Uno de cada tres profesores en la región sobrevive como interino

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó este miércoles los resultados de una encuesta sobre las condiciones laborales de los docentes interinos de Castilla-La Mancha, elaborada a través de su plataforma web entre el 2 de marzo y el 26 de abril de 2026, con la participación de 1.326 profesores de todas las etapas educativas. Los datos revelan que la temporalidad alcanza el 32% del ámbito educativo regional —10.316 interinos— y que sus condiciones laborales se sitúan muy por debajo de las de la mayoría de comunidades autónomas.

El perfil de los encuestados abarca todas las etapas: el 51,2% pertenece al cuerpo de Educación Secundaria y Bachillerato, el 37,1% al cuerpo de Maestros, el 6% al profesorado de Formación Profesional, el 3,8% a Música, Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño, y el 1,9% a docentes de escuelas oficiales de idiomas.

"Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas", denunció el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

El verano, la gran brecha

La reivindicación más extendida entre el colectivo es el cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados: el 88,7% de los encuestados la considera una medida esencial y prioritaria. Sin embargo, la normativa vigente en la región exige que los interinos trabajen al menos ocho meses de forma ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos producidos antes del 31 de octubre, para tener derecho a percibir julio y agosto.

El resultado es que la inmensa mayoría queda fuera. El 30,2% de los encuestados afirmó haber trabajado más de ocho meses sin cobrar el verano; el 24,9%, entre siete y ocho meses; y el 32,7%, entre seis y siete meses. En total, el 87,8% de los interinos que realizaron sustituciones durante más de cinco meses y medio no percibió los meses estivales por haber acumulado ese tiempo con interrupciones entre contratos. Solo el 12,2% cobró el verano.

Martínez reclamó a la Junta que adopte el modelo de otras comunidades: "Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales".

Desplazamientos a otras provincias para optar

La segunda gran reivindicación del colectivo es la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias. El 62% de los encuestados señaló que siempre ha tenido que desplazarse a otra provincia para presentarse a las oposiciones. Ese traslado tiene un coste económico directo: el 64,9% gastó entre 100 y 300 euros, y el 24,5%, entre 300 y 500 euros. Además, el 67,3% advirtió que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares o cuidadores para conciliar.

Hasta el 83,5% de los participantes en la encuesta considera totalmente necesaria la habilitación de tribunales de todas las especialidades en las cinco provincias de la región.

Tasas, destinos y contratos

Los docentes interinos también reclaman la exención de tasas en las convocatorias de procesos selectivos para quienes se hayan presentado en los últimos seis años o en las tres últimas convocatorias. El 76,6% de los encuestados respalda esta medida. CSIF ya logró que la presentación al examen de oposición no sea obligatoria para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo —tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano—, pero los interinos seguirán obligados a abonar las tasas.

Otra de las quejas más extendidas son las adjudicaciones forzosas: el 36,8% de los encuestados reconoció haberse visto obligado a aceptar una plaza en algún llamamiento, y el 44,5% admitió haberlo hecho por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2% considera totalmente necesario que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos.

Respecto a la continuidad de los contratos, el 33,7% señaló haber tenido que afrontar varias sustituciones justo antes de periodos vacacionales —Navidad, Semana Santa o verano— y el 50,2% fue cesado sin llegar a cobrar esos periodos. La prórroga automática de los contratos en sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos previos a las vacaciones cuenta con el respaldo del 94,7% de los encuestados.

El furgón de cola del gasto educativo

CSIF situó estos datos laborales en el contexto del gasto educativo regional. Según el sindicato, Castilla-La Mancha registra el gasto por alumno más bajo de toda España: 5.918 euros, frente a una media nacional de 7.421 euros. El presidente de CSIF Educación Toledo, Rubén Gómez, cuantificó el impacto concreto de esa brecha: "Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor".

Gómez aludió también al País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno, para ilustrar la diferencia y vinculó el bajo gasto con los resultados del informe PISA, que sitúa a Castilla-La Mancha en los últimos puestos del Estado.

Martínez fue más contundente en su valoración política: "Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre la Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes". Como ejemplo, citó el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el pasado 21 de abril en Consejo de Ministros, que reduce el número máximo de alumnos por aula —22 en Primaria y 25 en la ESO— y fija la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.

"A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primero, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacarle los colores a la Consejería", concluyó Martínez. Gómez cerró con una diagnosis de conjunto: "Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo".