Exigen que la Junta asuma el transporte sanitario ante el "fracaso" de la externalización
UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha exigió este jueves al Gobierno regional que asuma la gestión pública y directa del transporte sanitario tras constatar, según el sindicato, el “fracaso” del modelo de externalización vigente en la comunidad autónoma. La organización sostiene que el sistema actual perjudica tanto a la plantilla como a la ciudadanía usuaria y se mantiene sobre condiciones laborales precarias y concesiones a empresas que priorizan el ahorro económico frente a la calidad asistencial.
La denuncia fue realizada en una rueda de prensa celebrada en Guadalajara, en la que participaron el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región, Fernando Peiró, y el responsable del sector de Transporte Sanitario del sindicato, Serafín García. Ambos reclamaron al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que “deje de mirar hacia otro lado” mientras el servicio se deteriora, el convenio colectivo permanece bloqueado y los trabajadores “pagan las consecuencias” de un modelo que consideran agotado.
Según UGT, las empresas concesionarias están incumpliendo las exigencias mínimas recogidas en los pliegos de condiciones, lo que ha derivado en plantillas insuficientes, inestabilidad laboral, salarios que no se corresponden con la responsabilidad del trabajo y una flota de ambulancias obsoleta. Ante esta situación, el sindicato defiende que la única solución viable es devolver la gestión del transporte sanitario a lo público, lo que permitiría garantizar condiciones laborales dignas, vehículos modernos y seguros y un control público real del servicio.
Ambulancias envejecidas y falta de personal en todas las provincias
Fernando Peiró calificó de “situación límite” el estado del transporte sanitario en la región, denunciando la existencia de ambulancias con cientos de miles de kilómetros, averías continuas, material defectuoso y un mantenimiento claramente insuficiente, problemas que, según subrayó, UGT lleva años denunciando.
Por su parte, Serafín García puso el foco en la provincia de Ciudad Real, donde la falta de personal provoca jornadas que superan los límites legales y un “desgaste brutal” de las plantillas. Esta carencia también se da en Guadalajara, que cuenta con la menor dotación de ambulancias de toda Castilla-La Mancha, a pesar de su dispersión geográfica y de tener más población que otras provincias, lo que conlleva que determinadas zonas queden sin recursos asistenciales. En Albacete, Toledo y Cuenca se repite, según el sindicato, el mismo patrón: plantillas bajo mínimos, sobrecarga de trabajo, incumplimientos de cuadrantes y profesionales obligados a asumir más funciones para evitar que el servicio colapse.
El bloqueo del convenio colectivo
UGT Servicios Públicos recuerda que alrededor de 2.000 profesionales del transporte sanitario en Castilla-La Mancha llevan desde 2012 con los salarios congelados, condiciones precarias y sin avances reales en la negociación colectiva. El sindicato atribuye el bloqueo del convenio a las empresas adjudicatarias, que —según denuncia— “no tienen margen, voluntad o legitimidad real” para firmar un acuerdo digno.
Además de paros parciales, concentraciones y movilizaciones en todas las provincias, UGT ha acudido a los tribunales por excesos de jornada, horas extras no pagadas e incumplimientos reiterados, con sentencias que están dando la razón a los trabajadores. Pese a que el riesgo de huelga sigue latente, la respuesta de la administración, afirma el sindicato, es siempre la misma: falta de presupuesto y limitaciones de los pliegos.
“El bloqueo del convenio no es casual”, concluye UGT, que lo considera una consecuencia directa de un modelo de externalización fallido. A su juicio, cuando las empresas no pueden garantizar salarios dignos, jornadas legales ni estabilidad laboral, no pueden ser la base de un servicio público esencial como el transporte sanitario. El sindicato recuerda, además, que el Sescam dispone desde hace años de un informe elaborado por UGT que, basándose en experiencias de otras comunidades autónomas, demuestra que la gestión directa y pública supondría un ahorro para la administración y una mejora del servicio.