Castilla-La Mancha lidera la dependencia con 82.425 beneficiarios y 118.432 prestaciones

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con los mejores datos históricos del Sistema de Atención a la Dependencia, consolidándose como una de las comunidades autónomas de referencia en España tanto por cobertura como por calidad, agilidad y volumen de servicios. La región alcanza ya 118.432 prestaciones activas, que permiten atender a 82.425 personas y familias, situándose “a la cabeza” del sistema nacional.

Así lo ha expuesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la presentación del balance anual, en la que ha subrayado que la dependencia “es una prioridad absoluta” para el Gobierno regional y que los resultados son fruto de “una apuesta política clara, sostenida en el tiempo y centrada en las personas”.

Más beneficiarios y menos espera

Durante 2025, el sistema regional incorporó 4.390 nuevos beneficiarios, lo que equivale a una media de 365 al mes y 12 al día, manteniendo un ritmo de crecimiento constante. En paralelo, la lista de espera se redujo hasta el 1,2%, una cifra que supone cinco veces menos que la media nacional.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan una mejora estructural del sistema. “No hablamos de cifras abstractas, hablamos de personas que entran en el sistema y ven garantizado un derecho”, ha afirmado, remarcando que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor capacidad de absorción de nuevas solicitudes.

Impacto directo en el empleo y el medio rural

El crecimiento del sistema de dependencia tiene también un efecto directo sobre el empleo. Castilla-La Mancha cerró 2025 con 27.569 empleos vinculados al sector, caracterizados por su estabilidad, ya que tres de cada cuatro contratos son indefinidos. Solo en centros residenciales se contabilizan 16.849 puestos de trabajo.

Además, desde 2015 se ha multiplicado por seis el número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social. “La dependencia no solo cuida, también genera empleo y fija población, especialmente en el medio rural”, ha subrayado García Torijano.

Inversión histórica y red de servicios

El refuerzo del sistema se apoya en una inversión presupuestaria calificada como “histórica”. Desde 2015, el presupuesto destinado a dependencia ha aumentado en 320 millones de euros, un 86% más, pasando de 372 millones a casi 692 millones previstos para 2026. En la actualidad, la Comunidad Autónoma destina más de dos millones de euros diarios al sistema.

Este esfuerzo financiero sostiene un catálogo de servicios amplio y diversificado. Más de 34.000 personas cuentan con teleasistencia, la mayor cobertura de España; 15.425 reciben ayuda a domicilio; más de 15.400 acceden a servicios de promoción de la autonomía personal; 4.355 son atendidas en centros de día y 12.927 dependientes disponen de una plaza residencial pública, con la mayor cobertura de financiación pública del país.

Innovación y nuevos modelos de atención

Castilla-La Mancha destaca también por su liderazgo en innovación en cuidados. El Gobierno regional desarrolla el mayor contrato de teleasistencia de todas las comunidades autónomas y avanza en nuevos modelos de atención personalizados.

Antes de que finalice la legislatura, se incorporarán más de 1.000 nuevos usuarios a un proyecto de teleasistencia móvil con geolocalización, ya en funcionamiento con más de 400 personas, especialmente diseñado para personas con deterioro cognitivo moderado. “Innovar en dependencia es anticiparnos y cuidar mejor”, ha señalado la consejera.

Tramitación más rápida y fin del “limbo”

Uno de los principales hitos del sistema regional es la agilidad administrativa. Castilla-La Mancha resuelve los expedientes de dependencia en una media de 165 días, frente a los 341 días de la media nacional, menos de la mitad del tiempo. La región es una de las cuatro únicas comunidades que cumple los plazos marcados por la Ley de Dependencia y acumula 15 meses consecutivos mejorando los tiempos de respuesta.

Esta mejora ha permitido reducir el denominado “limbo de la dependencia” en un 97%, situándolo en 879 expedientes pendientes. A lo largo de 2025 se registraron 38.756 nuevas solicitudes, 29.486 valoraciones de grado y 40.080 resoluciones de programas individuales de atención, reflejando la intensidad del sistema.

Liderazgo nacional y movilidad entre comunidades

El balance se ve respaldado por la valoración externa. Castilla-La Mancha ocupa la primera posición como comunidad autónoma mejor valorada, con una puntuación de 8,3, frente al 4,6 registrado en la legislatura 2011-2015. Para la consejera, este salto “no es casualidad”, sino el resultado de una política coherente y sostenida.

Los datos de movilidad entre comunidades refuerzan esta percepción. Desde el inicio del sistema, 5.113 personas dependientes han solicitado el traslado desde la Comunidad de Madrid a Castilla-La Mancha y, solo en el último año, por cada persona que pidió trasladarse fuera, tres solicitaron ser atendidas en la región.

Reclamación al Estado por la financiación

Pese a los resultados, el Gobierno regional ha insistido en la necesidad de que el Estado cumpla con la cofinanciación del 50% prevista en la ley. Actualmente, Castilla-La Mancha asume el 71% del coste, frente al 29% aportado por el Gobierno de España, lo que ha generado una deuda histórica superior a los 1.000 millones de euros, que podría alcanzar los 1.120 millones incluyendo la previsión de 2026.

La consejera ha advertido de que, si no se revierte la situación, la deuda aumentará en 200 millones de euros más durante 2026, y ha reclamado al Ministerio competente una reducción del déficit de financiación. Aunque ha reconocido el incremento de fondos estatales en los últimos años, ha subrayado que “tener el presupuesto congelado no favorece a nadie” y que las comunidades autónomas “no pueden dejar de atender a los ciudadanos”.

Compromiso de futuro

De cara al futuro, el Ejecutivo autonómico mantiene un objetivo claro: incorporar 20.000 nuevos beneficiarios durante la presente legislatura y seguir avanzando hacia un sistema que sitúe a las personas dependientes y a sus familias “en el centro de las políticas públicas, no en la periferia”.