Greenpeace pide un pacto pensando en el interés común ante el fuego

La organización ecologista Greenpeace, de la mano del fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, ha sobrevolado este viernes en avioneta las zonas devastadas por los grandes incendios forestales del verano de 2026 en el centro de la península ibérica para documentar desde el aire una destrucción que, en algunos puntos, aún no había sido fotografiada. Las imágenes, tomadas el 31 de julio sobre territorios de Toledo, Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, revelan la dimensión real de unos fuegos que han dejado ya 15 personas fallecidas, más de 100.000 evacuadas o confinadas y una superficie calcinada que se multiplica por seis respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) elevan a 107.041 hectáreas la superficie afectada por los cinco grandes incendios documentados —Brieva (Segovia), Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) y La Mierla (Guadalajara)—, lo que representa el 59,46% del total quemado en España hasta la fecha, estimado en 180.000 hectáreas. Dos de ellos han alcanzado la categoría de megaincendio: Burgohondo, con 44.447 hectáreas, ya es el mayor de la historia desde que existen registros en España; La Mierla, con 32.100 hectáreas, es el segundo gran incendio del año.

El incendio de Burgohondo, cuya virulencia obligó a declarar por primera vez en España la emergencia nacional por incendios, y el de la sierra oeste de Madrid concentran buena parte de las imágenes aéreas obtenidas por Greenpeace. Las fotografías muestran un paisaje dominado por cenizas, vegetación muerta y estructuras comprometidas por las llamas —casas, urbanizaciones, campings, instalaciones turísticas, clubes náuticos y explotaciones ganaderas, agrícolas y apícolas— en un territorio que todavía no ha completado la temporada estival de mayor riesgo.

Espacios naturales protegidos en Red Natura 2000

El fuego ha afectado de forma especialmente grave a espacios naturales de alto valor ecológico integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Entre ellos, el Pinar de Almorox (Toledo), el Valle de Iruelas y el Castañar del Tiemblo (Ávila), el entorno del embalse de San Juan (Madrid), el Valle del río Pirón (Segovia) y la Sierra Norte de Guadalajara. Estos espacios albergan ecosistemas representativos del centro peninsular y poblaciones de flora y fauna protegida, con especies tan emblemáticas como el buitre negro (Aegypius monachus), cuya colonia en el Valle de Iruelas es una de las más importantes de España y de Europa, o el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), presente en el suroeste de la Comunidad de Madrid con varias áreas de nidificación y campeo.

Los daños no se han limitado al medio natural. El fuego ha arrasado también el tejido socioeconómico de las zonas afectadas: pueblos desalojados, urbanizaciones evacuadas, negocios de restauración destruidos, naves industriales calcinadas y explotaciones agropecuarias y apícolas arruinadas. Para Greenpeace, "el fuego no solo calcina ecosistemas forestales, arruina el futuro del medio rural", comprometiendo el sustento económico de familias y puestos de trabajo durante años.

La amenaza sobre el agua potable

El color negro y gris que domina en las imágenes aéreas delata, según la organización, una amenaza que aún está por llegar. Las próximas lluvias encontrarán un suelo desprovisto de vegetación y arrastrarán la ingente cantidad de tierra y cenizas a través de barrancos y arroyos hasta los embalses y zonas de captación de agua para el abastecimiento humano. Greenpeace denomina este fenómeno el "chapapote de monte": una corriente de lodo y cenizas que puede inutilizar temporalmente los sistemas de depuración, alterar la composición química del agua y poner en riesgo los ecosistemas acuáticos, con grave afección a especies de interés piscícola y fauna y flora amenazada.

Ante este riesgo, la organización urge a liberar de forma inmediata presupuesto para construir diques de retención en las laderas quemadas que retengan el máximo posible de estos arrastres, priorizando las zonas críticas para el abastecimiento de agua de la población.

El fuego ha puesto en evidencia también el incumplimiento o la escasa efectividad de la Directriz Básica de Protección Civil, que obliga a los municipios a redactar planes de emergencia contra incendios forestales y a las urbanizaciones situadas en la interfaz urbano-forestal a elaborar planes de autoprotección. Los perímetros de las urbanizaciones del suroeste de Madrid fueron, según Greenpeace, los más vulnerables ante el avance de las llamas.

Cambio climático y condiciones extremas

La organización enmarca lo ocurrido en el contexto del cambio climático. Tras la cuarta ola de calor de lo que va de verano de 2026, la humedad del suelo se ha reducido a niveles extremos y la vegetación se encuentra en estado de estrés hídrico, actuando como combustible perfecto para la propagación del fuego en condiciones de viento. Cuando estas circunstancias coinciden con episodios meteorológicos extremos, se generan los denominados incendios de alta intensidad, que los expertos en emergencias califican como "fuera de la capacidad de extinción" y que solo pueden ser controlados cuando cambian las condiciones atmosféricas.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refuerzan este diagnóstico: en el verano de 2025, aproximadamente uno de cada tres días estuvo bajo situación de ola de calor; en julio de 2026, ese umbral se elevó hasta 13 días, casi la mitad del mes. Las olas de calor, advierte Greenpeace, son cada vez más frecuentes y prolongadas como consecuencia directa del cambio climático, lo que convierte la prevención forestal en una prioridad estratégica que no puede seguir postergándose.

La organización recuerda además que el 95% de los incendios en España son causados por negligencias o intencionalidad humana, lo que hace imprescindible reforzar la investigación y persecución de las causas, con mayor dotación presupuestaria y humana a la Fiscalía de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y los agentes forestales.

Un gran acuerdo político, la demanda central

Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España, fue tajante al valorar la situación: "La solución a los grandes incendios forestales y a veranos como el que estamos viviendo no vendrá a través de la utilización de estas crisis como arma política sino a través de un gran acuerdo político y social que incorpore las propuestas ya consensuadas por las organizaciones de la sociedad civil y de aprobar reformas, presupuestos y medidas concretas para empezar a invertir la tendencia actual que nos lleva al incremento de los grandes incendios de efecto devastador."

Bajo ese marco, Greenpeace ha trasladado una batería de peticiones concretas a las distintas administraciones. A las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, les pide que escuchen el consenso ya alcanzado entre profesionales de la extinción, el sector forestal y las organizaciones ecologistas para trabajar en un acuerdo político amplio que haga posible un cambio de paradigma, con financiación estable y una fiscalidad favorable a la gestión forestal que frene el abandono del medio natural.

Al Gobierno central le reclama una estrategia estatal centrada en la prevención: campañas de educación ambiental, mayor inversión en la investigación de las causas de los incendios y refuerzo de los cuerpos encargados de su persecución. Y, conjuntamente con las comunidades autónomas, exige una inversión de, al menos, 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje forestal y actuar cada año sobre un mínimo del 1% de la superficie forestal española.

A las administraciones autonómicas, por su parte, les pide reforzar la planificación preventiva, los dispositivos de extinción, la gestión del territorio y el cumplimiento de la legislación de biodiversidad y restauración de zonas quemadas. Greenpeace concluye con una llamada a transformar la solidaridad que surge en los momentos más dolorosos en un compromiso político "tangible, permanente e integral", con colaboración entre todas las administraciones y participación activa de la sociedad civil y la comunidad científica, al margen de los ciclos electorales.