La Junta adaptará el puesto a sus empleados con discapacidad
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su compromiso de favorecer que las personas con discapacidad intelectual que trabajan en la Administración regional desempeñen sus funciones en puestos adaptados a sus necesidades específicas, una vez superados los correspondientes procesos selectivos. Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la primera reunión de seguimiento del convenio de colaboración para el impulso de las Unidades de Inclusión en la Administración autonómica, celebrada este lunes en Toledo .
El encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, ha servido para evaluar los avances del acuerdo suscrito con el Grupo de Entidades Sociales CECAP, en el que también participan CERMI Castilla-La Mancha y Plena Inclusión. El objetivo es reforzar una función pública “inclusiva, accesible y justa”, que no se limite al acceso al empleo, sino que garantice un seguimiento posterior de la integración laboral.
Ruiz Molina ha recordado que desde 2015 se han reservado más de 600 plazas para personas con discapacidad intelectual en los distintos sectores de la Administración regional. En el ámbito de la Administración General, el Ejecutivo autonómico ha desarrollado procesos selectivos independientes para el cupo del dos por ciento que reserva la ley a este colectivo, una medida posible tras la modificación de la Ley de Empleo Público en 2019. A ello se ha sumado la adaptación de temarios y exámenes a lectura fácil, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Gracias a este sistema, 100 personas con discapacidad intelectual se han incorporado ya como funcionarios y funcionarias a la Administración regional tras superar procesos selectivos específicos. Actualmente, se está finalizando el procedimiento correspondiente a 46 plazas más incluidas en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024, cuyos exámenes se celebraron en septiembre del pasado año. Además, la OEP 2025 contempla 61 plazas reservadas para este colectivo en todos los sectores de la Administración autonómica.
Un seguimiento posterior para asegurar la idoneidad del puesto
Pese a valorar de forma muy positiva los resultados en el acceso al empleo público, el consejero ha señalado la necesidad de “dar una vuelta de tuerca” y analizar si las personas incorporadas están desempeñando su labor en el puesto más adecuado a su perfil y capacidades. En este sentido, ha subrayado que la Administración debe trabajar también en el entorno laboral, para que los empleados con discapacidad intelectual desarrollen sus funciones con autonomía y cuenten con un itinerario real de estabilidad y progreso profesional.
Con este fin se pusieron en marcha las Unidades de Inclusión, concebidas como una experiencia piloto y desarrolladas junto a profesionales especializados. Durante la reunión de seguimiento, CECAP ha presentado los resultados obtenidos hasta el momento y ha trasladado diversas propuestas de mejora, entre ellas la implantación de un protocolo de evaluación de la especificidad para valorar la idoneidad del puesto de trabajo y la adaptación del entorno en el que se desempeñan las funciones.
El CERMI reclama fomentar la cultura de la inclusión
Por su parte, la presidenta del CERMI en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ejecutivo regional para facilitar un proceso selectivo ‘ad hoc’ a las personas con discapacidad intelectual, un acceso que, según ha indicado, “les cuesta superar”. No obstante, ha insistido en que, una vez conseguido el puesto, es imprescindible favorecer la adaptación y fomentar la cultura de la inclusión dentro de la Administración.
Gómez ha subrayado la importancia de que el resto de trabajadores públicos comprendan y acojan a estos compañeros “como a uno más”, promoviendo el respeto mutuo y el trabajo colaborativo, algo que en ocasiones requiere apoyo y sensibilización específica.
El presidente de CECAP, Andrés Martínez, ha felicitado al Gobierno castellanomanchego por avanzar en una estrategia de inclusión laboral “pionera” en el acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual, destacando que Castilla-La Mancha es la primera región del país en implantar este modelo con carácter estructural. Martínez ha señalado que su entidad actúa como herramienta técnica en el diseño e implementación de las Unidades de Inclusión, colaborando estrechamente con la Dirección General de Función Pública.