrupulosamente con la normativa medioambiental, a la vez que contribuyan a dinamizar económicamente la comarca".

Las 220 granjas avícolas de CLM, bajo evaluación permanente

Aprovechando la visita, Villarrubía recordó que las cerca de 220 explotaciones avícolas que operan en Castilla-La Mancha han pasado por las rigurosas evaluaciones ambientales que les corresponden "y están sometidas a procesos de adaptación y mejoras técnicas, además de a revisiones de oficio". El dato pone de relieve que la aplicación de la normativa ambiental en el sector no es una novedad, sino un proceso consolidado que la nueva ley aspira a sistematizar y actualizar.

Un sector que mueve 240 millones y da empleo a 4.000 personas

El director general cerró su intervención apelando al peso estratégico del sector avícola para la economía castellanomanchega. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma de España tanto en producción de huevos como en censo de gallinas ponedoras, con un impacto económico directo que supera los 240 millones de euros anuales y que sostiene en torno a 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, concentrados principalmente en las zonas rurales. La nueva Ley de Calidad Ambiental, en ese contexto, se presenta no solo como una actualización normativa, sino como una herramienta para consolidar y proyectar un modelo productivo que el Gobierno regional considera compatible con los más altos estándares de sostenibilidad.