Castilla-La Mancha somete a consulta cuatro normas sobre accesibilidad y pobreza

El Gobierno regional sometió este viernes cuatro grandes iniciativas en materia social al escrutinio de sus principales órganos de participación, el Consejo Asesor de Servicios Sociales y la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social, en sendas reuniones celebradas en Toledo en las que representantes de entidades sociales, sindicatos, administraciones locales, universidades y colegios profesionales debatieron proyectos normativos que afectan a la accesibilidad universal, la inclusión de personas con discapacidad, la lucha contra la pobreza y el marco del voluntariado en la región.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, presidió los encuentros y quiso dejar claro el modelo que inspira al Ejecutivo castellanomanchego en la elaboración de sus políticas sociales. "La participación no es el último trámite de una política pública, sino una parte esencial de su diseño. Escuchar a quienes trabajan cada día junto a las personas y conocen de primera mano sus necesidades nos permite mejorar las normas, las estrategias y los servicios que ponemos en marcha", señaló.

Martín agradeció las aportaciones de las entidades integrantes de ambos órganos e insistió en que "el diálogo sirve cuando tiene capacidad real para enriquecer las decisiones y transformar las propuestas iniciales en respuestas más completas, más cercanas y más útiles para la ciudadanía". También participaron en las sesiones el comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, y el director general de Acción Social, Santi Vera.

Dos espacios de participación diferentes y complementarios

El Consejo Asesor de Servicios Sociales es el órgano más amplio y representativo de la Consejería de Bienestar Social. Integran su composición entidades sociales de distintos ámbitos, representantes de las administraciones públicas, la universidad, los sindicatos, la Federación de Municipios y Provincias, las Diputaciones provinciales y diversos colegios profesionales. La Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social, constituida al amparo de la Ley del Tercer Sector Social de CLM, permite analizar las políticas públicas desde la perspectiva específica de las organizaciones que colaboran con la Administración en la prestación de servicios y el desarrollo de programas.

Aunque ambas sesiones compartieron los principales puntos del orden del día, cada órgano los abordó desde su propio ámbito de representación. "Son espacios diferentes, pero complementarios, que permiten incorporar una mirada plural y garantizar que las decisiones se adopten con conocimiento del territorio y de la realidad social", explicó la viceconsejera.

La Ley de Accesibilidad Universal, en fase avanzada de participación

La primera iniciativa analizada fue el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha, que actualizará una normativa autonómica vigente desde 1994 y sustituirá el modelo centrado en la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas por una concepción integral, transversal y basada en derechos.

El texto extiende la accesibilidad a las dimensiones física, sensorial, cognitiva, comunicativa y digital, y amplía su aplicación a espacios públicos y naturales, transporte, vivienda, educación, empleo, servicios sociales y sanitarios, cultura, deporte, relaciones con las administraciones, tecnologías y situaciones de emergencia. El proyecto también incorpora una atención específica a las características territoriales de CLM, con especial consideración a las necesidades del medio rural.

El proceso participativo está en marcha desde el pasado mes de febrero a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha y, en las semanas actuales, el texto se está presentando y debatiendo en 16 consejos y comisiones regionales. La fase de información pública está prevista para finales de julio y permanecerá abierta durante el mes de agosto. Hasta la fecha, la iniciativa ha registrado cerca de 300 participantes, alrededor de un centenar de aportaciones y más de 2.000 visitas al espacio habilitado en el portal.

La futura ley contempla además la creación del Consejo Regional de Accesibilidad Universal como órgano consultivo y de asesoramiento, con el fin de dar continuidad al diálogo entre la Administración, las entidades locales, el Tercer Sector, los agentes económicos y sociales, los colegios profesionales y las universidades.

Apoyos personalizados para la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad

El segundo asunto de las reuniones fue el proyecto de decreto que regulará por primera vez de forma específica el servicio de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de CLM, estableciendo también el procedimiento de acceso a esta prestación.

El futuro decreto dará cobertura normativa común a un recurso destinado a personas adultas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite o trastorno del espectro autista, con el objetivo de favorecer su autonomía, la participación comunitaria y la inclusión laboral. La intervención se desarrollará a través de apoyos profesionales personalizados, ajustados a los intereses, capacidades y proyecto vital de cada usuario, y priorizará las actuaciones en entornos comunitarios y laborales reales frente a los espacios segregados.

La viceconsejera subrayó que la regulación permitirá "consolidar y seguir extendiendo un modelo que no parte de las limitaciones, sino de las capacidades de cada persona, de sus preferencias y de los apoyos que necesita para desarrollar su vida con la máxima autonomía posible".

Una estrategia transversal contra la pobreza hasta 2030 con 118 medidas

Las sesiones abordaron también el borrador definitivo de la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha 2026-2030, elaborada con la implicación de los diferentes departamentos del Gobierno regional y del Tercer Sector. El documento adopta un enfoque transversal ante un fenómeno que no depende exclusivamente de los ingresos, sino también del acceso al empleo, la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales y las oportunidades de participación.

El borrador se articula en torno a tres grandes retos: la inversión social en las personas y los territorios; el fortalecimiento de la protección social; y el desarrollo de alianzas y del trabajo en red. En total, contempla 118 medidas que abarcan el apoyo a las familias con menos recursos, la educación inclusiva, la formación y el empleo de calidad, el acceso a la vivienda, la atención sanitaria, el respaldo a la infancia y las familias, el fortalecimiento de los servicios sociales y la igualdad de oportunidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La Estrategia incluirá mecanismos de seguimiento, evaluación intermedia y final, rendición de cuentas y participación del Tercer Sector a lo largo de su desarrollo.

Nueva Ley de Voluntariado, al Consejo de Gobierno en septiembre

El último punto abordado fue el proyecto de Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha, que sustituirá a la norma autonómica aprobada en 1995, con la que la región fue pionera en España en la regulación de esta figura. El nuevo texto adaptará el marco normativo a la realidad social actual y a los cambios introducidos por la legislación estatal en las últimas décadas.

La futura ley reconocerá los distintos ámbitos de la acción voluntaria —social, cultural, deportivo, ambiental, educativo o de cooperación, entre otros— y reforzará los derechos y deberes de las personas voluntarias, de las entidades y de quienes reciben su apoyo. Además, delimitará con mayor claridad qué actividades tienen la consideración de voluntariado, establecerá nuevas garantías y medidas de fomento, y actualizará los instrumentos de planificación, acreditación y participación.

El proyecto ha sido elaborado junto a la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha y las entidades que desarrollan programas con personas voluntarias. Tras completar los procesos de participación, la Consejería de Bienestar Social se ha comprometido a elevar el texto al Consejo de Gobierno en septiembre.