La Junta da a los ayuntamientos el control sobre el biometano

La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha remitido una carta formal a las plataformas ciudadanas STOP Biometano agrupadas en la región para dar respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de participación pública del Plan Regional de Biometanización 2030, que el Gobierno autonómico está tramitando con el objetivo de incrementar la autonomía energética de Castilla-La Mancha y reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos. En la misiva, Gómez insiste en que la normativa recogida en el plan establece controles "muy rigurosos" sobre las instalaciones y preserva en todo momento la capacidad de los municipios para autorizar o rechazar cada proyecto.

La consejera mostró "el máximo respeto" por las aportaciones ciudadanas recibidas en la fase de participación pública y reconoció que muchas de las cuestiones planteadas —entre ellas la distancia mínima a los núcleos de población, la ubicación de las plantas, la separación entre instalaciones o el rechazo vecinal en determinadas áreas— "darían para un debate amplio y muchas veces no concluyente". Sin embargo, insistió en que todas han sido ya abordadas en el marco del plan y en los procedimientos de tramitación ambiental vinculados a cada proyecto.

La doble competencia municipal

Uno de los argumentos centrales de la respuesta de Gómez es el papel que el plan reserva a los ayuntamientos. Según precisó la consejera, los municipios afectados por la implantación de una planta deberán elaborar dos informes preceptivos: uno de compatibilidad urbanística y otro de afección socioeconómica, que analice también los efectos sinérgicos y acumulativos con otras actividades y proyectos relevantes del término municipal. Una vez concluida la tramitación ambiental, el ayuntamiento deberá además otorgar la licencia de obra y la licencia de actividad, si la instalación cumple con los requisitos de la regulación municipal.

"Por tanto, la autonomía local para decidir sobre su propio desarrollo queda absolutamente salvaguardada en todo momento", señaló Gómez, que insistió en que el proceso de autorización incluye una fase de Información Pública y Consultas a las Administraciones Interesadas, en la que "todas las personas o instituciones que aporten información sobre los problemas que estas instalaciones puedan producir al medio ambiente o a la salud de las personas serán tenidas en cuenta para autorizarlas o no de una manera definitiva".

Distancias, olores y control de gases

En materia de impacto ambiental y sobre la calidad de vida de los vecinos, la consejera desgranó varias de las exigencias recogidas en el plan. Las instalaciones deberán respetar las distancias mínimas a los núcleos de población establecidas en el documento y presentar un estudio odorífero que acredite que los posibles olores y emisiones generados en la planta no alcanzan las poblaciones limítrofes. Además, los residuos habrán de almacenarse en "recintos cerrados, con presión negativa y biofiltros", y las rutas de los vehículos de transporte deberán diseñarse de forma que "eviten atravesar poblaciones".

Sobre la emisión de gases, Gómez subrayó que el control es "riguroso" y recordó que las propias plantas tienen incentivos económicos para minimizar las fugas: "Su comercialización es uno de los ingresos más importantes de estas plantas". Con ese argumento descartó que las instalaciones expongan a la población "a gases tóxicos, contaminantes ni a aerosoles con patógenos", en contra de lo que habían sostenido las plataformas ciudadanas. Para prevenir específicamente la emisión de amoníaco, el plan obliga al "cubrimiento total de balsas" y al almacenamiento de sustratos líquidos en tanques herméticos con sistemas cubiertos.

El digestato y las bacterias vivas

Otro de los focos de preocupación de las plataformas ciudadanas era la naturaleza del digestato, el subproducto generado en la gestión de residuos orgánicos. Gómez despejó las dudas al respecto con un argumento técnico: "Basta con comprobar que los digestores funcionan con bacterias vivas y que si los subproductos empleados para producir biogás tuvieran ese tipo de sustancias [patógenas], se morirían e impedirían el funcionamiento de estas plantas".

La Guía del IDAE y las siete líneas de buenas prácticas

La consejera cerró su carta haciendo referencia a la Guía de Buenas Prácticas para la Implantación de Proyectos de Biogás y Biometano elaborada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que articula su contenido en siete ejes fundamentales. El primero de ellos, y al que Gómez otorgó especial relevancia, es el del "diálogo, transparencia, comunicación y participación ciudadana", con el objetivo de garantizar la implicación de la población local desde las fases iniciales de cada proyecto. Los otros seis pilares son el compromiso medioambiental, los beneficios para la comunidad, el emplazamiento adecuado de las plantas, la gestión eficiente de los residuos y el almacenamiento seguro de materias primas, la gestión eficiente del digestado, y la seguridad y el control.

Con esos mimbres, la titular de Desarrollo Sostenible defendió el plan en términos geopolíticos y económicos: "Estamos asistiendo a una revolución energética y económica, con un contexto geopolítico incierto que nos hace tener que aumentar nuestra autonomía energética y respecto al uso de fertilizantes orgánicos". Gómez comprometió además la continuidad del trabajo del Gobierno regional para que Castilla-La Mancha alcance ese "doble objetivo siempre con las máximas garantías de seguridad y bienestar para su gente y su medio ambiente".