Castilla-La Mancha solo destina el 0,03% de su presupuesto a cooperación en 2025

Castilla-La Mancha volvió a evidenciar en 2025 el escaso peso de la cooperación internacional en su política presupuestaria. Según el informe de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) presentado por la Coordinadora de ONGD regional, el conjunto de las administraciones públicas destinó 5.953.032 euros a este fin, una cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior y que representa tan solo el 0,03% del presupuesto autonómico .

El dato confirma, según denunció el presidente de la Coordinadora, Fernando Gutiérrez, un “estancamiento total” en la financiación de la cooperación al desarrollo, que sigue muy lejos de los compromisos internacionales. Naciones Unidas fijó en los años 70 el objetivo de destinar el 0,7% de los recursos públicos a esta materia, una meta recogida también en la legislación estatal con horizonte en 2030. En contraste, España se sitúa actualmente en torno al 0,25%, mientras que Castilla-La Mancha queda muy por debajo de esa media.

La inversión regional equivale además a 2,8 euros por habitante al año, una cantidad que, según el informe, refleja el reducido peso de esta política pública dentro del conjunto del gasto. “Es como el precio de uno o dos cafés al año”, ejemplifica el documento para ilustrar el nivel de compromiso actual .

Sin avances tras el crecimiento inicial

El análisis de la evolución de la AOD en la región revela una tendencia clara: tras un periodo de crecimiento entre 2021 y 2023, en el que la financiación aumentó cerca de un 15,8%, los últimos ejercicios han entrado en una fase de estabilización.

En términos absolutos, la inversión pasó de 5,14 millones en 2021 a casi 5,96 millones en 2023, pero desde entonces se mantiene prácticamente congelada en torno a los 5,9 millones. Entre 2024 y 2025, el incremento ha sido de apenas 34.202 euros, lo que supone una variación del 0,58%, insuficiente para hablar de un refuerzo real de la cooperación .

“El compromiso presupuestario permanece prácticamente inmóvil mientras aumentan las necesidades globales”, advierte el informe, que insiste en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas públicas.

La Junta concentra el grueso de la financiación

El estudio pone de relieve que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el principal actor en la financiación de la cooperación, con 3.860.530 euros, lo que representa aproximadamente el 65% del total regional.

Sin embargo, este liderazgo no se traduce en un mayor esfuerzo presupuestario relativo, ya que la inversión autonómica sigue siendo marginal dentro del conjunto del gasto público. La brecha entre el marco normativo —que reconoce la cooperación como una política clave— y la financiación real es uno de los principales problemas detectados por la Coordinadora.

El resto de la financiación, 2.092.502 euros (35%), procede de las entidades locales, que desempeñan un papel relevante pero desigual en el sistema de cooperación descentralizada.

Desigualdad territorial en la cooperación local

El informe detalla importantes diferencias entre provincias y administraciones. El Ayuntamiento de Albacete (515.826 euros) y la Diputación de Ciudad Real (475.750 euros) encabezan la inversión en cooperación en 2025, seguidos por el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación de Albacete.

En el extremo opuesto, el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación de Toledo no destinaron ningún recurso a cooperación, lo que evidencia la ausencia de esta política en algunas instituciones.

Estas diferencias reflejan que el desarrollo de la cooperación en Castilla-La Mancha depende en gran medida de las prioridades políticas de cada administración, generando un mapa irregular de compromiso territorial .

Un contexto global que exige mayor esfuerzo

La Coordinadora de ONGD contextualiza estos datos en un escenario internacional marcado por múltiples crisis. Entre ellas, el repunte de la pobreza tras la pandemia, el aumento de personas desplazadas por conflictos o persecuciones, y el impacto del cambio climático, con temperaturas récord a nivel global.

En este contexto, Gutiérrez defendió que la cooperación no es una política aislada, sino una inversión que repercute en la estabilidad global. “El mundo es como un bloque de vecinos: lo que pasa en una parte afecta al resto”, señaló.

El responsable de la Coordinadora insistió en que incrementar la financiación no supondría recortes en otros servicios públicos, sino un esfuerzo asumible dentro de los presupuestos.

Reclamación de una senda de crecimiento

Aunque reconocen que alcanzar el 0,7% en el corto plazo es inviable, las ONGD reclaman al menos una planificación progresiva de aumento de fondos. En este sentido, consideran que la Junta debe ejercer un mayor liderazgo y marcar una senda clara que arrastre al resto de administraciones.

El informe también subraya la necesidad de mejorar la previsibilidad de las convocatorias, la agilidad administrativa y la estabilidad de los instrumentos de financiación, aspectos clave para que las organizaciones puedan planificar proyectos a largo plazo.

Hacia una nueva Ley de Cooperación

En paralelo, la Coordinadora trabaja en un nuevo marco normativo que sustituya a la actual Ley de Cooperación de 2003. El objetivo no es una simple reforma, sino la aprobación de una nueva ley que incluya compromisos presupuestarios concretos, algo que, según denuncian, desapareció en la modificación de 2012.

Entre las propuestas destacan la estabilidad financiera, el fomento del voluntariado, una mayor participación ciudadana y la creación de mecanismos de coordinación entre administraciones, ya que actualmente cada institución actúa de forma independiente.

Asimismo, plantean alinear la cooperación regional con las prioridades de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, reforzando su papel en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Falta de voluntad política

Finalmente, la Coordinadora criticó la falta de implicación institucional en algunos casos y reclamó más espacios de diálogo. “Hay consejos de cooperación que han durado diez minutos”, denunciaron, en referencia a la escasa participación real en algunos órganos consultivos.

El informe concluye que Castilla-La Mancha dispone de capacidad económica para incrementar su esfuerzo en cooperación, pero necesita un mayor compromiso político para abandonar la actual situación de estancamiento y avanzar hacia niveles acordes con los compromisos internacionales.