Más de 30 colectivos acusan a la Junta de bloquear el aborto en Castilla-La Mancha
Más de 30 colectivos feministas, sindicales y de derechos humanos de Castilla-La Mancha han acusado al Gobierno regional de mantener "bloqueado" el acceso al aborto en la sanidad pública y han exigido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, respuestas claras y un calendario concreto para implantar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales públicos de las cinco provincias.
La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, que agrupa a 31 organizaciones, denuncia la "falta de transparencia" del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y considera "insuficiente" el plan anunciado por el Ejecutivo autonómico, al tiempo que subraya que existen médicos del propio sistema público dispuestos a realizar estas intervenciones pero que encuentran obstáculos organizativos internos que se lo impiden.
Treinta y un colectivos feministas, sindicales y de derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido una carta formal al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para exigirle que explique la situación real de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la comunidad autónoma y que publique un calendario concreto con fechas y recursos para garantizar esta prestación en los hospitales públicos regionales. La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, que impulsa la iniciativa, acusa al Gobierno del Partido Popular de mantener "bloqueado" un derecho reconocido por ley y denuncia que ninguna mujer puede acceder actualmente a una IVE en ningún centro sanitario público de la región.
La plataforma está conformada por organizaciones de diverso perfil: Ágora Feminista de Albacete, Amnistía Internacional CLM, Colectivo Sin Fronteras Albacete, Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla-La Mancha, CGT Alcázar, CGT Albacete, CGT Cuenca, Feministas de Pueblo, Plataforma 8M de Toledo, UGT Castilla-La Mancha, STAS-CLM, STE-CLM, Coordinadora 8M Albacete, Fundación Triángulo Castilla-La Mancha, Plataforma Feminista de Guadalajara, Red Feminista de Albacete y otros quince colectivos de ámbito provincial y regional, entre los que figura, como última incorporación, Plural LGTBI Mancha Centro, que eleva el total de firmantes a 31.
La carta se produce después de que los colectivos enviaran al Sescam una solicitud de acceso a información pública sobre la situación de la IVE en la comunidad autónoma y recibieran una respuesta que califican de "incompleta e insuficiente". Según las organizaciones, la Administración regional no facilitó datos fundamentales para evaluar el estado real de la prestación: ni el número de profesionales objetores de conciencia, ni las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, ni los recursos disponibles en la red pública, ni las medidas concretas planificadas para incorporar la IVE a los hospitales o centros de salud.
"Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores", señalan las organizaciones en su comunicado.
Una comunidad sin abortos en la sanidad pública
Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma donde ninguna mujer puede interrumpir su embarazo en un centro sanitario público. Las organizaciones consideran esta situación "incompatible" con "el espíritu y la letra" de la legislación estatal vigente, que obliga a las administraciones sanitarias a garantizar la IVE dentro de sus redes públicas. Los colectivos subrayan que la realidad de CLM contrasta "drásticamente" con la de otras comunidades autónomas en las que la mayoría de las interrupciones se realizan en centros públicos: en Cantabria, el 88,49%; en Galicia, el 77,02%; en La Rioja, el 76,11%; y en Navarra, el 74,82%.
Ante este panorama, la plataforma también cuestiona los anuncios realizados por el Ejecutivo autonómico. Los colectivos consideran que las declaraciones de la Junta sobre la futura incorporación de la IVE a la red sanitaria pública son "claramente insuficientes" y "carecen de garantías reales de ejecución". En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda la región, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que padecen las mujeres de una comunidad de gran extensión y dispersión territorial.
A su juicio, concentrar toda la actividad en un solo hospital no solo obligaría a muchas mujeres a desplazarse grandes distancias, sino que además convertiría ese centro en objetivo permanente de los grupos contrarios al aborto, que, según las organizaciones, ya "hostigan" a pacientes y profesionales en algunos de los centros privados donde actualmente se practican las intervenciones. Las entidades también critican que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de "meses o años" sin concretar fechas, recursos ni planificación alguna.
"Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria", sostienen las organizaciones, que reclaman además la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.
Los profesionales desmienten el argumento de la objeción generalizada
Uno de los ejes centrales del comunicado es la refutación del principal argumento que, según los colectivos, ha utilizado durante años el Gobierno regional para justificar la ausencia de IVE en hospitales públicos: la supuesta objeción de conciencia generalizada del personal sanitario. La plataforma destaca que testimonios de profesionales del propio Sescam, publicados recientemente por la Cadena SER, contradicen ese argumento: existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio.
Los propios profesionales han advertido, además, de que la objeción de conciencia es un derecho estrictamente individual y que no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional que afecte a servicios completos. Para las organizaciones firmantes, estos testimonios evidencian que el problema no es la falta de personal, sino "la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria" para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
Exigen datos, reunión y compromisos concretos
En términos formales, las entidades han solicitado una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la IVE en hospitales públicos de las cinco provincias castellanomanchegas. Exigen asimismo que se hagan públicos todos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para proteger a pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que, según denuncian, continúan produciéndose en los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.
"Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas", concluyen las organizaciones en su comunicado. La Consejería de Sanidad no había facilitado ninguna respuesta pública a estas demandas en el momento de publicar esta información.