Ciberacoso y violencia en las aulas: UGT pide medidas preventivas

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha compareció este miércoles, 6 de mayo de 2026, en rueda de prensa en Toledo para exigir medidas preventivas urgentes ante el incremento de la violencia en las aulas, una realidad que el sindicato considera que ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en parte del trabajo cotidiano de los centros educativos de la comunidad autónoma. La organización sindical pide, entre otras medidas, la creación de un registro homogéneo de agresiones y la puesta en marcha de protocolos de prevención de violencia externa para todo el personal de los servicios públicos de Castilla-La Mancha.

La responsable de Salud Laboral de la federación a nivel regional, Estrella Fernández, fue la encargada de exponer las reivindicaciones del sindicato, acompañada por el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, José Antonio Montero. Fernández subrayó que el clima de convivencia en los centros se ve alterado cada vez con mayor frecuencia por situaciones que van más allá de la agresión física o verbal, y que en muchos casos "no llegan ni a registrarse ni a conocerse".

El sindicato reclama que se reconozcan y analicen todas las formas de violencia presentes en el entorno educativo: la violencia digital —acoso online, grabación sin consentimiento, amenazas—, la simbólica —intimidación o invasión del espacio personal—, la económica —daño a bienes materiales— y, por supuesto, la verbal y la física. Para UGT, el tratamiento parcial del problema impide conocer su dimensión real e imposibilita el diseño de medidas preventivas eficaces.

La violencia, un riesgo laboral que exige prevención

"La violencia contra el profesorado no es un problema aislado; es un riesgo laboral que debe prevenirse y como riesgo laboral debe atajarse desde la prevención de riesgos laborales, tal y como establecen las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)", afirmó Fernández durante su intervención. En este sentido, la sindicalista insistió en que la respuesta no puede limitarse a la gestión de los incidentes una vez producidos: "Debemos actuar no solo desde la gestión cuando ya ha ocurrido el hecho, sino también a través de medidas preventivas que las eviten y con un mayor apoyo hacia el profesorado".

UGT pone el acento en las consecuencias que estas situaciones tienen sobre la salud mental de los profesionales. Según el sindicato, la exposición continuada a episodios de violencia se traduce en ansiedad, estrés, carga mental y emocional y desgaste profesional, un deterioro que afecta no solo al bienestar individual de los trabajadores, sino también a la calidad del servicio educativo que prestan.

Condiciones laborales, en el centro del problema

Fernández reclamó que la violencia en las aulas sea abordada también desde una perspectiva organizativa y de condiciones de trabajo. El sindicato señala como factores estructurales que agravan la situación la sobrecarga de trabajo, los centros saturados o deteriorados por falta de mantenimiento, el estrés térmico, la falta de personal, la ausencia de tiempos y espacios adecuados para atender a familias y alumnado, y el exceso de burocracia. "Tenemos que caminar hacia plantillas suficientemente dimensionadas para atender la diversidad, las necesidades educativas y la salud mental de nuestros estudiantes. Está demostrado que la mejora en las condiciones de trabajo reduce las situaciones de frustración", indicó la responsable de Salud Laboral.

En este sentido, UGT recuerda que las medidas más efectivas son aquellas que actúan de forma preventiva y se orientan a la mejora de los procedimientos, la organización y las condiciones laborales, y no únicamente a la gestión reactiva de los conflictos.

Un paquete de propuestas concretas

Las reivindicaciones presentadas por UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha incluyen un paquete de medidas articulado en varios ejes. El primero es la puesta en marcha de un protocolo específico frente a la violencia externa para todos los centros educativos de la región, con un ambicioso componente de prevención. El sindicato va incluso más allá y propone que ese mismo protocolo se extienda a todos los centros de trabajo de servicios públicos o concertados de Castilla-La Mancha: Enseñanza, Junta de Comunidades, Sescam, residencias de mayores, pisos tutelados y ayuda a domicilio, entre otros.

El segundo eje es la creación de un sistema obligatorio y homogéneo de registro de agresiones y situaciones conflictivas que permita conocer la dimensión real del problema, analizar sus causas y desarrollar respuestas preventivas. A este registro se sumaría la garantía de apoyo jurídico y psicológico inmediato para las personas trabajadoras que sufran una agresión, así como la implantación de formación específica en gestión de conflictos y prevención de la violencia.

El tercer eje contempla medidas estructurales: adecuación de las plantillas, reducción de ratios y la incorporación de más figuras de apoyo en los centros, como educadores sociales y auxiliares técnicos educativos, perfiles cuya presencia considera el sindicato imprescindible para atender la diversidad del alumnado y prevenir situaciones de conflicto.

El móvil y las redes sociales, nuevo foco de alerta

Fernández también alertó sobre el riesgo creciente que supone el uso de teléfonos móviles y redes sociales en el entorno escolar. Según expuso, estos dispositivos están facilitando situaciones de acoso y la difusión de vídeos grabados en clase sin consentimiento, una casuística que está generando un número creciente de denuncias por parte del profesorado y del resto del personal educativo. UGT considera que la violencia digital debe integrarse de forma explícita en cualquier protocolo de prevención y en el registro de incidencias, al mismo nivel que las agresiones físicas o verbales.

El sindicato, que agrupa a miles de trabajadores de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha, traslada estas demandas a la Administración regional con la exigencia de que sean recogidas en la negociación colectiva y en los planes de prevención de riesgos laborales de todos los centros educativos de las cinco provincias de la comunidad: Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.