In Género halla indicios de explotación sexual en prostíbulos de Castilla-La Mancha

Los equipos multidisciplinares de In Género atendieron a 1.622 personas en Castilla-La Mancha y realizaron intervenciones en 359 espacios de prostitución a lo largo de 2025, según las conclusiones del informe anual presentado por la entidad. El trabajo se ejecuta a través de unidades móviles y servicios especializados de atención social, psicológica, jurídica, sanitaria y laboral desplegados en la región. Los datos fueron expuestos por la coordinadora autonómica de la organización, Julia Dafina Ionescu, y la responsable del área jurídica, Rosario Porras Sánchez.

Los resultados muestran una realidad claramente feminizada: más del 98% de las personas atendidas fueron mujeres cis y trans, procedentes en su mayoría de países de América Latina, principalmente Colombia, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Además, más del 90% de ellas mantenía económicamente a familiares con sus ingresos, lo que evidencia el peso de las responsabilidades familiares en muchos procesos migratorios.

El informe refleja también una precariedad administrativa extendida entre la población atendida. El 51,02% se encontraba en situación irregular y otro 16,53% tenía procesos de regularización en trámite. Un 35,16% no disponía de tarjeta sanitaria o la tenía pendiente de obtener, lo que compromete su acceso normalizado al sistema público de salud. "Esta realidad condiciona el acceso al empleo, la vivienda, la estabilidad económica y determinados recursos y derechos básicos", señaló Ionescu durante la presentación.

En sentido positivo, el 75,27% de las personas atendidas estaba empadronado, un dato que In Género valora como un indicador de cierta estabilidad residencial, aunque insuficiente para garantizar el pleno ejercicio de derechos.

Indicadores de explotación y trata

La intervención directa sobre el terreno permitió a los equipos especializados detectar situaciones de especial vulnerabilidad que difícilmente habrían aflorado por otras vías. Durante 2025, se registraron indicadores de posible explotación sexual en el 13,80% de las personas atendidas, mientras que en el 1,17% de los casos se apreciaron posibles situaciones de trata de seres humanos.

"Los derechos reconocidos deben convertirse en derechos accesibles", subrayó Ionescu, quien destacó que los datos de 2025 muestran que todavía persisten obstáculos importantes para muchas de las personas que acuden a la entidad. La responsable del área jurídica, Porras Sánchez, respaldó esta lectura al exponer el impacto concreto de la irregularidad administrativa en el acceso a los recursos disponibles.

Coordinación institucional y próximos retos

In Género insistió en la necesidad de seguir reforzando la coordinación entre administraciones públicas, recursos especializados, entidades sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de garantizar respuestas eficaces, accesibles y adaptadas a la realidad de cada persona. La entidad agradeció el apoyo de las instituciones y entidades financiadoras que han contribuido al sostenimiento de sus programas en Castilla-La Mancha durante el pasado ejercicio.

El informe de 2025 sitúa a In Género como uno de los dispositivos de intervención más activos en el ámbito de la prostitución y la explotación sexual en la región, con una labor que combina la presencia en calle con la atención especializada en un contexto en el que la irregularidad administrativa sigue siendo el principal obstáculo para el acceso a derechos fundamentales.