El cierre de Vivanta en Toledo deja tratamientos dentales a medias

La cadena de clínicas dentales Vivanta ha clausurado de forma abrupta varios de sus centros en España —entre ellos uno en Toledo (Toledo)— sin dar aviso previo a sus pacientes, dejando decenas de tratamientos sin concluir y generando una alarma inmediata entre las organizaciones de consumidores. OCU y Facua-Consumidores en Acción han denunciado este viernes la situación y han instado a los afectados a reclamar la devolución de las cantidades ya pagadas.

Según la información recopilada por ambas organizaciones, el cierre afecta al menos a una clínica en Toledo, otras dos en Zaragoza, una en A Coruña y al menos cuatro en el País Vasco. En todos los casos, el cese de actividad se produjo de un día para otro, sin comunicación alguna a los pacientes. OCU y Facua no descartan que en los próximos días o semanas "puedan cerrar otras clínicas dentales ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional".

Facua ha precisado que se ha dictado auto de declaración de concurso con fecha del pasado 3 de septiembre y que existe una oferta de compra de la unidad productiva de la empresa. En caso de que esta operación no prospere, los afectados dispondrían de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la entrada en concurso para comunicar sus créditos al administrador concursal designado.

Un escándalo que recuerda a iDental y Dentix

El Consejo General de Dentistas se ha sumado a las denuncias de las organizaciones de consumidores y ha calificado lo sucedido como "un nuevo escándalo" en el sector, en la línea de los precedentes de iDental, Dentix y otras cadenas odontológicas que en los últimos años dejaron a miles de pacientes en una situación similar. Según el organismo colegial, estos casos "demostraron las graves consecuencias" de que los pacientes abonen anticipadamente tratamientos de larga duración cuando el prestador cesa después su actividad: el afectado puede quedar con el tratamiento inacabado, sin recuperar el dinero entregado y, en ocasiones, obligado a seguir pagando la financiación contratada.

El Consejo General de Dentistas ha subrayado además que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Qué pueden hacer los afectados en Toledo y el resto de España

OCU y Facua han detallado las vías de reclamación para los pacientes afectados. En primer lugar, recomiendan recopilar y conservar toda la documentación disponible: contratos, facturas, presupuestos, publicidad y cualquier otro documento que acredite la vinculación con la clínica y los servicios contratados.

Si la clínica permanece cerrada, los afectados deben dirigirse al domicilio social de la empresa, que puede consultarse en su página web o en el Registro Mercantil, y presentar una reclamación por escrito exigiendo la finalización del tratamiento o la devolución del importe correspondiente. Asimismo, deben solicitar copia de su historial médico dental para poder acreditar el estado del tratamiento.

La OCU recuerda también que los afectados deben presentar sus reclamaciones ante los Servicios de Consumo de su comunidad autónoma y, en caso de haber sufrido una mala praxis, ante las autoridades sanitarias correspondientes. Si se han producido daños, es aconsejable recabar un informe de un dentista colegiado o un perito odontólogo de cara a una posible reclamación judicial.

Para quienes financiaron el tratamiento mediante un crédito, Facua y OCU aconsejan dirigirse por escrito al departamento correspondiente de la entidad financiera para solicitar la liquidación y cancelación del préstamo, dado que el servicio no se ha prestado.

Reclamación de reformas al Gobierno

Las organizaciones de consumidores han aprovechado la situación para renovar su reclamación al Ejecutivo de una reforma normativa que proteja a los usuarios de este tipo de cierres. La OCU exige una mejor regulación de la prestación de estos servicios, más campañas de inspección y mayores controles, así como una modificación de los procedimientos concursales que otorgue a los créditos de los consumidores un rango preferente frente al resto de acreedores.

Facua, por su parte, lamenta que el Gobierno no haya introducido ninguna modificación en la normativa que regula este tipo de clínicas desde los anteriores escándalos del sector. La organización se ha dirigido recientemente a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para exigirles que aborden una mejora regulatoria que refuerce la protección de los usuarios frente a modelos de negocio vinculados a contratos de financiación anticipada.

El cierre de Vivanta se suma a una cadena de precedentes en el sector de las clínicas dentales privadas que llevan años poniendo de manifiesto las carencias del marco normativo vigente para proteger a los pacientes que abonan por adelantado tratamientos de larga duración, una vulnerabilidad que, a falta de reformas, continuará exponiéndoles a situaciones como la que ahora viven los afectados en Toledo y en el resto de las ciudades donde Vivanta ha echado el cierre.