Castilla-La Mancha redacta con la sociedad su Ley de Accesibilidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha este jueves en Toledo el proceso participativo para la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal, una norma que estará acompañada de un plan estratégico y cuya aprobación el Ejecutivo autonómico aspira a lograr por unanimidad en las Cortes regionales. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha apelado directamente a PP y Vox para que respalden el texto, subrayando que se trata de una ley “compleja” que requiere el “máximo consenso” político y social.

Caballero ha inaugurado en la Escuela de Administración Regional unas jornadas participativas que han reunido a más de 200 asistentes procedentes del sector de la discapacidad, entidades de mayores, representantes del sector privado y del tejido empresarial, administraciones públicas, universidades y colectivos vinculados a la materia, como el Colegio de Arquitectos . El objetivo, según ha señalado, es que el texto legal se construya “de la mano de la sociedad”, recogiendo aportaciones desde la experiencia y el conocimiento de quienes trabajan directamente en el ámbito de la accesibilidad.

El vicepresidente segundo ha avanzado que la ley fija como fecha tope finales de marzo o principios de abril de 2027 y que irá vinculada a un plan estratégico con objetivos a corto, medio y largo plazo para facilitar su desarrollo efectivo. Además, ha confirmado que se activará un Consejo Regional de Accesibilidad Universal que comenzará a trabajar tras la aprobación de la norma.

Una ley “muy trabajada” y con impacto real

“Queremos ser capaces de tener el texto con todas las aportaciones, de forma muy trabajada y transparente”, ha indicado Caballero, quien ha insistido en que “no tenemos que correr. No se trata de llegar pronto y solos, sino juntos y a tiempo”, parafraseando al poeta León Felipe.

El vicepresidente ha subrayado que el propósito es aprobar la ley antes de que concluya la legislatura y que lo haga con el mayor respaldo posible, no solo parlamentario, sino también social. “Las leyes no son importantes porque se promulgan, sino porque tienen impacto social, mejoran la vida de la ciudadanía, están dotadas presupuestariamente y consiguen los objetivos para los que han sido creadas”, ha remarcado .

Caballero ha vinculado la futura norma al cumplimiento de la Constitución de 1978, cuyo cincuentenario está próximo, recordando que ya establecía obligaciones en materia de igualdad y derechos. Aunque ha reconocido los avances logrados, ha admitido que “tendríamos que acelerar el paso”, especialmente para garantizar una accesibilidad universal efectiva en todos los ámbitos.

Financiación autonómica, estatal y europea

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la necesidad de financiación suficiente para que la ley no quede en una declaración de intenciones. “No estamos dispuestos a aprobar una ley para que luego no se pueda aplicar, sencillamente porque no existen recursos económicos”, ha advertido.

En este sentido, Caballero ha reclamado al Gobierno central que el fondo nacional en materia de discapacidad se distribuya “de acuerdo al principio de necesidad”, lamentando que “hay determinados fondos que llegan a los que más tienen”. También ha defendido la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, como ha planteado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín, para sufragar actuaciones concretas en museos, hospitales o centros de salud sin que las administraciones tengan que afrontar complejos trámites para encontrar financiación.

Asimismo, el vicepresidente ha reclamado un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca “la singularidad” de Castilla-La Mancha, marcada por un alto porcentaje de envejecimiento y una amplia dispersión territorial, factores que encarecen la prestación de servicios y la adaptación de infraestructuras.

En el ámbito europeo, ha anunciado que en marzo volverá a viajar a Bruselas para defender que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 incluya recursos específicos para políticas de accesibilidad universal, canalizados preferentemente a través de fondos como el Fondo Social Europeo y gestionados por las comunidades autónomas . También ha pedido reforzar la condicionalidad en los reglamentos europeos para garantizar una accesibilidad real y efectiva, así como incluir a municipios de menos de 50.000 habitantes en los reconocimientos comunitarios a iniciativas municipales en este ámbito.

Caballero ha señalado que el presupuesto de la Unión Europea representa actualmente el 1,2% del PIB, y que un incremento de cinco décimas permitiría atender tanto las necesidades de defensa como la Política Agraria Común y los fondos de cohesión.

La accesibilidad como derecho exigible

Durante la jornada también ha intervenido el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno central, quien ha destacado el “factor palanca” que ejerce el Comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha para extender estos derechos de forma transversal en el Ejecutivo regional.

Ha hecho referencia a la reforma en tramitación en el Congreso de las leyes de discapacidad y dependencia, subrayando que, si se aprueba, la accesibilidad dejará de ser un principio rector para convertirse en “un derecho de toda la ciudadanía”. “Cuando yo vaya a un sitio y haya unos mostradores altos, podré acudir a la justicia a buscar reparación, porque eso implicará una discriminación en el ejercicio de mis derechos”, ha ejemplificado.

Por su parte, la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha agradecido la “escucha activa” del Gobierno regional y ha advertido de que, sin accesibilidad universal, las personas con discapacidad tienen “muy difícil ejercer sus derechos”, una carencia que no solo se manifiesta en barreras arquitectónicas, sino también en entornos digitales.

Finalmente, el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, Jesús Hernández, ha destacado los avances legislativos en la materia y ha asegurado que “España es el país más accesible de Europa”, poniendo en valor la futura aplicación de la ley regional como fruto de un trabajo consensuado por todas las partes de la sociedad.