Investigado en Toledo por almacenar más de 50 toneladas de amianto
El Seprona de la Guardia Civil ha investigado al propietario de una empresa de construcción de la provincia de Toledo por la gestión irregular de más de 50 toneladas de residuos peligrosos con contenido en amianto almacenados de forma clandestina en una nave industrial de la comarca de La Sagra.
La investigación, iniciada tras una denuncia ciudadana, ha destapado una operativa que se extendía a siete provincias de toda España, con más de 750 toneladas de material peligroso manipulado sin los procedimientos legales obligatorios y seis trabajadores expuestos de forma continuada a fibras cancerígenas sin protección alguna.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) han investigado al propietario de una empresa de construcción de la provincia de Toledo como presunto responsable de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental. La instrucción del caso ha puesto al descubierto una trama de gestión ilícita de residuos con amianto que operaba en siete comunidades autónomas y que habría dejado sin los controles legales más de 750 toneladas de material peligroso.
La investigación se puso en marcha a raíz de una denuncia presentada ante el Seprona sobre una nave industrial ubicada en la zona norte de la comarca de La Sagra, en la provincia de Toledo. En ese inmueble, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, se almacenaban de manera clandestina más de 50 toneladas de residuos peligrosos con contenido en amianto, también conocidos como uralita, sin que mediara ningún procedimiento legal de almacenamiento, clasificación o depósito controlado.
La empresa operaba en siete provincias
Las primeras gestiones de los investigadores permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares de las provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Murcia y Toledo. Como resultado de esa actividad, se habrían manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de residuos con amianto a lo largo de su trayectoria, una cifra que multiplica por quince el volumen detectado en el almacén clandestino de La Sagra.
La legislación vigente en materia de gestión de residuos peligrosos exige, entre otras medidas, el humedecimiento y el encapsulado de las placas de amianto para fijar las fibras y evitar su liberación al ambiente durante los trabajos de desmontaje. La omisión sistemática de estos procedimientos, según la Guardia Civil, habría incrementado de forma significativa el riesgo de emisión de fibras de asbesto, con el consiguiente peligro para la salud pública y el medio ambiente en cada uno de los emplazamientos donde la empresa desarrolló su actividad.
Seis trabajadores expuestos a fibras cancerígenas sin protección
Uno de los hallazgos más graves de la investigación fue la situación laboral de los empleados de la empresa. Los agentes constataron que seis trabajadores accedían de forma habitual al almacén clandestino de La Sagra y permanecían expuestos de manera continuada a las fibras cancerígenas del amianto sin disponer de las medidas de protección y seguridad legalmente exigidas para este tipo de actividades. El amianto o asbesto es una sustancia clasificada como carcinógeno de primer orden por las autoridades sanitarias internacionales, cuya inhalación está asociada a enfermedades graves como el mesotelioma, el cáncer de pulmón y la asbestosis.
Mediciones fraudulentas y documentación alterada
La investigación del Seprona también destapó una serie de irregularidades administrativas y documentales presuntamente destinadas a encubrir la actividad ilícita frente a los controles de las autoridades competentes. Los agentes detectaron la remisión a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de aquel donde se desarrollaban realmente los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.
Además, la documentación relativa al destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando en realidad el material había sido abandonado en la nave industrial investigada de La Sagra. Esta falsificación documental habría permitido a la empresa aparentar un cumplimiento normativo que, según la Guardia Civil, no se correspondía en ningún caso con su modo de operar real.
Por la suma de estos hechos, los agentes han investigado al propietario de la empresa como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito contra el patrimonio y un delito de falsedad documental. El amianto fue prohibido en España en el año 2002, si bien la retirada de los materiales que contienen esta sustancia en edificios e instalaciones construidos antes de esa fecha sigue siendo una tarea pendiente en numerosos emplazamientos del país, lo que ha propiciado la aparición de empresas que operan en este sector al margen de los controles legales.