Plataformas vecinales acusan a la Junta de ocultar el rechazo masivo al plan de biometano
Las plataformas ciudadanas contrarias a la implantación de plantas de biogás y biometano en Castilla-La Mancha han acusado a la Junta de Comunidades de ocultar “el rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización y de trasladar una información “parcial y engañosa” a la ciudadanía. Así lo sostienen en una carta remitida a la Consejería de Desarrollo Sostenible, en la que reprochan a su titular, Mercedes Gómez, sus declaraciones públicas del pasado 13 de enero tras el Consejo de Gobierno y en una posterior intervención en la televisión autonómica.
Protesta institucional y petición de rectificación
El escrito, firmado por plataformas vecinales de Campo de Criptana, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Daimiel, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos, Tomelloso —junto con Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz—, Torralba de Calatrava, Valdepeñas, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra y Villarrobledo, manifiesta su “más firme protesta, rechazo y preocupación institucional” y solicita una “rectificación pública inmediata” de las afirmaciones realizadas por la consejera.
Más de 13.400 alegaciones y rechazo social
Las plataformas denuncian que en dichas declaraciones se omitió deliberadamente el volumen real de alegaciones presentadas contra el plan. En concreto, recuerdan que durante la primera fase de información pública se registraron más de 13.400 alegaciones, de las cuales más de 9.400 procedían únicamente de la plataforma de Socuéllamos, un dato que, a su juicio, evidencia una oposición social generalizada que no fue mencionada. Frente a ello, señalan que la consejera se refirió únicamente a once alegaciones presentadas en una segunda fase, utilizando esa cifra para justificar la aprobación urgente del plan.
Los colectivos vecinales también recriminan que no se hiciera referencia a las alegaciones formuladas por la propia Consejería de Sanidad del Gobierno regional, en las que se advertía de riesgos sanitarios no evaluados adecuadamente, de la insuficiencia de las distancias previstas para este tipo de instalaciones y del peligro de emisiones y escapes de gases con impacto en la salud respiratoria y en la contaminación de acuíferos. A su entender, estas omisiones suponen “una manipulación consciente de la realidad” destinada a minimizar la magnitud del rechazo social.
Distancias, competencias y papel de los ayuntamientos
Otro de los puntos centrales de la carta es la crítica a la afirmación de que, al no existir aún un plan autonómico aprobado, no hay distancias mínimas obligatorias para la implantación de plantas de biometano y que estas pueden ser fijadas por los municipios. Las plataformas sostienen que esta tesis es “jurídicamente falsa”, al recordar que la normativa estatal y europea establece obligaciones claras en materia de protección de la salud y del medio ambiente, y que los ayuntamientos no tienen competencias para regular distancias sanitarias ni emisiones industriales.
En este sentido, consideran que trasladar esa responsabilidad a los consistorios, especialmente a los de menor tamaño, supone una “dejación de funciones” por parte de la Junta y coloca a los municipios en una situación de vulnerabilidad jurídica, al carecer de medios técnicos y respaldo legal para asumir decisiones de este alcance. A su juicio, se trata de un problema de dimensión regional que no puede descargarse exclusivamente en el ámbito local, más aún cuando, según indican, existen al menos 86 proyectos de este tipo registrados en la comunidad autónoma.
Derecho a alegar e inseguridad jurídica
Las plataformas vecinales rechazan además que se acuse a la ciudadanía de “boicotear” la aprobación del plan por presentar alegaciones, al considerar que se trata del ejercicio legítimo de un derecho fundamental reconocido en la legislación y en los convenios internacionales sobre participación pública. En su opinión, ese tipo de declaraciones generan inseguridad jurídica, alarma social y desconfianza institucional, además de favorecer la implantación de plantas sin garantías suficientes.
El digestato, en el centro de las críticas
En el tramo final del escrito, los colectivos ciudadanos ponen el foco en la gestión del digestato, el residuo resultante del proceso de biometanización, que consideran un elemento clave omitido en el discurso oficial. Subrayan que la cantidad generada es prácticamente equivalente a la de los residuos de entrada y alertan de los riesgos ambientales y sanitarios asociados a su almacenamiento y aplicación agrícola sin una regulación autonómica específica.
Por todo ello, las plataformas STOP Biometano de Castilla-La Mancha exigen la elaboración urgente de una normativa autonómica garantista que regule de forma clara las distancias mínimas, las emisiones, la gestión del digestato, los riesgos sanitarios y las condiciones de implantación de estas instalaciones, con el objetivo de poner fin a la “inseguridad jurídica” que, a su juicio, se ha visto agravada por las recientes declaraciones institucionales.