El TSJCLM advierte: El colapso en violencia de género es crítico

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), María Pilar Astray, ha advertido de que los tribunales de la región atraviesan una situación de “colapso en violencia de género” que está afectando directamente a la atención de las víctimas. La magistrada ha reclamado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial medidas urgentes, activas y materiales para reforzar las plantillas y garantizar una respuesta judicial eficaz frente a las agresiones machistas.

Astray realizó esta advertencia coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sosteniendo en sus manos un voluminoso documento lleno de incidencias registradas en la sección de Violencia de Género. Según explicó, las solicitudes para aumentar el personal ya han sido trasladadas al Ministerio y al órgano de gobierno de los jueces a través del secretario de Gobierno y los coordinadores correspondientes, pero hasta ahora “no han sido ni contestadas ni valoradas”.

La presidenta del alto tribunal regional subrayó la gravedad de la situación al señalar que “el tiempo se nos echa encima y el problema de la violencia es que en cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital”, en referencia al riesgo que supone el retraso en la tramitación de algunos procedimientos.

Saturación de diligencias y retrasos en la instrucción

En una entrevista concedida a Europa Press, Astray explicó que la saturación de asuntos en los juzgados especializados en violencia contra la mujer se debe, en parte, al elevado volumen de trabajo que asume esta jurisdicción. Además de los procedimientos penales, estos juzgados también gestionan competencias civiles vinculadas a las medidas de protección, como los procesos de divorcio o la adopción de medidas sobre menores y custodia.

Esta carga de trabajo provoca que, aunque durante los servicios de guardia se tramiten los casos más urgentes, las diligencias de prueba puedan demorarse, lo que prolonga los conflictos judiciales y mantiene la incertidumbre y la inquietud de las víctimas durante más tiempo.

La presidenta del TSJCLM también destacó que las plazas dedicadas a violencia de género presentan un “hándicap” añadido debido a la necesidad de actuar con rapidez y de gestionar simultáneamente numerosos procedimientos. Los funcionarios y profesionales de estos juzgados se enfrentan a “una ola de detenidos diariamente”, lo que complica aún más la organización del trabajo.

Nuevas plazas sin personal suficiente

Astray recordó que en los últimos años se han adoptado algunas medidas para cubrir vacantes y crear nuevas plazas en las secciones de Violencia de Género, pero insistió en que no han venido acompañadas del refuerzo de personal necesario.

La magistrada señaló que las plantillas judiciales en Castilla-La Mancha llevan años sin dimensionarse adecuadamente, por lo que la región afronta una escasez de jueces y funcionarios que dificulta el funcionamiento normal de los juzgados.

Uno de los ejemplos es Ciudad Real, donde se ha creado una nueva plaza de violencia de género que, sin embargo, no ha sido dotada con personal, lo que limita su operatividad y requiere profesionales especializados para que pueda funcionar a pleno rendimiento.

Déficit de personal en Toledo e Illescas

La situación también afecta a Toledo, donde la creación de una segunda plaza en esta materia ha llegado “con déficit y sobre mínimos”, según la presidenta del tribunal. Este juzgado atiende no solo los casos de la capital provincial, sino también los procedentes de municipios con alta carga de trabajo como Illescas (Toledo).

Además, la situación se ha complicado recientemente por bajas de funcionarios, cuya cobertura no ha resultado sencilla. Astray explicó que muchos profesionales evitan solicitar destino en estas secciones debido a las condiciones laborales: jornadas prolongadas, trabajo constante y ausencia de compensación económica adicional.

Atascos en Ocaña y saturación en Talavera

Otro de los puntos críticos señalados por la presidenta del TSJCLM son los juzgados de Ocaña (Toledo), donde existe “un gran atasco” en la tramitación de casos. La plantilla actual, según indicó, está dimensionada para una realidad judicial de hace años y no permite alcanzar los mínimos necesarios, incluso con la reorganización que ha traído la nueva estructura judicial.

También Talavera de la Reina (Toledo) ha comunicado recientemente que su servicio de guardia está sobrepasado por los casos de violencia de género, una situación que se suma a otras necesidades detectadas en la región.

En este sentido, tanto Talavera como Guadalajara requieren la habilitación de una sala de vistas específica, una infraestructura que permitiría agilizar la celebración de juicios y la tramitación de procedimientos.

El problema de la España vaciada

Otro obstáculo para reforzar las plantillas es la distribución territorial de los recursos judiciales. Astray explicó que algunas zonas con menor población presentan una aparente baja litigiosidad, lo que influye en la asignación de nuevas plazas.

Este fenómeno, relacionado con la llamada “España vaciada”, provoca que las nuevas dotaciones de personal se concentren en las grandes ciudades mientras que plazas muy necesarias en Castilla-La Mancha quedan fuera de los refuerzos en comparación con otras comunidades autónomas.

Implantación de los Tribunales de Instancia

La saturación de casos de violencia machista coincide además con un momento de transición para la justicia regional. Castilla-La Mancha atraviesa un periodo de adaptación al nuevo sistema de Tribunales de Instancia, una reorganización que ha provocado incidencias en algunos partidos judiciales.

Uno de los ejemplos se ha producido en Albacete, donde las nuevas asignaciones de tareas y los cambios en la dirección y las extensiones judiciales generaron semanas de incertidumbre entre los profesionales.

Según Astray, durante ese proceso hubo momentos en los que “los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar”, aunque confía en que la situación se vaya normalizando progresivamente con el paso del tiempo.

Petición de un plan de choque

Pese a esa adaptación, la presidenta del TSJCLM advierte de que hay problemas estructurales que no podrán resolverse sin un aumento real de recursos humanos.

“Habrá cosas que no podamos solventar si nacemos con una plantilla infradotada, por muy eficaz que sea la implantación”, ha señalado.

Por ello, Astray reclama al Ministerio de Justicia un plan de choque temporal de aproximadamente cuatro meses que permita afrontar el gran volumen de asuntos acumulados en los juzgados especializados en violencia contra la mujer y aliviar la carga de trabajo que soportan actualmente los tribunales castellanomanchegos.