La Diputación de Toledo aprueba 225 millones para sus carreteras

El pleno de la Diputación de Toledo aprobó este viernes por unanimidad de los tres grupos políticos el inicio del expediente de licitación del nuevo contrato de conservación, mantenimiento, explotación y mejora de la red de carreteras provinciales, con una inversión de 225,67 millones de euros a ejecutar durante los próximos veinte años. El acuerdo, calificado por la institución como el mayor contrato de su historia, afecta a 957 kilómetros de vías distribuidas entre 116 carreteras y cinco caminos vecinales de la provincia de Toledo.

El pleno autorizó también los límites de financiación plurianual necesarios para desarrollar un contrato de estas características. Los anteproyectos de construcción y explotación de las tres zonas en que se divide la red, que fijan las actuaciones de inversión inicial, conservación y explotación, habían sido aprobados definitivamente por el propio pleno en noviembre de 2025.

El modelo de concesión

La actuación se estructura en tres lotes, uno por zona geográfica. La Zona 1, correspondiente a la comarca de Talavera, concentra 414,255 kilómetros; la Zona 2, que comprende La Sagra y Ocaña, suma 232,895 kilómetros; y la Zona 3, relativa a la comarca de Toledo, alcanza 309,862 kilómetros.

El modelo establece que el concesionario asuma la financiación de los proyectos y obras, así como la conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras, vinculando su retribución al cumplimiento de determinados índices de calidad. El contrato contempla además la redacción y financiación de los proyectos y la ejecución de las obras necesarias para mejorar la red viaria, con un periodo de ocho años previsto para la ejecución de las inversiones.

La portavoz provincial, Soledad de Frutos, defendió que el sistema permite a la Diputación afrontar "una inversión de esta dimensión" incorporando financiación privada y evitando asumir un endeudamiento que considera inasumible, al tiempo que se mantiene el control de la prestación. "La conservación, el mantenimiento y la explotación estarán vinculados al cumplimiento de índices de calidad, porque no solo queremos invertir en nuestras carreteras, sino garantizar también que el servicio que se presta sea de calidad y esté sometido al control de la Diputación", señaló.

El Grupo Socialista, a favor pero con matices

El acuerdo contó con el respaldo de los tres grupos políticos, aunque el Grupo Socialista introdujo un matiz relevante: no respaldó las prórrogas transitorias de los actuales servicios correspondientes a las zonas 1 y 3.

La portavoz del Grupo Socialista, Tita García Élez, valoró la envergadura del contrato y puso en valor "el trabajo realizado por el personal técnico del área de Infraestructuras de la Diputación para establecer las prioridades en función del estado de las diferentes vías". García Élez insistió en que "las inversiones no pueden dilatarse en el tiempo" y destacó que el propio contrato recoge que las actuaciones de nueva construcción y mejora, más allá del mantenimiento y la conservación, se desarrollen durante sus primeros ocho años.

Consejo Provincial de Personas Mayores

El pleno aprobó también por unanimidad, en aprobación inicial, la Ordenanza Reguladora del nuevo Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo. El órgano se configura como un ente consultivo y participativo con el fin de canalizar la colaboración de este colectivo en la planificación, desarrollo y evaluación de los servicios y programas provinciales que le afectan directamente, entre ellos los relacionados con la salud, el transporte, el envejecimiento activo y el asociacionismo.

El Consejo contará con representación de asociaciones y federaciones de personas mayores, entidades sin ánimo de lucro, representantes de los grupos políticos y personal técnico de la Diputación, e incorporará expertos cuando las circunstancias lo requieran. Soledad de Frutos subrayó la especial relevancia del órgano en una provincia de marcado carácter rural: "No queremos que las políticas dirigidas a las personas mayores se diseñen sin contar con ellas".

El Grupo Socialista manifestó su apoyo y ofreció la "mano tendida" para contribuir durante la tramitación, con especial atención a los aspectos que aún deben concretarse, como la composición y representación del Consejo, y reclamó su puesta en funcionamiento con carácter inmediato.

La aprobación inicial abre un periodo de información pública de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Si no se formulara ninguna, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

Cuentas saneadas

En el capítulo económico, el pleno aprobó la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, que había permanecido expuesta al público sin reclamaciones, reparos ni observaciones. Las principales magnitudes reflejan unos fondos líquidos a 31 de diciembre de 2025 de 160,1 millones de euros y un resultado económico-patrimonial positivo de 46,35 millones. La Cuenta General será trasladada al Tribunal de Cuentas conforme a la legislación vigente.

El pleno conoció también el informe de Intervención del segundo trimestre de 2026, que confirmó el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda, en línea con las reglas fiscales vigentes.