“Titulación sí, pero no así”: ATE reclaman valorar la experiencia

Un grupo de auxiliares técnicos educativos (ATE) de Castilla-La Mancha ha remitido un comunicado a este medio en el que responde a la noticia publicada recientemente sobre la posición de la Plataforma regional de este colectivo en relación con la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Comunidades. En su escrito, los trabajadores aseguran que comparten la necesidad de avanzar en la profesionalización del puesto, aunque discrepan de la forma en que se está planteando la exigencia de nuevas titulaciones.

Los firmantes —que señalan que muchos de ellos trabajan actualmente como interinos, cubren vacantes o forman parte de bolsas de empleo— sostienen que el debate debe abordarse teniendo en cuenta la situación de quienes ya desarrollan esta labor en los centros educativos de la región o aspiran a acceder a las próximas convocatorias.

Críticas al modelo de titulaciones propuesto

El comunicado se refiere a la propuesta planteada en el proceso de negociación del convenio para sustituir los requisitos actuales de acceso —bachillerato o FP de grado medio— por tres titulaciones específicas de Formación Profesional de grado superior: Integración Social, Educación Infantil y Mediación Comunicativa.

Según el colectivo, la modificación se está planteando sin tener en cuenta algunas dificultades prácticas. Entre ellas mencionan que la oferta pública de plazas para cursar esas titulaciones es limitada, lo que podría obligar a muchos aspirantes a acudir a centros privados con un coste aproximado de 3.000 euros, algo que consideran incoherente con el modelo de educación pública defendido por la Administración.

Asimismo, advierten de que establecer tres titulaciones distintas para el acceso podría complicar la definición de las funciones del puesto y la elaboración de un temario común en los procesos selectivos. Por ello resumen su postura en una fórmula clara: “titulación sí, pero no así”, reclamando que antes se aclaren distintos aspectos en el marco de la negociación con la Administración.

Cuestionan la representatividad de la plataforma

En su escrito, los trabajadores también matizan la representatividad de la Plataforma de Auxiliares Técnicos Educativos de Castilla-La Mancha, mencionada en la información anterior. Según explican, este espacio funciona principalmente como un grupo abierto de Telegram con más de 700 personas, en el que conviven distintas opiniones, incluidas las de representantes sindicales.

Los firmantes sostienen que no todos los integrantes comparten la nota de prensa difundida y consideran que esa posición no puede interpretarse como la voz unánime de todo el colectivo de auxiliares educativos de la región.

Experiencia y acceso al empleo público

Otro de los aspectos que destacan es el impacto que podría tener el cambio en los requisitos de acceso sobre quienes ya trabajan o se preparan para opositar. En su opinión, plantear que solo determinadas titulaciones acreditan la cualificación necesaria puede interpretarse como que los actuales trabajadores que accedieron con otros requisitos no están capacitados para desempeñar su labor, algo que rechazan.

El colectivo recuerda que los ATE en activo cuentan con trayectorias formativas muy diversas, desde titulaciones básicas exigidas en su momento hasta perfiles con estudios superiores relacionados con el ámbito educativo o social. Por ello defienden que la experiencia profesional acumulada en los centros educativos también constituye un elemento fundamental de cualificación.

En este sentido, plantean que cualquier cambio en los requisitos debería respetar las condiciones con las que accedieron los trabajadores actuales, permitiendo que quienes ya están dentro del sistema puedan seguir presentándose a los procesos selectivos con la titulación exigida hasta ahora, mientras que los nuevos aspirantes sí deberían cumplir los requisitos que finalmente se establezcan.

Tensiones en el proceso de negociación

El comunicado también alude al clima generado durante el debate sobre estas cuestiones, señalando que el proceso ha provocado tensiones y enfrentamientos entre trabajadores en algunos espacios de comunicación del colectivo.

Además, recuerdan que en la reunión de la comisión negociadora del convenio celebrada el 23 de febrero de 2026, el director general de Función Pública aclaró que la eventual aceptación de nuevas titulaciones no implicaría una subida salarial ni una rebaja de categoría profesional, según indican en su escrito.

Los firmantes concluyen reclamando que el debate sobre el futuro del puesto se centre en mejorar la formación y las condiciones del colectivo sin excluir a quienes ya desempeñan esta labor, insistiendo en que la experiencia acumulada también debe ser reconocida en cualquier reforma del sistema de acceso.