Educadoras exigen gestión pública directa en escuelas de 0 a 3 años

La Asociación de Profesionales de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha ha emitido este martes, 25 de agosto de 2026, un comunicado público en el que denuncia el deterioro del primer ciclo de educación infantil en la región y exige medidas urgentes a la Junta de Comunidades y a los ayuntamientos antes de la apertura del nuevo curso escolar. El colectivo alerta de la privatización de la red pública municipal, de la falta de tutela de la Consejería de Educación y de la precariedad laboral que afecta a las profesionales del sector.

En el documento, la asociación responsabiliza a los consistorios de renunciar a sus competencias directas sobre un servicio que considera esencial, y critica que la Junta actúe como "mera canalizadora de fondos europeos sin exigir la titularidad pública de los centros ni evitar cierres y despidos". La organización califica de "inadmisible" que los recursos públicos destinados a la primera infancia se transfieran a las entidades locales "sin exigir que se vinculen de forma obligatoria a la gestión pública directa".

La denuncia llega avalada por tres casos que el colectivo señala como síntoma de un modelo en quiebra.

En Toledo capital, el Ayuntamiento adjudicó "in extremis" y por trámite de urgencia la gestión de las tres escuelas infantiles municipales a una empresa por un periodo provisional de tres meses, tras el colapso del concurso público y la salida de la anterior concesionaria. Según la asociación, la situación dejó a 54 trabajadoras y a más de 300 familias en "inestabilidad absoluta" a pocos días del inicio de las clases.

En Quer (Guadalajara), la escuela infantil Las Setitas encadenó licitaciones desiertas por falta de inversión municipal y afrontaba, en el momento del comunicado, una amenaza de cierre inminente a dos semanas del inicio de curso, lo que dejaría sin plaza a los menores ya admitidos y provocaría el despido de su personal educativo.

En El Carpio del Tajo (Toledo), el Ayuntamiento traspasó la gestión del centro a una empresa privada al agotarse la subvención con la que había financiado el servicio, dejando a las educadoras en lo que el colectivo describe como "total incertidumbre" sobre su futuro laboral.

Privatización y precariedad

La asociación vincula la externalización de los centros a una degradación sistemática de las condiciones laborales. Denuncia que las gestoras privadas recurren a lo que denomina "fraude de subclasificar al personal", contratando a Técnicas Superiores en Educación Infantil bajo categorías inferiores como "cuidadoras", "auxiliares" o "personal de apoyo", con la consiguiente reducción salarial. El resultado, sostienen, es una plantilla sometida a "sueldos ajustados al SMI, contratos temporales y al riesgo constante de perder el puesto de trabajo".

El colectivo extiende su crítica al modelo de financiación autonómica. Recuerda que la Junta de Comunidades garantizaba antes la viabilidad de las escuelas infantiles municipales mediante convenios de colaboración que sufragaban directamente los costes de personal y mantenimiento, convenios que fueron suprimidos y sustituidos por la canalización de fondos europeos sin condiciones de gestión.

Exigencias para el nuevo curso

Ante esta situación, la asociación trasladó a la Junta y a los ayuntamientos un conjunto de demandas concretas: que los consistorios asuman las escuelas como "servicios esenciales e irrenunciables"; que la Consejería de Educación retome la financiación directa y estable para gastos de personal y mantenimiento, y que intervenga cuando un municipio ponga en riesgo un centro o los empleos de sus trabajadoras; y que se garantice la contratación del personal bajo la categoría profesional que corresponde a su titulación oficial, erradicando las contrataciones encubiertas.

El colectivo reclama además el desarrollo de un marco regulatorio autonómico unificado que sea de obligado cumplimiento para todos los centros del ciclo 0-3, independientemente de su titularidad —pública autonómica, municipal o privada—. Este marco debería contemplar, según la asociación, la figura de la pareja educativa en el aula, apoyos pedagógicos para niños con necesidades educativas especiales y mecanismos de cobertura inmediata ante bajas laborales.

"La educación de 0 a 3 años es un derecho fundamental de la infancia y un pilar social básico, no una carga prescindible para los ayuntamientos ni un nicho de mercado para el sector privado", concluye el comunicado.