Hieren a cinco funcionarios al reducir a un preso agresivo en Ocaña I
Un interno del centro penitenciario de Ocaña I (Toledo) causó este lunes heridas, hematomas, magulladuras y torceduras a cinco funcionarios de vigilancia al resistirse de forma violenta a que los servicios sanitarios le administrasen su tratamiento médico. La intervención exigió la movilización de ocho vigilantes procedentes de distintos módulos del establecimiento.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció los hechos y reclamó el traslado urgente del interno a un centro especializado. El sindicato aprovechó el incidente para alertar del problema estructural que padecen las enfermerías penitenciarias españolas, que a su juicio funcionan como "psiquiátricos encubiertos" ante la escasez de centros especializados.
Cinco funcionarios de vigilancia del centro penitenciario de Ocaña I resultaron lesionados este lunes, 18 de mayo, tras verse obligados a reducir físicamente a un interno que se negó de manera persistente y violenta a recibir el tratamiento médico que le había sido prescrito. El incidente, calificado por la CSIF como un "grave incidente regimental", tuvo lugar en el Módulo de Enfermería de la prisión toledana y requirió la intervención coordinada de ocho vigilantes llegados desde otros módulos del mismo establecimiento.
El suceso se desencadenó cuando el interno rechazó de forma activa y vehemente que el personal sanitario le administrase la medicación pautada bajo indicación facultativa. A pesar de las reiteradas órdenes de los funcionarios presentes y de los jefes de servicio, el preso mantuvo en todo momento, según el sindicato, una actitud "desafiante, agresiva y de absoluta resistencia". El nivel de alteración llegó a un punto que hizo imposible el control de la situación con los efectivos disponibles en ese módulo.
Ante la escalada de tensión, la dirección del centro ordenó el despliegue de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otras dependencias de Ocaña I. El interno, que se encontraba en su celda cuando llegó el refuerzo, respondió con una fuerte resistencia física. Tras varios minutos de intensa pugna, los funcionarios lograron reducirlo aplicando los protocolos de actuación establecidos, lo que permitió al personal sanitario administrarle finalmente el tratamiento.
Como consecuencia directa del enfrentamiento, cinco de los ocho vigilantes implicados resultaron lesionados, con heridas y contusiones de diversa consideración, y tuvieron que ser atendidos una vez concluida la intervención.
La respuesta del sindicato
La CSIF valoró positivamente la actuación de los trabajadores penitenciarios. "Queremos destacar la profesionalidad, templanza, coordinación y proporcionalidad con la que actuaron los trabajadores penitenciarios implicados en el operativo. Su impecable intervención, experiencia y rapidez permitieron controlar una situación de enorme tensión y evitar consecuencias de mucha mayor gravedad dentro del establecimiento penitenciario", señaló el sindicato en su nota de prensa.
No obstante, CSIF indicó que el interno protagonista del incidente no es un caso aislado dentro de Ocaña I. Según la central sindical, el preso ha acumulado durante su estancia en la cárcel toledana diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria, con conductas agresivas y alteraciones regimentales en distintas ocasiones. Por este motivo, el sindicato solicitó formalmente su traslado en conducción especial y directa a un centro penitenciario "mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características".
El problema de los 'psiquiátricos encubiertos'
El incidente de Ocaña I pone de relieve, a juicio de CSIF, una carencia estructural del sistema penitenciario español. España cuenta únicamente con dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, ubicados en Alicante y Sevilla, una cifra que el sindicato considera claramente insuficiente para atender la demanda de un sistema con cientos de centros repartidos por todo el territorio. Esta escasez provoca, según la central, que muchas enfermerías de prisiones terminen asumiendo funciones para las que no están ni equipadas ni dimensionadas, actuando como "auténticos psiquiátricos encubiertos" sin los medios especializados necesarios para gestionar perfiles de alta conflictividad y complejidad clínica.
Un patrón de violencia que no llega a los medios
El sindicato advirtió que el incidente de este lunes no es un episodio excepcional, sino parte de una dinámica habitual que, a su juicio, recibe escasa atención mediática. CSIF recordó que la semana pasada se registró otro incidente en el centro penitenciario de Ocaña II durante el recuento de internos, y que en mayo del año pasado se produjo en Ocaña I una pelea multitudinaria entre reclusos en la que un funcionario resultó herido. "A pesar de que no son trasladados a medios, los episodios violentos en los centros penitenciarios son muy frecuentes", subrayó la organización.
Más medios, mejor ley y reconocimiento jurídico
Ante este escenario, la CSIF formuló un conjunto de demandas dirigidas a las administraciones competentes. El sindicato exige con carácter urgente la dotación de más medios materiales y personales en los centros penitenciarios; formación continua y especializada para que los funcionarios puedan afrontar con mayor seguridad las intervenciones violentas y las situaciones de alta conflictividad; y la adecuación y modernización de la ley penitenciaria, incluida la actualización de los medios coercitivos legalmente reconocidos para la reducción de internos, en la que se recoja de forma expresa la complejidad específica de la labor que desempeñan los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
A todo ello sumó una reclamación de largo recorrido en el sector: el reconocimiento de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad. CSIF lamentó que los empleados públicos que trabajan en prisiones sigan sin gozar de esta condición pese al "elevado riesgo y exposición permanente" que asumen a diario en el ejercicio de sus funciones, lo que redunda, a juicio del sindicato, en una desprotección jurídica que consideran injustificable.